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Desde hace años conocemos las razones por las cuales la calidad del aire es mala, antes se hablaba de smog, y ya en el año 1978, bajo la dictadura militar, el ministerio de Salud estableció normas de calidad ambiental y en el año 1984 se creó la Comisión Nacional de Ecología (CONADE), la que tenía por misión identificar las razones específicas del problema para así formular políticas ambientales y coordinar su ejecución.
En el año 1990 se reemplazó la CONADE por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) y en el año 1994 se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y en el año 1997 se publicó su reglamento.
En el año 1996 se declaró esta región como latente y saturada de 5 elementos nocivos para la salud y en mayo de 1998 empezó a regir el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) con 140 efectivas medidas. En el año 2007 se le otorga el rango de ministro al presidente de la CONAMA y después se han creado nuevas instituciones como también leyes que mejoraron la ley ambiental y otros tantos reglamentos.
Los expertos que trabajaron en el gobierno de Patricio Aylwin para poner en marcha el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), instrumento normativo urbano que empezó a operar en el año 1994, conocían muy bien las condiciones geográficas y meteorológicas de esta colapsada región y por ello establecieron que en el plazo de 20 años se debía subir la densidad a 150 habitantes por hectárea, lo que obviamente no ha sucedido. En la Memoria Explicativa del PRMS se decía con bastante claridad que había que crecer hacia adentro para aprovechar con inteligencia los terrenos baldíos en urbanizaciones de viviendas unifamiliares y las excelentes infraestructuras existentes en las comunas centrales.
Los aspectos más negativos que tenemos en esta concentrada región, con los cuales tendremos que vivir para siempre, son la falta de vientos en los períodos críticos de fines de otoño e invierno, la inversión térmica y el encierro geográfico, todo lo cual imposibilita en gran medida la dispersión de las partículas tóxicas que generan algunos y que inexorablemente todos aspiramos.
En razón a que el PPDA se ha ido desmantelando, vía “reformulaciones y actualizaciones” poco a poco a través del tiempo por las presiones ejercidas por diferentes e influyentes sectores de la economía, continuamos con una pésima calidad del aire, la que produce cerca de 5.000 muertes prematuras al año.
Si el gobierno quisiera abordar seriamente el problema, debería reponer la medida M4OTR1 del PPDA original, la que exigía mantener en su calidad de tales las áreas verdes, las áreas de valor natural y las áreas de interés silvoagropecuario establecidas en el PRMS. Ello resulta necesario, pues una ciudad que se expande genera viajes motorizados más prolongados y por ende una mayor emisión de contaminantes. La expansión urbana fomenta el uso del automóvil y resta eficiencia al transporte público, además de producir deforestación y pérdida de suelo vegetal de alta calidad, entre otros graves impactos ambientales y sociales, como la marginalidad y la segregación socio espacial.
Con el fin de impedir el aumento de las emisiones del transporte, debe establecerse un sistema de compensación de emisiones, similar al existente para las fuentes fijas, pues ello resulta necesario en consideración al explosivo aumento del número de automóviles particulares. La compensación de las fuentes móviles debe considerar todos los impactos atmosféricos, esto es, además de las emisiones de escape, las emisiones evaporativas y la recirculación de material particulado.
La congestión vehicular tiene un impacto directo en el aumento de la emisión de contaminantes, razón por la cual deben establecerse mecanismos que permitan la internalización de las externalidades producidas por este concepto. Para ello, el ministerio de Transportes debe impulsar a la brevedad la dictación de la normativa correspondiente, a la luz de los estudios ya disponibles en cuanto a los efectos de distintos perímetros de tarificación.
Teniéndose en cuenta que el uso masivo de la bicicleta disminuye la contaminación, es urgente la implementación de nuevas ampliaciones de la red de ciclovías que cumplan con los estándares técnicos y ambientales requeridos, conjuntamente con la instalación de estacionamientos seguros en locales de atención de público y estaciones de transporte público, de modo de promover la intermodalidad, y estacionamientos de bicicletas gratuitos y seguros en todos los estacionamientos de vehículos motorizados.
Recordemos que la comuna más contaminada es la de Pudahuel y enseguida la de Cerro Navia, por ello debería fijarse un impuesto a las Emisiones Asociadas al Aeropuerto Arturo Merino Benítez. Estas comunas, además de alta contaminación, presentan también importantes niveles de pobreza y de ello colegimos que los que los sectores de mayores recursos, que son los que acceden al transporte aéreo, contaminan con sus viajes a los de menos recursos, lo que es además de surrealista, un índice claro de inequidad.
Este único aeropuerto en la región concentra la totalidad de los vuelos internacionales y nacionales y por ello sería más que razonable pensar en reabrir el clausurado aeropuerto de Los Cerrillos para que ambos compartan los crecientes tráficos aéreos de pasajeros y cabotaje.
Hay mucho más que decir, pero en resumen si los gobernantes hubieran cumplido escrupulosamente las normas de los instrumento legales PRMS y PPDA, hoy tendríamos una ciudad bastante más sustentable y amigable y ya no tendríamos ni alertas ni pre emergencias ambientales, respectivamente.
Fuente: http://blogs.cooperativa.cl/opinion/medio-ambiente/20150622070127/emergencia-ambiental-en-santiago/