Defendamos la ciudad

El domingo recién pasado en un diario de circulación nacional el arquitecto Sergio Baeriswyl, quien obtuvo merecidamente este premio el año 2014, refiriéndose a los negativos, mejor dicho catastróficos, efectos de las fuerzas de la naturaleza ocurridos en el norte del país, ha tenido que decir ante la destrucción de las ciudades, que la incomprensible indiferencia de las políticas públicas frente a la gestión de riesgos urbanos tiene que llegar indefectiblemente a su término.

El Fondo Común Municipal constituye la principal fuente de financiamiento para los municipios chilenos y la Constitución Política lo define como un “mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades del país” y la propia Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, le confiere la función de “garantizar el cumplimiento de los fines de todas las municipalidades y su adecuado funcionamiento”.

También aludió al terremoto de febrero de 2010, creyendo él que con esa infausta experiencia, las autoridades públicas iban a generar los necesarios cambios en la institucionalidad para que nuestro país estuviera mejor preparado ante las súbitas ocurrencias de desastres, pues el territorio que ocupamos está permanentemente afectado por los riesgos naturales. Terminó su suplicante carta haciendo un llamado a quienes mandan para que, a la brevedad, tomen la decisión de impulsar políticas de planificación verdadera con lo cual, en unos años más, las ciudades que habitamos serán más seguras.

Toda la razón tiene este serio profesional, pero él debe saber que en Chile desde hace unos 40 años, el uso del recurso suelo y todas las materias asociadas al crecimiento de las ciudades, por decisión de los gobiernos de Pinochet, de los cuatro de la Concertación, el de Piñera y el del actual de Bachelet, están entregado a las libérrimas fuerzas del mercado porque así ha sido decidido por los influyentes grupos económicos y gurúes del neoliberalismo, los mismos que financian encubiertamente las candidaturas de aquellos que desean ser alcaldes, diputados, senadores y presidentes.

Hemos publicado desde hace años miles de columnas dando cuenta de esta lacra social que perjudica a las mayorías, pero que sí beneficia a los poderosos y en los casos abiertamente ilegales, hemos puesto los antecedentes en la Contraloría General de la República y en ocasiones también en los tribunales de justicia, por lo que no tiene sentido en esta ocasión seguir despotricando. Pero, aprovechando la oportuna llamada de atención del premiado arquitecto, a continuación diremos algunas cosas demostrativas de la descomposición e inequidad que se observa.

Desde el año 1965 existe un Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), servicio del Estado que tiene la potestad para enviar proyectos de leyes al Congreso Nacional y es quien hace las modificaciones que estime conveniente en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, cuerpo normativo que es el reglamento de la Ley respectiva. A través de sus 15 Secretarios Regionales Ministeriales ejerce tuición sobre los Directores de Obras de las 345 municipalidades que existen en el país y lo penoso, por no decir burlesco, es que casi invariablemente cuando hay diferentes apreciaciones sobre la aplicación de una norma urbanística, en donde están en juego los intereses de la ciudadanía, protegidos por los planes reguladores locales, dicho Minvu toma partido por los intereses de los actores inmobiliarios.

Las áreas verdes, con el falaz argumento de que es muy oneroso mantenerlas, son recurrentemente utilizadas por aquellos actores del mercado inmobiliario que tienen buenas relaciones con los funcionarios de la Administración y hasta las calles, que son bienes nacionales de uso público, cuando se localizan en lugares estratégicos para los negocios, son vendidas subrepticiamente a quienes las necesitan para aumentar la superficie de los terrenos privados en donde se levantarán edificios en altura.

El especulativo caso de Caval ya es para la risa, pues esta empresa compró el terreno rural para venderlo en un monto superior y para asegurarle al comprador que el cambio de uso de suelo era cuestión de tiempo, apareció por ahí una promesa de compraventa con una compañía que se llamaría Aguas Sustentables (Chile) S.A. cuyos directores, Sergio Covacevich e Ignacio Muñoz, intermediarían la compra del terreno por mandato de unos inversionistas mexicanos, siempre y cuando el predio fuera totalmente urbano.

Y esta futura transacción sería por una suma equivalente a un poco más de 4 veces el precio pagado por Caval al síndico Chadwick. Ante esta posibilidad para ganar más dinero, Valero, socio de Compagnon, suscribió otro contrato con Silva, dueño de la sociedad que ya le había comprado el predio, para compartir las utilidades de la posible reventa. Y lo más sintomático es que ningún medio de prensa ha entrevistado a los dueños de esa supuesta empresa, lo que significa que todo está en una nebulosa.

Hace un par de años nos entrevistamos con el Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos (SII) porque considerábamos inaudita y menesterosa la fórmula empleada por las empresas constructoras para sustraer una parte del dinero correspondiente a los derechos, por la calidad de la construcción de sus proyectos, suma que se debe enterar en las municipalidades para obtener los permisos de edificación.

Esa autoridad nos explicó fundadamente que a su servicio no le correspondía fiscalizar la materia porque era el Minvu el responsable, razón por la cual enseguida con la compañía de dos arquitectos revisores independientes, nos reunimos con el arquitecto José Ramón Ugarte, ministro en las sombras en el gobierno de Piñera y con el sub secretario Francisco Irarrázabal, a quienes les explicamos en detalle cómo muchas constructoras que no les pagan los honorarios equivalentes al 30% de los derechos municipales a los profesionales que los revisan, porque acuerdan porcentajes menores que fluctúan entre el 5% y el 25%, sí descuentan desenfadadamente el guarismo del 30% en la liquidación del monto a pagar a los municipios.

Ni Ugarte ni Irarrázabal, a pesar de que estamos hablando de cuantiosas sumas de dinero, se preocuparon para que existiera una correcta fiscalización al respecto, lo cual era sumamente sencillo: toda empresa que requiere de la intervención para su proyecto inmobiliario de un revisor independiente, debería acreditar el pago cierto, con copia de la boleta de honorarios, en el momento de la liquidación de los derechos en la municipalidad. Con esta transparente condición se evitan los fraudes que perjudican a los municipios más pobres, habida cuenta la repartición del Fondo Común Municipal.

Este asunto se lo comentamos la semana pasada al arquitecto Pablo Contrucci, jefe de la División de Desarrollo Urbano del Minvu, para que él, como autoridad competente, adoptara la decisión que en rigor corresponde ya que no se debe tolerar este tipo de trampas.

Recordemos que el Fondo Común Municipal constituye la principal fuente de financiamiento para los municipios chilenos y la Constitución Política lo define como un “mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades del país” y la propia Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, le confiere la función de “garantizar el cumplimiento de los fines de todas las municipalidades y su adecuado funcionamiento”.

Veremos si se produce la urgente reingeniería en el aparato de Estado para ponernos a la altura de los países de la OCDE.