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Dado que el precio de mercado de esos terrenos se acrecentará en un altísimo porcentaje cuando se produzca el cambio de uso de suelo, le solicitamos a la ministra de Vivienda que congelara la tramitación.
Se ha hablado bastante sobre la compra en $6.500 millones, por parte de la empresa Caval, de las 44 hectáreas rurales situadas en Machalí, las que después de unos meses fueron vendidas en $ 9.500 millones a un empresario de Rancagua.
Recordemos que tal empresa había recibido un oferta de compra por $27.000 millones, por las mismas hectáreas, es decir, en un precio 4 veces más alto que el pagado a un agricultor en dificultadas financieras por los emprendedores Compagnon-Dávalos, siempre y cuando el Gobierno de la 6ª Región de O’Higgins hubiera aprobado su cambio de uso de suelo a urbanas. Como ello no aconteció en la ocasión requerida, el negocio no prosperó y Caval se tuvo que conformar con una ganancia menor.
Dado que el precio de mercado de esos terrenos se acrecentará en un altísimo porcentaje cuando se produzca el cambio de uso de suelo, le solicitamos a la ministra de Vivienda que congelara la tramitación hasta que en el Congreso se apruebe la legislación que busca la equidad en este ámbito de materias.
La ministra Saball nos señaló “…..en este momento está en curso un estudio sobre la Modificación del Plan Regulador Intercomunal de Rancagua, contratado por la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de O´Higgins el 23 de septiembre pasado (…..) y está recién en su etapa II de IV totales. En este contexto, tenga la certeza que asumiremos a cabalidad el rol que corresponde a esta Secretaría de Estado, esto es: asegurar que se cumplan las normas legales y técnicas sobre planificación urbana, lo que incluye garantizar que las decisiones sean fundadas y se adopten en forma transparente y participativa”
Como vemos, salvo que el Ministerio Público en boca del Fiscal Regional diga otra cosa, la tramitación sigue campante y la automática plusvalía patrimonial será obtenida en un tiempo más, cuando se apruebe el cambio urbanístico, por quien adquirió las 44 hectáreas que serán urbanas. Así las cosas, la nueva legislación anunciada por la Presidenta Bachelet no tendrá aplicación en el caso relatado.