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Hace ya unos meses que la Presidenta Bachelet nombró la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) para ocuparse de asesorarla con la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, sancionada por el DS. Nº 78 (Minvu) de 2013, publicado en el Diario Oficial del 4 de Marzo pasado. En adelante, la Politica-2014.
Sin embargo, pasado un tiempo razonable, aún se ignora cuál es la agenda de trabajos de esta Comisión para este trascendental campo de la administración pública. Lo que sí se sabe es que el Programa de Gobierno 2014-2018, en el rubro ‘ciudad, vivienda y territorio’, contempla materializar 25 temas urbanos importantes, entre los cuales se hallan la ordenación del territorio y una política de suelos. Esta última, una demanda urbana que la controvertida política de 1979 ya reclamó como faltante y urgente, en su Anexo adjunto, de aquellos años.
Esta fue la política que se derrumbó a sí misma por declarar que el suelo urbano no es un recurso escaso, pero que en verdad, nunca fue una política propiamente tal. Solo fue un enunciado explícito de finalidades, declaraciones y articulados, dados a conocer en atención a que se les pensaba transformar en una ley. Esto es, una declaración de intenciones que no prosperó.
Si la ahora ad portas política de suelos tan largamente ausente también terminara en un enunciado de este tipo, en este caso, para ‘ordenar el territorio mediante una ley’, tropezaría con la misma piedra de 1979: Un obstáculo capaz de crear bulla política, posturas y desencuentros, que puede levantar liderazgos transitorios, pero que no avanza en nada con el desarrollo urbano real del país. En los tiempos de hoy, un proceso que continua disparmente activo mediante una arquitectura puntual de excelencia, suburbios carenciados, obsolescencia de barrios, brechas crecientes de segregación residencial, congestión y contaminación, doquiera que uno mire. En este caso, si hipotéticamente se llegase a una política de suelos que no es tal, se habría actuado mediante ese umbilicado ‘gatopardismo’ chileno que cambia todo para no cambiar nada; que simplemente uno no se debiera ni siquiera imaginar.
Sin embargo, si se recuerda las cuatro comisiones que echaron las bases de aquella bien pregonada ‘reforma urbana’ de los tiempos del ex Presidente Lagos, donde participó casi un centenar de personalidades del mundo inmobiliario (2001); y a esto se le agrega que el Minvu del anterior periodo de la Presidenta Bachelet preparó un prospecto de política urbana mirando a la ‘sustentabilidad’, y en lo político, al ‘derecho a la ciudad’, el que finalmente tampoco prosperó, y que esto lo hizo empezando por enseñarlo a sus Seremías y prosiguiendo a través de una comisión del sector público afín y otra separada del mundo privado, empresarial y social; surge la conclusión obvia de lo inconducente ha sido el trabajo de todas estas comisiones, coadyuvadoras del Minvu. No obstante los buenos fines de la autoridad y la idoneidad de sus miembros, ninguna culminó con sus finalidades sancionadas y en aplicación. Ni las cuatro de la ‘reforma urbana’, ni las tantas otras del ‘derecho a la ciudad’.
En estricto rigor, tampoco lo consiguió la Comisión Asesora Presidencial que terminó con la Poliítica-2014 hoy día vigente, aunque a título de ser ‘solo indicativa’. Aparte de este trascendente detalle, que no altera su capacidad para servir de guía directa o indirecta para actuar, tiene el mérito que hace explícito el por qué (sus principios rectores) y el qué hacer (sus ámbitos temáticos) en pro del desarrollo urbano nacional, la sustentabilidad, y la calidad de vida. Sin embargo, en el hecho, no hace nada de todo esto que dice, sino que en vez de ello, crea ‘una comisión más’: la citada CNDU, instituida como una instancia consultiva y asesora al Presidente de la República, con tres finalidades específicas: (1) estudiar políticas sectoriales que tengan incidencia en el desarrollo de las ciudades; (2) estudiar el marco legal y reglamentario aplicable al desarrollo urbano y proponer su perfeccionamiento; y (3) convocar a mesas de trabajo regionales para asegurar propuestas que reflejen sus “realidades geográficas, sociales, económicas y culturales”. Es decir, se vuelve a crear ‘una comisión más’ con ropaje para el Minvu; pero en verdad, ¿para qué, si todas las comisiones anteriores vinculadas a este empoderado ministerio han probado ser ineficaces para lograr los fines en vista, contando solamente las del presente Siglo XXI?
Independiente de cuál sea la respuesta, lo real y cercano es que al año 2018 Chile deberá contar con una política de suelos basada en un determinado ordenamiento del territorio, siempre y cuando se cumpla el Programa de Gobierno en estas dos materias, y se cumpla bien. Esto, con la restricción que esta próxima política de suelos tendría que ser tal, como para que cada uno de los otros temas de la agenda ‘vivienda, ciudad y territorio’ cumpla con ser consistente con sus disposiciones, de todos modos. De no ser así, habría temas a los que no se aplica (excepciones), y temas anulados por su vigor contingente.
En estos términos, el desarrollo urbano del ‘aquí y ahora’, no necesita de una comisión como la CNDU, ni menos, tropezar con la misma piedra que la política de 1979; sino que necesita avanzar a partir de un conciso proyecto de ley para el ordenamiento del territorio nacional que aprobar prontamente, con una condición de la modernidad que hoy día resulta ineludible: Que el objetivo de esta ley sea la sustentabilidad del desarrollo, con el crecimiento y la productividad de las regiones como el trasfondo vital de sus disposiciones. Detrás de este objetivo estructural, sabido como ‘un bien superior’, es a la política de suelos que le compete ocuparse de la calidad de vida, el derecho a la ciudad, la inclusión social, la gobernanza municipal, y cada uno de los demás temas sustantivos donde intervenga la planificación y gestión del desarrollo urbano ambiental de cada región del país.
Las muchas piezas de una ancestral casona lineal que no está en el mercado (el territorio del país), son colocadas a disposición de los interesados (la población) solo una vez que primero se sabe cuáles son utilizables y cuáles no lo son; cuáles de las utilizables sirven mejor para tales y cuales actividades del hogar, su crecimiento y su productividad; como poder utilizar aquellas catalogadas como que son inhóspitas, si razonadamente esto es posible; cómo preservar unas y otras sin afectar el medio ambiente; y como resguardarlas a todas de los riesgos naturales y antrópicos. Sin este reconocimiento previo, la política de suelos no tiene el asidero empírico que necesita para meritoria en lo político, demostrado porque es completa, objetiva, y flexible ante los cambios que experimente el entorno, o la casona misma… en alguna o en varias de sus diversas piezas (regionales).
En resumen, no más demoras, ni comisiones, pero en su lugar, desarrollo urbano ‘aquí y ahora’, antes del 2018, con visión de futuro… La clave inicial, una determinada ley de ordenamiento del territorio, que coadyuve al desarrollo sustentable de las regiones, y en particular, a su respectivo sistema regional de ciudades y poblamiento menor. No hacerlo, o que haya trabas para poder hacerlo, si ocurre, provendrá directamente, una vez más, de la insuficiencia institucional ligada a la gobernanza y administración del desarrollo urbano nacional, que sigue anclada en el centralismo político y social que comanda férreamente el Minvu, en esta materia.