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Preciso el título de esta columna, en orden a que no toda la prensa chilena es obsecuente con los grupos económicos que hacen de las suyas, no solo en el ámbito de la actividad inmobiliaria, sino también en otros sectores de la economía.
Los que callan mayoritariamente son los consorcios periodísticos y los canales de televisión que cuentan con concesiones perpetuas por parte del Estado quienes, por recibir los millonarios avisos publicitarios de las grandes empresas, optan por mantener la insana práctica de la mudez en lugar de comunicar a la opinión pública las pillerías de los regalones.
Estoy seguro que ese enmudecimiento se funda en un acuerdo tácito “entre caballeros” y así queda en evidencia que la transparencia para ellos no existe. Se sigue abusando a una población ingenua, pero que, por suerte, está dejando de serlo gradualmente con la irrupción de las redes sociales, radios y medios digitales en donde se cultiva la libertad de expresión.
En esta ocasión describiré un caso de corrupción que fue debida y oportunamente comunicado a todos los medios por grupos ciudadanos viñamarinos, situación que no ha sido cubierta ni por la prensa dominante ni por los otros tantos medios de menor gravitación, a pesar de que es la primera vez en nuestro país que una autoridad competente, ya sea del gobierno central como de los gobiernos locales, se ha atrevido a ejercer sus atribuciones en los términos descritos en la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Este sorprendente hecho nos ha llamado la atención y denota un cambio favorable en el rol de los funcionarios públicos.
En efecto, el Seremi de Vivienda y Urbanismo de la V Región de Valparaíso recibió una denuncia de un grupo de vecinos de un sector saturado de Viña del Mar en contra de la construcción del mall Marina Arauco 2, levantándose en una manzana completa, cuya dirección corresponde a la calle 14 Norte 976 de esa ciudad balneario.
Dicho funcionario, el 11 de agosto de 2014 firmó la Resolución Exenta Nº 1488 en la cual le ordenó a la Inmobiliaria Mall Viña del Mar S.A. la paralización y demolición de todas las obras que vulneraban las normas de edificación contenidas en el Plan Regulador Comunal de Viña del Mar.
Como se dijo, el texto de tal Resolución se le envió a todos los periodistas y agencias de noticias que cubren este tipo de situaciones y como solo algunas excepciones le han dado escasa cobertura noticiosa, queda claro que la generalidad de los medios optan por no “incomodar” a las importantes empresas del retail.
En este caso los propietarios de la Inmobiliaria Mall Viña del Mar S.A. son las sociedades anónimas Ripley, Paris y Parque Arauco, cuyos controladores están situados en el ranking de los más ricos de Chile y uno de ellos, figura en la lista de la revista Forbes.
En el caso relatado serán millonarias en dólares las pérdidas económicas de estas grandes empresas y no sabemos si esta merma se ha reflejado en el precio de sus acciones que se transan en la Bolsa de Comercio.
El proyecto ilegal del mall lo inició la Constructora Desco hace unos cuantos meses y desde enero pasado se desobedecía una paralización de faenas impartida por el Director de Obras de Viña del Mar por una serie de anomalías, teniéndose en cuenta que la construcción se basa en un permiso de edificación del año 2000, ¡catorce años atrás! , cuando las normas urbanísticas eran bastante más permisivas que las actuales.
Aunque el lector no lo crea, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) es muy categórica cuando establece que los permisos de edificación caducan automáticamente a los 3 años de sus emisiones por parte del Director de Obras Municipales, ello si no se hubieran iniciado las obras de excavación correspondientes o si el proyecto haya permanecido paralizado durante ese mismo periodo de tiempo.
Según la página web de Desco las obras se iniciaron el 16 de octubre de 2013, de tal forma que el permiso ya caducó, lo que significa que el titular deberá solicitar uno nuevo adscribiéndose a las actuales reglas del juego.
Cuando los proyectos de equipamientos comerciales consideran más de 150 estacionamientos tienen la obligación de someterse a un Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU), materia que es analizada por diversos servicios públicos cuyo coordinador es el Seremi de Transportes.
El Director de Obras Municipales no puede cursar un permiso de edificación si el solicitante del mismo no cuenta con la aprobación previa del EISTU, lo que no siempre se respeta a pesar de lo ordenado perentoriamente en la legislación de Vivienda y Urbanismo. Este mall no cuenta con un EISTU.
En resumen, el permiso de edificación del año 2000 nunca se debió haber cursado porque el mall, clasificado como equipamiento mayor en la OGUC, no enfrenta una vía idónea, es decir, vías troncales o expresas y para no cansar a los lectores no diré otras irregularidades.
Lo que me preocupa sobremanera es el acomodaticio silencio de la prensa porque así el primer perjudicado es el sistema democrático que nos rige.
Si deseamos que funcione el libre mercado, los medios de comunicación no pueden ser cómplices de las malas prácticas de algunos de sus actores privados y en tal sentido, aunque seamos muy minoritarios y majaderos, seguiremos bregando para que exista igualdad de oportunidades para todos porque así tiene sentido la vigencia de tantas leyes.