Defendamos la ciudad

A semanas de que se anunciara la creación de una comisión intersectorial propuesta por el Estado chileno a la UNESCO en la reunión de Qatar, dedicada a resolver el destino del controvertido Mall Barón, ni la Coordinadora Ciudad Puerto, ni ninguna otra agrupación ciudadana de Valparaíso ha sido contactada. Será que probablemente las autoridades perdieron los teléfonos de los dirigentes del Sindicato de Camioneros Portuarios o de la Asociación Nacional de Agentes de Naves (ASONAVE), de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduana (ANFACH), o de los Agentes de Aduana, del Consejo de Tripulantes de Chile, de Congemar, del Sindicato Nacional de Trabajadores de Agencias de Aduana (SINTACH), además de los de la Cámara de Comercio de Valparaíso y el Colegio de Arquitectos de Chile.

Seguramente de eso se trata, pues no queremos creer que se evaluará un proyecto de esta envergadura sin considerar a las organizaciones directamente afectadas. No olvidemos que la coalición que hoy está en el poder cambió de nombre para reflejar su renovación moral y su directo compromiso con los movimientos sociales, a quienes les debe el voto.

Como sea, hasta el momento se desconoce la identidad de las personas convocadas y sus instituciones, así como su lugar de reunión y periodicidad. Ante nosotros tenemos nuevos espacios para la duda y la sospecha de que el gobierno, ufanándose de su buena llegada con la ciudadanía, esté trabajando a espaldas de ésta.

No sólo se trata de conservar espacios valiosos para el patrimonio local, como la Bodega Simón Bolívar, sino también de velar por la Ley General de Urbanismo y Construcción, la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y la Ley de Monumentos Nacionales, ante lo cual vemos que el Estado de Derecho no corre para las grandes empresas del retail.

Nuevamente, sin querer caer en la desconfianza, convendría preguntarse si acaso los resultados emanados de dicha comisión (que repetimos: no se sabe quiénes la integran, cuándo se reúnen, ni dónde lo hacen) serán resolutivos, o si estaremos frente a un nuevo caso donde al final del período se invitará a todos los medios de prensa para agradecer públicamente las recomendaciones de los expertos y luego éstas serán echadas al bolsillo, como en otras oportunidades.

¿Será posible creer que nuestros gobernantes trabajan para una ciudadanía empoderada, expresiva y demandante que se levanta y dice NO a la invasión comercial del borde costero, cuyo impacto ambiental, social y económico cambiará por completo el trazado urbano de Valparaíso; o estaremos frente a un muñequeo en el que se le debe rendir pleitesía al Grupo Falabella y otros? ¿Cuál es el nivel de compromiso político y económico suscrito a espaldas de los órganos técnicos, medioambientales y legales del país, para que aun así sea mayor la necesidad de construir el mall?

Estamos ante un megaproyecto inmobiliario que ha sido cuestionado por el organismo internacional experto que representa la UNESCO, cuya construcción ha sido aprobada mediante omisión de antecedentes y actos que hoy son investigados por la justicia, e instancias formales como la Superintendencia de Medio Ambiente, el Consejo de Monumentos Nacionales y la Policía de Investigaciones. Aun así, el intendente de Valparaíso, representante del Gobierno en la región, se da el lujo de acompañar al alcalde Jorge Castro y al presidente de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), Raúl Urzúa, en una conferencia de prensa para señalar que lo resuelto por UNESCO obedece a ajustes menores y, en palabras del edil, “exigencias cosméticas”.

Remitirse únicamente a la dimensión arquitectónica es pasar por alto aquellos elementos que impactarán notablemente la vida cotidiana de los porteños y las porteñas. Tal como lo indicara la Resolución de Calificación Ambiental de 2005, y en sintonía con el pronunciamiento de ICOMOS, la zona debe contar con protección de vista, y toda la infraestructura aledaña debe considerarse como espacio de utilidad pública, conservando la distancia pertinente respecto de la Bodega Simón Bolívar, reconocida e identificada como Inmueble de Conservación Histórica de gran relevancia para la memoria marítima y portuaria de la ciudad.

Entonces, no sólo se trata de conservar espacios valiosos para el patrimonio local, como la Bodega Simón Bolívar, sino también de velar por la Ley General de Urbanismo y Construcción, la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y la Ley de Monumentos Nacionales, ante lo cual vemos que el Estado de Derecho no corre para las grandes empresas del retail.

Incluso, se ha dicho que, de modificarse el proyecto inicial, EPV debiera compensar económicamente a Plaza S.A., lo cual es absolutamente falso, pues la empresa estatal es dueña de los permisos de edificación, por lo que estaríamos ante un extraordinario caso donde el Estado compensa al Estado.

Sería una pequeña conquista de justicia recibir por estos días la invitación de la mandataria o sus asesores para integrar la comisión y defender en las grandes lides el territorio que le pertenece a la ciudadanía porteña. Veremos si todavía queda algo de transparencia para hacer cumplir las leyes, y si el esfuerzo de miles de liliputienses logrará poner en orden un sistema que intenta a toda costa ponernos el pie encima.