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Hace unos cinco de meses un par de vecinos que viven en la calle Monjitas al llegar a Miraflores, centro de la ciudad de Santiago, se sintieron agredidos por los estridentes ruidos y excesiva contaminación de partículas que generaba una construcción aledaña a sus departamentos y como sus reclamos verbales ante la causante no producían los efectos deseados, se vieron en la necesidad de reclamar formalmente ante la Superintendencia de Medio Ambiente, la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud, la Seremi de Vivienda y Urbanismo y con fecha 18 de febrero de 2014 ante la Contraloría General de la Republicas (CGR).
Antes de ingresar la denuncia en la CGR, estas personas investigaron las normas del Plan Regulador Comunal (PRC) de Santiago, ya que en la manzana respectiva, sobre la calle Miraflores, se localizada el Monumento Histórico del Colegio de Enfermeras de Chile y con tan buena suerte para ellos, detectaron el contenido del resguardo patrimonial que se refleja en el artículo 27º de la Ordenanza de ese PRC, materia específica que le representaron a la CGR ya que la construcción que les hacía la vida imposible estaba amparada en un permiso de edificación para una torre comercial de 13 pisos que vulneraba abiertamente la disposición de tal artículo.
El ente fiscalizador procedió oportuna y correctamente, ya que en el dictamen Nº 46139 del 24 de junio de 2014 resolvió que el permiso de edificación otorgado livianamente a la Inmobiliaria Monjitas S.A. para que construyera su torre en la calle Monjitas 565 violaba el marco regulatorio comunal.
El aludido artículo del PRC establece con meridiana claridad que las nuevas edificaciones en ese sector deben supeditar el tratamiento de sus fachadas, volumetría y altura al que tiene dicho Monumento Histórico, inmueble que se eleva a los 9 metros, 3 pisos.
La CGR inició un procedimiento disciplinario en contra de los funcionarios municipales quienes, conociendo el marco regulatorio, optaron desaprensivamente por contravenirlo, pero como el edificio de marras lleva solamente 5 pisos construidos, los que se deberán demoler serán escasos 2 pisos.
Nos sentimos muy satisfechos porque acabamos de saber que Marcela Hales, Administradora Municipal de Santiago, el 10 de julio pasado informó que la Dirección de Obras decretó la paralización total de las faenas en construcción, correcto comportamiento que resaltamos porque denota interés por parte de ese municipio en custodiar las zonas patrimoniales de esa comuna y más importante todavía, porque se atreve a exigir a los privados inmobiliarios que se ciñan a las disposiciones fijadas en su propio instrumento normativo.
Ahora los agradecidos vecinos están en condiciones de ocupar sus viviendas sin escuchar los chillidos producidos por las maquinarias de la insolente constructora.
A fines de enero del 2008 la misma Dirección de Obras Municipales cursó un permiso de edificación a las empresas Nazareno S.A. y Comercial Cañaveral S.A. para que éstas construyeran 2 torres de 35 pisos cada una sobre toda la calle Morandé, entre Rosas y Santo Domingo, en donde en tres predios distintos, existía y aún está ahí, una centenaria edificación de inconmensurable valor arquitectónico, otro edificio pequeño que no tiene ninguna pretensión de diseño y un sitio eriazo.
En mayo del mismo año la Municipalidad de Santiago, después de un prologando estudio técnico informado favorablemente por el Seremi de Vivienda y Urbanismo, le entregó una protección a la casona antigua que está en la esquina de Morandé con Rosas, clasificándola en mayo del 2008 como de Conservación Histórica en su PRC y tiempo después, en el sitio eriazo localizado en la esquina d Morandé con Santo Domingo, se inició la construcción de una torre habitacional de 35 pisos, la que se terminó al fines del 2013, acogiéndose a la ley de Co Propiedad Inmobiliaria para que sus centenares de departamentos fueran ocupados.
Ahora, ya no las empresas reseñadas, sino la Inmobiliaria Morandé 2010 S.A, del mismo dueño, desea demoler la edificación protegida en el PRC, lo que ha sido objetado con justa razón por la misma municipalidad, por el Colegio de Arquitectos de Chile y por todos los movimientos ciudadanos preocupados por la conservación del casco histórico del centro de la metrópolis.
A principios del año en curso, la inmobiliaria que desea hacer su maravilloso negocio le solicitó al Director de Obras Municipales una autorización para demoler el estupendo inmueble patrimonial, pero este funcionario se opuso a tal descalabro urbanístico motivo por el cual el habilidoso empresario recurrió ante el Seremi de Vivienda y Urbanismo para que éste le permitiera derribar esa casona y reemplazarla por otra torre de similares características de la que ya levantó. Con ciertos antecedentes a la vista, esta autoridad del gobierno central procedió a instruir al funcionario municipal en orden a que se podía abatir la atrayente edificación que tantos deseamos su conservación en el tiempo.
Ante tal riesgo latente, la alcaldesa Carolina Tohá ha comunicado a la opinión pública que recurrirá a la Contraloría en resguardo del inmueble y nosotros, por nuestra parte, con agrupaciones contactadas vía twitter y Facebook, estamos entregando nuevos antecedentes al Seremi de Vivienda y Urbanismo para que, a la luz de los mismos, revise su decisión anterior, de tal forma que se impida este verdadero urbanicidio.
Con majadería hemos sostenido desde hace años que la Administración del Estado carece de efectivo interés en proteger nuestro patrimonio arquitectónico y ahora, con ocasión de este episodio, estamos sumidos en un conflicto porque irreflexivamente y con algunos tantos errores y omisiones municipales que hemos publicado con anterioridad, esa inmobiliaria está a punto de llegar al edificio de Conservación Histórica con sus picotas y poderosas retroexcavadoras para eliminarlo en un santiamén de la faz de la tierra.
Estaremos atentos a lo que resuelva el Seremi mencionado y por de pronto, con los nuevos documentos que ahora tiene a la vista, podría remediar su opinión anterior en cuyo caso la Inmobiliaria Morandé 2010 S.A. tiene todo el derecho para recurrir a los tribunales de justicia en resguardo de sus legítimos intereses mercantiles, teniéndose en cuenta que, ironías de la vida, si el dueño de la empresa hubiera decidido demoler el inmueble de la discordia para construir una de sus 2 torres, antes de la protección patrimonial asignada por el municipio al mismo, nadie hubiera dicho nada, parodiando al insigne Pezoa Véliz y esta columna no se estaría leyendo.