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Desde hace años estamos denunciando la indebida injerencia que ha tenido el sector de la construcción y en especial de los grupos inmobiliarios en el aparato del Estado, ello para obtener tratos de privilegios en sus negocios y es demostrativo de ello lo que sucedió con el reciente Acuerdo sobre la Reforma Tributaria en el aspecto de las franquicias impositivas que tienen las viviendas.
El proyecto inicial del gobierno abordaba correctamente la materia para que los actores que lucran con la explotación del recurso suelo pagaran todos los tributos que afectan a los otros bienes y servicios, pero por las presiones recibidas el ministro Arenas se allanó a escuchar a ese sector de la economía y ahora el Senado votará amistosamente la Reforma.
Ahora bien, en razón a que tomamos conocimiento de una columna publicada en un medio de prensa porteño, hoy nos dirigimos a los 2 profesionales ubicados en puestos claves dentro de la estructura pública para que inicien la necesaria tarea de normalizar las relaciones entre el Estado y las empresas sectoriales, motivo por el cual esa comunicación se transcribe en seguida.
El texto es :
Santiago, lunes 14 de julio de 2014
Arq. Luis Eduardo Bresciani, Presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano
Arq. Pablo Contrucci, Jefe División Desarrollo Urbano del Minvu
Presente
En razón a que comparto plenamente lo que dice el autor de la columna, se las doy a conocer, Llegó la hora de Revolución Ética, porque ustedes son las personas idóneas para terminar con la corruptela que corroe a nuestras instituciones.
El crecimiento económico es muy necesario pero no podemos seguir tolerando trampas en el sector público para favorecer al sector inmobiliario, más aún cuando la Contraloría desde hace algunos años, después de confirmar las denuncias de ilegalidades presentadas a ella por organizaciones ciudadanas, aplica la vacía “doctrina” de la buena fe por parte de los actores privados que se desenvuelven en este tipo de negocios, omitiendo la Ley Nº 19.880 del Procedimiento Administrativo, específicamente su artículo 53º.
El ente fiscalizador aduce, creyendo que los ciudadanos somos estúpidos, que los “errores” (sic) de la Administración no pueden perjudicar los derechos de quienes disponen de permisos de edificación viciados.
Estoy seguro que ustedes desean que en Chile, en este ámbito de materias, exista la probidad y la igualdad de oportunidades para todos aquellos que operan en el mercado y en tal sentido sería beneficioso que se adopten las medidas conducentes para terminar con las malas prácticas para que así la Política Nacional de Desarrollo Urbano sea una realidad.
Por un deber de transparencia les informo que estas palabras serán publicadas en www.defendamoslaciudad.cl y enviadas a los medios de comunicación que cultivan la libertad de expresión porque, tal como lo dice el consejero regional Manuel Millones, es imperiosa la revolución ética.
Fuente: http://www.anin.cl/nota/67/2656/urge-revoluci%C3%B3n-%C3%A9tica-actividad-inmobiliaria