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En el año 2008 la Municipalidad de Recoleta cursó un permiso de edificación a nombre de los inversionistas dueños de una universidad privada. En ese acto se describía la propia casa central, un centro de extensión de esa universidad y 3 torres habitacionales de 19 pisos cada una, altura que excede la admitida en el marco regulatorio.
A mediados del año 2009 le representamos al funcionario que firmó dicho permiso que estaba mal otorgado por el motivo indicado y por otros tantos, razón suficiente que él tenía para invalidarlo.
Por motivos incomprensibles tal funcionario se desentendió del problema y por ello en diciembre de ese año, le entregamos todos los antecedentes probatorios al Seremi de Vivienda y Urbanismo, jefe técnico del anterior y a la Contraloría General de la República (CGR).
El primero de estos servicios se dirigió al Director de Obras para que explicara su proceder a la luz de nuestra fundada denuncia y la CGR le pidió un informe al ministerio de Vivienda y Urbanismo para que se pronunciara sobre nuestros dichos. En enero de 2010, la subsecretaria le respondió al contralor indicándole cómo se interpreta el marco regulatorio, haciéndole notar la prelación que tiene la Ordenanza General sobre los planes reguladores, con lo cual convalidó nuestra acusación.
Después de ello, durante 4 años, le hicimos más de 10 seguimientos a la CGR para que emitiera un contundente dictamen, lo que nunca aconteció y recién nos hemos informado por la prensa que el alcalde de Recoleta acaba de firmar un decreto para demoler todos los pisos que sobrepasan la altura máxima permitida en una de esas torres y exigirá que la otra, levantándose, se ciña a la altura legal. La tercera torre ya ocupada por los adquirentes de sus departamentos es un hecho consumado.
Conclusión: Si la CGR hubiera actuado con oportunidad las 3 torres se podrían haber construido con la altura legal y el alcalde no estaría preocupado de exigir el cumplimento de la norma urbanística.