Defendamos la ciudad

En razón a que conocemos muy bien ciertos deplorables episodios, dentro del ámbito de los permisos de edificación, actos administrativos que las municipalidades de Recoleta, Viña del Mar y Valparaíso han cursado en diferentes épocas para que algunos actores del sector privado ejecuten proyectos inmobiliarios en sus territorios jurisdiccionales, nos referiremos a continuación acerca de hechos un tanto vergonzosos que no son bien conocidos por la opinión pública y que denotan los distintos comportamientos de los directores de obras y alcaldes de estas tres municipalidades.

1.-La Municipalidad de Recoleta aprobó en el año 2008, mientras ejercía como alcalde el político UDI Gonzalo Cornejo, un permiso de edificación a nombre de una de las tantas sociedades de los emergentes inversionistas dueños de la lucrativa Universidad San Sebastián. En ese acto se describía la propia casa central, su centro de extensión y 3 torres habitacionales de 19 pisos cada una, altura que excede la admitida en el marco regulatorio.

En efecto, a mediados del año 2009 le representamos al Director de Obras que firmó dicho permiso en orden a que estaba mal otorgado porque el Plan Regulador Comunal, para la zona en donde se emplazan las 3 torres, limita la altura a los 8 pisos y otras tantas irregularidades. Le expresamos que su deber funcionario era invalidarlo en los términos señalados en la ley Nº 19.880 del Procedimiento Administrativo.

Por motivos incomprensibles, tal funcionario se desentendió del problema y por ello en diciembre de ese año, le entregamos todos los antecedentes probatorios al Seremi de Vivienda y Urbanismo, jefe técnico del anterior y a la Contraloría General de la República (CGR), institución que debe velar por la legalidad de los actos de la Administración.

El primero de estos servicios se dirigió al Director de Obras para que explicara su proceder a la luz de nuestra fundada denuncia y la CGR le pidió un informe al ministerio de Vivienda y Urbanismo para que se pronunciara sobre nuestros dichos.

En enero de 2010, la subsecretaria Paulina Saball, actual ministra del ramo, le respondió al contralor Ramiro Mendoza, en una especie de clase magistral, indicándole cómo se interpreta el marco regulatorio, haciéndole notar la prelación que tiene la Ordenanza General sobre los planes reguladores, con lo cual convalidó nuestra acusación.

Después de ello, durante 4 años, le hicimos más de 10 seguimientos a la CGR para que emitiera un contundente dictamen, lo que nunca aconteció y recién nos hemos informado por la prensa que el alcalde de Recoleta acaba de firmar un decreto para demoler todos los pisos que sobrepasan la altura máxima permitida en una de esas torres y exigirá que la otra, levantándose, se ciña a la altura legal.La tercera torre ya ocupada por los adquirentes de sus departamentos es un hecho consumado.

El lector comprenderá que si la CGR hubiera actuado con oportunidad, las 3 torres se podrían haber construido con la altura legal y el alcalde no estaría preocupado de exigir el cumplimento de la norma urbanística.

2.-En la calle 14 norte de Viña del Mar, sector ya colapsado desde el punto de vista vehicular, hace algunos meses se iniciaron las obras de un nuevo mall de propiedad del grupo inversor Parque Arauco.Para ello se utilizó un permiso de edificación otorgado hace 14 años atrás (sic) por el Director de Obras que ejercía en esa época en dicho municipio, acto administrativo que caducó automáticamente a los 6 años de cursado, en la medida de que el titular del proyecto hubiera ejecutado todas las excavaciones de la edificación contemplada en el permiso.

Pero las autoridades porteñas se las arreglaron, vía subterfugios, para mantener vigente ese permiso, entre otros motivos, porque las normas de edificación vigentes en la actualidad en el instrumento normativo local son bastante más restrictivas.

Recordemos que el parque automotor en los últimos 14 años ha crecido en una cifra superior al 100% y se está construyendo este mall sin que exista un serio Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU), ello por cuanto en el año 2000 se requería solamente un simplista estudio de tránsito evaluado y aprobado por el propio Director de Obras.

Tampoco este mall enfrenta la vía idónea, ya sea expresa o troncal, en atención a que es un equipamiento mayor de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), irregularidad informada formalmente por quien suscribe al Director de Obras en funciones y al Seremi de Vivienda y Urbanismo de la V Región.

Hasta ahora y a pesar de que el intendente regional ha convocado a sus subordinados sectoriales, no se han dado señales para que se deje sin efecto ese antiguo permiso con la idea de que el inversionista solicite uno nuevo que contemple la realidad urbanística actual.

3.-En el borde costero de Valparaíso, en 17 terrenos de propiedad de la estatal Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), el privado Falabella ha iniciado las excavaciones del polémico mall Barón, caso que ha sido analizado por la Unesco, motivo por el cual y a raíz de su reciente resolución adoptada en Doha, Qatar, la presidenta Bachelet conformó una Comisión conformada por distintos servicios, liderada por el secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), con el objeto de que se redefina totalmente el proyecto inmobiliario concebido por el privado experto en retail.

Es decir, en ese amplio terreno público, se podrá llevar a efecto una intervención pero ésta deberá ser compatible con el carácter del sector y fundamentalmente respetando todos los vestigios arqueológicos hallados y por encontrase allí.

El permiso de edificación, cursado en febrero de 2013, adolece de unas cuantas irregularidades, las que se reflejan en diferentes publicaciones de prensa, las mismas que, en todo caso, se las enumeramos a José De Nordenflycht, nuevo secretario ejecutivo del CMN, en pasada entrevista sostenida con dirigentes porteños que se oponen a esta invasiva construcción.

A modo de ejemplo, el titular del negocio inició las faenas sin que contara con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, con lo cual violó la letra g) del artículo 10º de la Ley Nº 19.300. El proyecto tampoco enfrenta la vialidad exigida en el marco regulatorio urbanístico y los 17 dispersos predios de la EPV no se fusionaron oportunamente tal como lo ordena la OGUC.

Hemos relatado sucintamente estos 3 asuntos porque en el caso de Recoleta su alcalde tomó la decisión que correspondía y en los casos de Viña del Mar y Valparaíso sus autoridades se las arreglan para que los 2 proyectos aludidos no se sometan a la ley.