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El drama de Valparaíso y el terremoto del norte nos vuelto a recordar la extrema vulnerabilidad de amplios sectores de nuestras ciudades. Sea producto de la segregación social que obliga a muchas familias a vivir en condiciones de riesgo para acceder al suelo urbano, las limitaciones de una planificación urbana formal sin capacidades de gestión, o el debilitamiento del Estado, los sectores más vulnerables de la sociedad han debido nuevamente enfrentar los devastadores efectos de la insuficiente capacidad de garantizar el acceso justo a calidad de vida.
Frente a esta realidad, el camino equivocado es buscar responsables o proponer medidas simplistas para problemas complejos. Requerimos tomarnos en serio el problema y no improvisar. Si los desastres son acontecimientos habituales y sus efectos son crecientemente devastadores para las comunidades, corresponde preguntarse si estamos preparados para prevenir, rehabilitar y reconstruir en forma sustentable. Esta es una pregunta que la reconstrucción del 27F postergó, concentrándose sólo en recuperar lo más rápido posible.
Impulsada por estos y otros desafíos urbanos, la Presidenta Bachelet creó hace unas semanas el “Consejo Nacional de Desarrollo Urbano”, conformado por ministros, parlamentarios, alcaldes y representantes de organizaciones sociales, gremios y universidades. Su mandato es justamente el diseño de una agenda de reformas para la implementación de la recientemente aprobada Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU). Entre sus objetivos, esta política nacional ya definió entre sus prioridades la obligación de incorporar activamente los riesgos en la planificación territorial, mediante mejores normas para el emplazamiento de construcciones y la coordinación de los sistemas de prevención y gestión de riesgos.
Lo vivido en estos días no puede volver a ocurrir con esta magnitud. Tendremos que fortalecer instituciones y poderes públicos para terminar con las improvisaciones. Para lograrlo, la experiencia nos demuestra que las claves son dos:
En primer lugar, requerimos de una institucionalidad pública descentralizada, poderosa y participativa, con gobiernos regionales y municipios provistos de mayores recursos y capacidades para gestionar sus procesos de planificación, prevención y reconstrucción junto a la comunidad organizada. La acción centralizada puede ser eficiente en el corto plazo, pero la gestión continua de las ciudades sólo es viable desde el ámbito local y regional.
En segundo lugar, debemos crear instrumentos y planes territoriales con poder legal y financiamiento estable. Aunque se requiere crear agencias de desarrollo urbano descentralizadas, estas serán débiles si no poseen mecanismos poderosos de planificación territorial, gestión del suelo, ejecución de obras de infraestructura y vivienda, e implementación de procesos de recuperación económica y social de las comunidades más vulnerables y afectadas.
Nuestra historia muestra cómo las catástrofes nos han unido y expuesto nuestras debilidades. Pero también han provocado el impulso para reformas profundas que transciendan. Es tiempo de enfrentar la necesidad de un cambio o esta historia se seguirá