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El proyecto de ley para reformar el sistema tributario ha causado gran revuelo. En el centro del debate están el alza del impuesto a las utilidades de las empresas del 20% al 25%, la rebaja de la tasa marginal máxima a la renta del 40% al 35% y el cambio de la base tributaria de los socios de empresas desde utilidades repartidas a devengadas.

Una vez más, los detractores de medidas como estas argumentan, entre otros, que se afectará negativa y especialmente a las pyme, además de a la clase media. La realidad no es así. El proyecto está diseñado justamente para que quienes más ingresos tienen sean quienes más contribuyan, no la clase media ni los empresarios de menores recursos.

En Chile los impuestos a la renta están integrados y quienes pagan en realidad son los dueños y no la empresa misma. No hay un impuesto a las empresas: el 20% de impuesto a sus utilidades es un crédito que anticipa el impuesto a sus dueños a nivel personal.

Si un socio obtiene utilidades altas de modo que la retención es insuficiente para cubrir el total de impuestos personales, se le permite diferir indefinidamente ese pago mientras los fondos no sean retirados. Lo adeudado queda registrado en el FUT hasta el retiro (formal) de utilidades. En un sistema de base devengada, en cambio, los socios pagan en el mismo año la diferencia adeudada sobre la retención.

En la práctica, todo socio con utilidades más allá de los $75 millones anuales tiene derecho a esta ventaja tributaria: diferir, incluso para siempre, los impuestos que adeuda sobre la retención de Primera Categoría.

Pero no hay ventaja tributaria alguna en el sistema de diferimiento si no se alcanza esos ingresos. Alguien que gana menos que este monto hace una retención en exceso al contribuir un 20% de sus utilidades. Tiene derecho a que el SII le devuelva la diferencia, pero ello solo sucede si las utilidades se reparten.

Luego, a todo empresario que gana bajo los $75 millones anuales simplemente no le conviene el "sistema del FUT". Por ello mismo es que los dueños de la gran mayoría de las empresas productivas en el país (el 95% de aquellas con ventas según cálculos del SII) no se verán afectados por el paso a base devengada. Ellos no se ven beneficiados de anotar utilidades en el FUT.

De hecho, estimaciones de Claudio Agostini para el año 2010 indican que cerca de un 80% de las utilidades registradas en el FUT pertenecen al 10% de los contribuyentes de mayores rentas. Buena parte de las pyme con registros en el FUT tenían un saldo negativo a la fecha.

En resumen, el alza impositiva en el paso de base repartida a base devengada afecta en buena medida a un grupo pequeño de contribuyentes, aquellos de rentas más altas y que obtienen sus ingresos principalmente del capital. No se trata ni de la clase media, ni del pequeño empresario.

Por lo mismo, a pesar de la rebaja de la tasa marginal máxima del 40% al 35%, se están elevando los impuestos a los más ricos. Dada la costumbre de repartir un 30% de utilidades, se sube la tasa efectiva de un 26% al 35% a quienes más ganan y obtienen sus ingresos como rentas empresariales. De allí proviene buena parte de la recaudación adicional proyectada.

De acuerdo al proyecto de ley, los dueños de empresas pequeñas que no obtienen esos ingresos abultados, podrán incluso acogerse a un sistema de pagos provisionales mensuales que les permitirá pagar en proporción a su tasa final de impuestos.

Ya no tendrán que esperar a mayo para que el SII les devuelva el exceso de pago. Su liquidez mejorará.

Asimismo, las sociedades anónimas abiertas pagarán sus PPM por un 25% y retendrán un 10% de las utilidades para cubrir en su totalidad el pago que los socios deben hacer. Si esa retención es excesiva, la diferencia será devuelta a las personas y ellas no verán afectada su liquidez.

Las compañías tampoco pues podrán descontar la retención de las dividendos que hoy deben repartir.

La propuesta de reforma tiene algunos principios esenciales: recaudar unos tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB) más en régimen y que esa nueva recaudación provenga principalmente de quienes obtienen las rentas más altas para así imprimir auténtica progresividad al sistema.

En vez de anunciar el fin del mundo o distribuir (literalmente) panfletos con mensajes dignos de la Guerra Fría, sería más constructivo que quienes están en desacuerdo propongan mecanismos alternativos para conseguir esos objetivos.

Elevar el IVA, por ejemplo, como consideró una asociación gremial, está completamente desalineado con la esencia del proyecto y es simplemente no entender la demanda por hacer de Chile un país más justo.

El sistema chileno de impuestos a la renta no es equitativo. Otorga privilegios -en particular, el que solo algunos pueden escoger cuándo y si es que pagar sus impuestos- que hoy no tienen justificación. Chile demanda reglas más justas; esta reforma es un paso importante en esa dirección.