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El 3 de marzo de 2014 el arquitecto Julio Poblete publicó una columna de opinión en un diario de circulación nacional titulada “Prueba de legalidad” denunciando con justa razón que no siempre los Planes Reguladores Comunales (PRC) se ciñen a las disposiciones legales de mayor jerarquía. El autor del opúsculo entregó ejemplos respecto de los usos de suelo e incentivos normativos que contradicen las disposiciones de la Ley y Ordenanza de Vivienda y Urbanismo, asegurando que estos errores se producen porque la Contraloría General de la República (CGR) no toma razón de los PRC en donde existen planes reguladores intercomunales.
La CGR revisa la legalidad de aquellos instrumentos urbanísticos locales, después del informe favorable del Seremi de Vivienda y Urbanismo, solamente en los casos en donde no existen planes reguladores intercomunales.
Acto seguido ese profesional afirmó que le llamaba la atención que no exista más celo en la revisión de legalidad de los planes reguladores comunales, añadiendo que aún, “nadie proponga restablecer la revisión de la Contraloría a todos los casos” (sic).
En este sentido expresamos que, consciente del vacío legal que vivimos, el 24 de octubre de 2012 le representamos esta engorrosa situación a la CGR, la que en su dictamen Nº 71175 del 16 de noviembre de 2012 nos respondió que las resoluciones municipales, conforme al artículo 53º de la Ley Orgánica de Municipalidades, se encuentran exentas del trámite de toma de razón, pero que en aras de la buena administración sería razonable que el ente de control examinara tales decretos municipales.
Para tal propósito el contralor Ramiro Mendoza le envió copia de nuestra presentación y de su dictamen a los ministros de la Secretaría General de la Presidencia y de Vivienda y Urbanismo “para sus conocimientos y fines que estimen pertinentes”. Pero estos 2 ministros no hicieron nada para mejorar la institucionalidad en esta sensible materia.
Fuente: http://www.estrategia.cl/detalle_columnista.php?cod=8993