Defendamos la ciudad

Es bien sabido que a las grandes inmobiliarias los municipios les permiten algunas infracciones a la normativa vigente, pues la construcción de edificios, además de generar empleo en su comuna, aumenta considerablemente los ingresos por concepto de derechos por la calidad de la construcción, patentes comerciales y contribuciones de bienes raíces.

Pero todo tiene un  límite. En el sector dunas de Reñaca la Dirección de Obras de Viña del Mar ha permitido infracción tras infracción, lo que resulta preocupante e indignante, pues tales malas prácticas han significado un grave deterioro para la ciudad. Ahora bien, lo que es más inquietante aún es que todas estas irregularidades han contado con la anuencia de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la región de Valparaíso, entidad responsable de resolver los reclamos interpuestos en contra de los permisos de edificación mal otorgados por los directores de obras, y más grave aún, de la Contraloría General de la República, que en la práctica no ejerce fiscalización alguna porque después de constatar las ilegalidades cometidas, utiliza recurrentemente la “doctrina” de que los actores privados al proceder de buena fe son unas santas y blancas palomas y por ese motivo no se les puede aplicar la Ley.

Aunque parezca increíble, los nuevos edificios de este hermoso sector de la ciudad fueron todos construidos en un inmenso loteo irregular, nunca aprobado por el municipio viñamarino, que no contempló ni un metro cuadrado de áreas verdes para uso comunitario, tal como lo exige la Ley general de urbanismo y construcciones. Además, el osado titular del lucrativo emprendimiento no pagó ni un peso de derechos municipales.

El director de obras (s) que autorizó estos singulares permisos ejerció la subrogancia del cargo por largos trece (13) años, mientras el titular se encontraba plácidamente en “comisión de servicio” en la Asociación Chilena de Municipalidades, institución privada que operó hasta hace unos meses atrás sin personalidad jurídica. Durante todo ese período el profesional -que no hacía su pega- habría cobrado su sueldo municipal íntegro, ignorándose las funciones que desempeñó durante su prolongada ausencia. Todo esto con la anuencia de distintos alcaldes de la época y también de doña Virginia Reginato,  pues al parecer las irregularidades son transversales y no menores, como está tan de moda decir ahora. 

Por esta prolongada y extraña subrogancia del director de obras viñamarino, la Fundación Defendamos la Ciudad denunció el hecho en Contraloría. Resultado, se le acabó el magnífico y lucrativo recreo al funcionario municipal, obligándolo a ejercer su cargo, pero Contraloría no quiso o no se atrevió a investigar las razones de fondo de la ausencia del mismo.

Pues bien, el mencionado  loteo de las dunas contempló sólo una calle, la que tampoco cumple con los requisitos exigidos por la Ley general de urbanismo y construcciones por tratarse de una larga vía sin salida que excede en más de tres veces el largo máximo permitido por esa ley para una calle ciega. Sin embargo, esta vía ilegal fue incorporada recientemente al Plan Regulador Comunal (PRC) mediante una “modificación de la vialidad estructurante”. El contralor General de la República rechazó un reclamo sobre esta modificación al PRC, sin considerar que esa misma entidad fiscalizadora ha estimado que  conforme a su jerarquía, la Ley de Urbanismo y Construcciones no puede ser modificada por los instrumentos de planificación territorial. Ni el Plan Regulador, ni una modificación de este por Decreto alcaldicio pueden validar una calle que infringe la ordenanza, pues se estaría contraviniendo el principio de juridicidad, consagrado en la Ley suprema. El autónomo contralor dice otra cosa.

El contralor Mendoza, en quién parece confiar todo Chile (con excepción del autor de esta columna), ha mostrado un trato muy especial con el municipio viñamarino rechazando cada uno de los reclamos interpuestos contra permisos otorgados por su Dirección de Obras. Pero hay más, en dos sumarios solicitados por el Consejo para la Transparencia contra la alcaldesa Reginato, el contralor Mendoza nombró como fiscal a cargo de su instrucción a una joven profesional a contrata grado 15, quien al hacerse cargo de la instrucción del primero de estos, cumplía recién su tercer mes trabajando en esa Contraloría. Esta inexperta, pero obediente funcionara sobreseyó en las dos ocasiones a la alcaldesa del municipio festivalero.

Recientemente ese municipio autorizó en el mismo sector la extemporánea “modificación” de un permiso otorgado el año 2005, vencido legalmente a los tres años de su otorgamiento, lo que permitirá la construcción de un nuevo edificio de 39 pisos, 23 sobre el nivel del suelo y 15 escalonados auto calificados como “subterráneos”. Estos 15 pisos fueron considerados como “subterráneos” para burlar el coeficiente de ocupación del suelo -muy restrictivo para este sector de la ciudad-  permitiendo construir sólo en un tercio de la superficie del terreno.

El secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo, a quien corresponde resolver los reclamos interpuestos contra los permisos otorgados por los directores de obras, rechazó cada uno de los reclamos presentados en contra de todas estas irregularidades. Seguramente en premio por esta reiterada acción de “buena voluntad” con esa díscola municipalidad, el funcionario público fue contratado recientemente por el mismo municipio: ahora ejerce como director del SECPLA de la Municipalidad de Viña del Mar y por derecho propio seguramente utilizó una silla preferente en el festival farandulero. Queda en evidencia entonces que esta acomodaticia contratación funcionaria podría llamarse beca Reginato.