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Causaron revuelo las denuncias de unos arquitectos porque el Minvu modificó el 12/12/13 la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) para facilitar la construcción de grandes equipamientos comerciales en cualquier lugar de las ciudades.
Ese Ministerio en forma absolutamente arbitraria y discrecional reemplazó la palabra “enfrentar” por “relacionarse” en una disposición vigente desde el año 1992 en esa reglamentación. Con este traje a la medida de los constructores, ahora sus edificaciones de altas cargas de ocupación no enfrentarán las vialidades que, por sus características, estaban en condiciones de soportar los nuevos flujos vehiculares derivados, como se entenderá, de esas intervenciones en la trama urbana.
Y no solo eso, también para posibilitarse el emplazamiento de unos hoteles y apart hotels en un conocido club social localizado en la comuna de Las Condes, cuyo uso de suelo es área verde, frecuentado por aquellos que residen en la cota 1.000, en el mismo decreto hizo un cambio normativo para esos dos mencionados destinos, de tal forma que ahora tales lucrativas actividades comerciales se podrán llevar a cabo.
Se trata de 11 edificios que levantará una empresa norteamericana para que así los encumbrados socios de ese club obtengan por 99 años unos millonarios ingresos por el arrendamiento a esa sociedad de una parte de su valioso terreno, por el cual, dicho sea de paso, nunca han pagado contribuciones de bienes raíces.
Ahora bien, esto mismo sucedió hace unos 3 años con el mall Costanera Center, ya que por tratarse de un equipamiento mayor, necesariamente tenía que enfrentar una vía expresa, lo que no acontecía, asunto que el suscrito le representó formalmente al Seremi de Vivienda y Urbanismo de la época. Ante tal delicada situación, la misma habilidosa DDU del Minvu modificó la OGUC permitiendo que este tipo de equipamientos podían enfrentar indistintamente vías expresas o troncales: Costanera Center, como se entenderá, enfrenta una vía troncal y así de rápido se arregló el entuerto.
En el vespertino La Segunda del lunes 30/12/13 la arquitecta Pilar Jiménez, jefa de la División de Desarrollo Urbano (DDU) de ese díscolo Ministerio, respondiendo a los enojados arquitectos señaló “en nuestra legislación las normas urbanísticas las fijan las autoridades comunales y no un reglamento de alcance nacional. Así son los Planes Reguladores los que tienen la facultad de definir los usos de suelo y el tamaño de las construcciones en los distintos sectores de su comuna”, enfatizando que el cambio decidido por su organismo de la administración central buscaba el bien público (sic). La respuesta es muy poco convincente y como conocemos muy bien que la instrucción venía del sector económico que se desenvuelve en la explotación del recurso suelo, todo seguirá igual.
Ahora bien, esto mismo sucedió hace unos 3 años con el mall Costanera Center, ya que por tratarse de un equipamiento mayor, necesariamente tenía que enfrentar una vía expresa, lo que no acontecía, asunto que el suscrito le representó formalmente al Seremi de Vivienda y Urbanismo de la época. Ante tal delicada situación, la misma habilidosa DDU del Minvu modificó la OGUC permitiendo que este tipo de equipamientos podían enfrentar indistintamente vías expresas o troncales: Costanera Center, como se entenderá, enfrenta una vía troncal y así de rápido se arregló el entuerto.
En el conocido episodio de la planta de gas propano que la empresa Metrogas instaló en una zona de preservación ecológica en la comuna de Peñalolén, proyecto que resultó ser ilegal por dictamen de la Contraloría General de la República, también la misma pícara DDU del Minvu modificó extemporáneamente la OGUC, de tal forma que ahora esa instalación ya es legal a la chilena.
Con la termoeléctrica Campiche de la compañía AES Gener, localizada en un terreno área verde y por lo tanto no apto, en la contaminada comuna de Puchuncaví, sucedió otro tanto, con el agravante de que en este caso intervino un ex embajador norteamericano para que las autoridades chilenas hicieran los cambios reglamentarios forzosos para que esa planta continuara construyéndose, a pesar de que ya existía un dictamen de la Contraloría que declaró la ilegalidad del proyecto, lo que fue corroborado por un fallo de la Corte Suprema. Según los cables secretos dados a conocer por WikiLeaks, esa embajada motejó a los magistrados del alto tribunal como “activistas judiciales”, lo que nos motivó a denunciar esta bravuconada ante la OCDE.
Existen cientos de otros casos tan impúdicos como los relatados, pero como en unas horas más estaremos celebrando el nuevo año, dejemos por ahora a un lado las inveteradas malas prácticas de nuestros gobernantes.
Fuente: http://www.elmostrador.cl/opinion/2013/12/31/el-minvu-y-la-industria-de-la-construccion/