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Después de varios años de controversias, se aprobó definitivamente y entrará en vigencia el Plan Regulador de Santiago. Cuando digo que hubo una controversia no me refiero a que haya habido una discusión sino que hubo una imposición de un grupo reducido y convencido sobre una gran cantidad de actores con opiniones dispares.
Cabe señalar que la aprobación de este Plan Regulador fue realizada de manera, por decir lo menos, sospechosa ya que algunos concejeros regionales impensadamente cambiaron de opinión y votaron la aprobación. Es evidente que esta es una materia muy importante y delicada como para dejarlo en unas pocas personas, concejeros regionales, que pueden ser vulnerables a las presiones y halagos de grupos corporativos.
El nuevo Plan Regulador significará la incorporación de 10 mil nuevas hectáreas al occidente de Santiago. Lo cual se traducirá en mayor tiempo de desplazamiento, mayor segregación, aumento de la contaminación y la congestión, etc. Este desastre anunciado, inconsulto, ha sido disfrazado con mentiras piadosas, tales como disminución del precio del suelo, mayores áreas verdes y medidas compensatorias. Sin embargo, la realidad es que el sector inmobiliario es el único favorecido.
Este Plan Regulador es una de las dimensione, la legal, de la dictadura inmobiliaria que viven nuestras ciudades. También, como toda dictadura, tiene fieles y atemorizados servidores, funcionarios y autoridades municipales y ministeriales. Incluso, han permeado las universidades, académicos que devienen en funcionales consultores, a lo cual se agrega, como toda dictadura, su lado oscuro: los incendios, las demoliciones.
Para consolidar este importante logro, la dictadura de las inmobiliarias han contado con el apoyo de los principales medios de comunicación, lo cual ha permitido visualizar una potente campaña comunicacional que desde hace muchos meses han venido realizando diversos personeros del sector inmobiliario en el sentido de incorporar nuevos terrenos a la ciudad.
Esta inteligente, multidimensional y silenciosa dictadura que el sector inmobiliario ha impuesto sobre nuestras ciudades también ha contado con el concurso de políticos ignorantes, y/o indiferentes, y/u obedientes. Se acuerdan ustedes que en el anterior gobierno, la ministra de la vivienda anunció el envío de un proyecto de ley que buscaba que en los nuevos emprendimientos inmobiliarios hubiera un 10% de vivienda social. Esa modesta iniciativa, tendiente a disminuir la segregación urbana, no resistió la andanada mediática y política y, convenientemente, desapareció.
Ninguna autoridad tiene tanto poder como la empresa privada pera definir un perfil de ciudad. Es así que las pocas autoridades que se preocupan de este tema, lamentablemente, pasan inadvertidas. La actividad inmobiliaria hace y deshace sin contrapeso en nuestras ciudades, lo cual se verá reforzado por este nuevo Plan Regulador.
Una pregunta final:
¿Es normal y deseable que las preocupaciones de la Alcaldesa de Santiago por el destino del barrio Matta Sur y por la defensa de algunas construcciones patrimoniales no hayan tenido ningún resultado?