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Desde hace años en la comuna de Santiago y en otras existen los subsidios de Renovación Urbana equivalentes a UF 200 ($ 4.600.000) que entrega el Minvu a familias emergentes de clase media que todavía no son dueñas de los inmuebles que habitan, pero que están en condiciones de acceder a los créditos hipotecarios del sistema financiero.
Para calificar a ese elevado subsidio público los postulantes tienen que cumplir con una serie de condiciones y para ello el Serviu hace una cuidadosa selección. Las viviendas escogidas por los ganadores pueden tener un precio máximo de UF 2.000 y deben estar localizadas en sectores urbanos previamente decididos por la autoridad competente.
Todos los inmuebles que se han vendido con este subsidio son viviendas económicas acogidas al DFL2, es decir, son viviendas que tienen franquicias tributarias, tales como la exención del pago de contribuciones de bienes raíces por una cierta cantidad de años dependiendo de la superficie, y el más atractivo, desde el punto de vista del interés privado, pero siendo muy perverso desde el punto de vista del interés social, es el que establece que las rentas de arrendamiento a perpetuidad no son incorporadas por sus dueños en la declaración del global complementario.
La proliferación de torres habitacionales en el centro de Santiago y en otras comunas es consecuencia directa de este subsidio.
En Chile tenemos un alto déficit de viviendas sociales y como un subido porcentaje de aquellos que acceden al subsidio que nos hemos referido no residen en las viviendas económicas así adquiridas porque han modificado sus destinos para transformarlas en apart hoteles o simplemente las arriendan a otros, es decir, obteniendo lucros, esperamos que el próximo gobierno termine rápido con tal inicuo subsidio y que toda futura ayuda económica pública sea focalizada exclusivamente en las familias más vulnerables.