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Tenemos bastante legitimidad para referirnos a la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Harald Beyer, aprobada recientemente por la Cámara de Diputados porque el 13 de julio de 2012, ocho meses atrás, conforme a la Ley Nº 20.285 de Transparencia, le solicitamos al ahora ministro suspendido de sus funciones, que nos informara por escrito quienes eran las personas jurídicas y naturales que figuraban en las escrituras públicas de las universidades privadas, registradas en distintas fechas en el Ministerio de Educación, como fundaciones y corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, ello para sacar conclusiones concretas respecto del lucro ilegal que la mayoría de ellas, a través de sus operadores, estaban consumando con sus empresas relacionadas.
Pues bien, el 3 de septiembre de 2012, a través de la Coordinadora de Transparencia de ese servicio público, se nos contestó que el Ministerio de Educación no disponía de esa información y que confeccionarla era muy difícil “porque implicaría distraer al personal del desempeño regular de sus labores habituales” (sic).
Con este tipo de insustancial respuesta se evidenciaba el descontrol absoluto en ese ministerio y por ello, en razón a que en estos días hemos tomado conocimiento de una avalancha de publicaciones y entrevistas, de y a, respectivamente, personas que ideológicamente apoyan al ministro Beyer, criticando ellos mismos a los 58 diputados que votaron a favor de la acusación constitucional y fustigando de paso a los 4 gobiernos de la Concertación, cuyos distintos ministros de Educación no hicieron nada para fiscalizar, preguntamos con cierto candor.
¿por qué durante esos largos 20 años de gobiernos de la Concertación los diputados de RN y la UDI no acusaron constitucionalmente a todos los ministros que ejercieron el cargo, por no realizar sus atribuciones legales ?
Como esos “prohombres” del abusivo y oportunista establishment, por razones obvias, no recogerán tal fundada interpelación, en esta columna respondemos en pocas palabras :
Por la simple razón de que a partir de 1981, cuando se inventó el “emprendimiento” bajo la dictadura militar y más precisamente desde 1990, con la publicación en el Diario Oficial de la LOCE, todos los agentes públicos y actores privados toleraron en silencio el lucro ilegal.
Unos y otros, ya sea de la derecha auténtica, el actual gobierno, como de la derecha encubierta, como es la Concertación, fueron cómplices tácitos en las operaciones mercantiles educativas que tenían excelentes réditos económicos y por ello, ahora que el tema está de actualidad, aunque sea incómodo para la élite, la tarea urgente es fiscalizar a todas esas universidades privadas, llevando los antecedentes de esta ineludible tarea a los fiscales del Ministerio Público, los únicos que están en condiciones de indagar hasta en los más recónditos espacios privados.
Como ya estamos entrando en la carrera presidencial, estaremos muy atentos para ver si los precandidatos y candidatos se pronuncian públicamente sobre esta materia. Con sus silencios o con sus denuncias veremos quién es quien para emitir el voto próximamente y en paralelo distinguiremos a los veraces de los mendaces.
Con Beyer afuera, dependiendo de lo que resuelva el Senado, estaremos en condiciones de asegurar que en Chile podría operar la probidad y el apego al derecho en la institucionalidad, por lo menos en esta materia, ya que el futuro ministro del ramo carecerá de argumentaciones para hacerse el leso.
Marco Enríquez-Ominami y Michelle Bachelet, con muy distintos énfasis, ya se pronunciaron en contra del lucro mal habido en estas instituciones de enseñanza superior, pero eso no basta. Queremos que Allamand y Golborne explícitamente reconozcan que esta maléfica práctica de negocios tiene que ser erradicada de raíz porque en Chile, tal como ya lo he señalado en columnas anteriores, las fundaciones y corporaciones de derecho privado sin fines de lucro tienen que someterse a la ley, aunque les duela a aquellos privilegiados de ternos Armani y romanas corbatas de seda, que están situados en el 1% de la población.