Defendamos la ciudad

El Mercurio de este sábado 6 de abril recién pasado, informa con el siguiente titular y bajada de noticia sobre un tema trascendente para el buen gobierno urbano del país: “Alistan proyecto que crea el Ministerio de Ciudad, Vivienda y Territorio – Nueva institucionalidad termina con los Serviu y reduce las reparticiones de ambas carteras a cinco divisiones”.  Agrega que se trata de una iniciativa cuyo proyecto de ley sería anunciado el 21 de mayo, y enviado a trámite parlamentario “antes de julio”.  

Tal vez esto suene bien, si hay economías, probidad, y eficiencia en las labores a cargo, al costo de eliminar dos ministerios y 15 servicios con patrimonio propio distinto del fisco, abocados a la materialización de la vivienda de interés social, como ocurre con los Serviu de hoy. Por el contrario, no suena igual, sino que suena muy mal, si el haber fuese desalojar a funcionarios de planta, centralizar aún más las decisiones sobre el manejo y uso del suelo, o trabar la participación ciudadana  en asuntos que la afectan directamente.  

Sin perjuicio que la misma crónica cite al final que “…la propuesta es absolutamente insuficiente para fortalecer las capacidades de planificación y gestión de las ciudades del futuro. (…) (:) Si se quiere hacer un ministerio de la ciudad, los temas vinculados con infraestructura y transporte se ven ausentes en este esfuerzo”; lo que procede preguntarse desde ya, es lo siguiente: ¿Cuál es la función de utilidad de un sector de gobierno que concentraría para si mismo todos los asuntos de planificación y gestión urbana y ambiental en todo el territorio y mar territorial chileno; en toda ciudad y demás entidades pobladas de este territorio, y en cada vivienda de todos los loteos urbanos y rurales donde participa el Estado?

No se necesita ser un cientista político capacitado en análisis de sistemas, o un docto en urbanismo y desarrollo urbano, para despejar esta incógnita comenzando por catastrar qué sectores de gobierno se ocupan hoy día del ámbito nacional concerniente al territorio y el mar; …cuales hacen lo propio en la ciudad, el pueblo y las aldeas del país; y desde luego, cuales son todos aquellos que actúan en la vivienda de interés social y en la vivienda en general, contando con que en estos tres desgloses participa significativamente el sector privado, con su propia función de utilidad.  La que para el poder económico es aquella que optimiza el mercado, y que para el pensamiento socialdemócrata, es la que el Estado tiene que controlar. (Menudo tema, ¿verdad?)

Si uno hace un recuento aritmético de cuantos sectores arroja el catastro anterior que ocupa el Estado hoy para  atender vivienda, ciudad y territorio, con el aporte del sector privado incluido, y ocurre que el país está como está con su centralismo y con las debilidades de su desarrollo urbano, p. e. en equipamiento comunitario, inclusión residencial, transporte, tiempos de viaje, casas de rehabilitación y acogida, o áreas verdes; y esto es el resultado de tal cantidad de organismos especializados, y tan especializados como el SERNAGEOMIN, o el IDIEM, o la DGHA, la pregunta que huelga por si sola es la siguiente: Las cinco Divisiones que contempla este  proyecto de ministerio, con las funciones del Serviu y de Bienes Nacionales acopladas a su responsabilidad, ¿serán las suficientes para atender oportuna y cabalmente ‘todas’ sus demandas, con la restricción de tener que coordinar su oferta de bienes y servicios en este universo catastrado y no menor de entes colaboradores públicos y privados; o más bien será que tendrá que haber una atomización de oficinas dependientes de estas cinco Divisiones? El dato es que hoy día hay 15 en el Serviu (una por región), 7 de Bienes Nacionales y 11 del Minvu. La ecuación equivalente es 15 + 7 + 11 =  33 (ahora) = 5 (después), sin contar las 30 Seremi’s de los dos ministerios que se perderían. Si tal expansión se hiciese después de la puesta en marcha de este nuevo y eventual ministerio, por la presión de los hechos, como en el Transantiago, sería una trampa más a la fe pública. En particular, si el día de mañana se tuviera que recurrir a contratos extraordinarios con asesores y oficinas del sector privado, o  se halle previsto  por anticipado que se va a usar el outsourcing y esto sea ocultado al conocimiento público. (De nuevo, menudo tema, ¿verdad?).

Un siguiente tema que discernir con mirada hacia el día de mañana, tiene que ver con la pérdida de transparencia por causa de la gestión de bienes que tendría a su cargo este nuevo ministerio, la cual, por género y definición, es una función social indiscutiblemente distinta a la de planificar y gestar el desarrollo urbano y ambiental, que le corresponde asumir a diversos otros sectores de gobierno. En manos de un solo sector, esto no solo le da un poder monopólico sobre estos bienes ( que constituyen riqueza de la ciudadanía ), sino que omite la garantía de probidad a que alude el principio del doble control de las transferencias, en particular, de terrenos, cuando la ‘propiedad’ y el ‘uso’ son de una misma persona: Si no es así, como en el caso de BB.NN. y el Minvu actuales, el “Uno” entrega a condiciones y precio dados (conforme a derecho y potestades propias) y “Dos” recibe a ese precio y condiciones dadas, verificadas y conforme con sus potestades propias y distintas a las de Uno; y ambos responden ante la sociedad por la validez de la transferencia, aunque el precio sea cero (Ref., cesiones a título gratuito y comodatos de suelo fiscal). En una misma mano, esto se pierde.

En síntesis, las palabras clave de este proyecto de ministerio en ciernes, según lo diera a conocer la  cita de prensa del comienzo, o al menos algunas de ellas,  por ahora y según lo visto hasta aquí, son: “función de utilidad pública y privada”; “suficiencia del diseño organizacional”, “implementación”, “probidad, afectada por pérdida del doble control”, “transparencia”, y “bien público superior”. 

Todo esto, sin contar con se trata de una iniciativa que incide directamente en el marco legal y reglamentario en vigor, a cuyo mérito  habrá que ajustar las funciones que se le adscriban a este nuevo ministerio, o bien, modificarlo. Marco que va desde aquella ley que atañe a la regionalización y el gobierno interior, hasta esa otra, que permite los predios rústicos o “parcelas de agrado”. Por otra parte, y por cierto, habrá que sancionar su propia ley orgánica y su planta funcionaria, su escalafón, su descripción de cargos y sus rentas; y  más aún, una vez sancionada esa nueva política nacional de desarrollo urbano esperada por estos días, también habrá que chequear que ‘política’ y ‘ministerio’ sean mutuamente funcionales entre sí, con la restricción que prima la ley. En suma, se trata de una iniciativa de un arduo trabajo analítico y legislativo, aún si todos, el gobierno y los parlamentarios, estuvieran de acuerdo en todo, y lo aprobaran durante la actual legislatura, o después, durante el nuevo gobierno y el Congreso renovado. Lo que en todo caso supone tiempo previo para internalizar restricciones, diseñar, negociar, y consolidar el proyecto de ministerio y su debida articulación con la política urbana en espera... Vale decir, significa no empezar por su envío apresurado al Parlamento, y así, que se omita informar a opinión a la pública interesada, privándola de opinar, consultar, sugerir, o expresar objeciones y aceptaciones.. 

En resumen, en época de campaña presidencial y de parlamentarios, es bastante poco probable que esta iniciativa no se politice y con ello, que una vez más se postergue el cambio substancial que requieren la práctica del urbanismo y el consecuente desarrollo urbano nacional, lo que en la campaña triunfante de 1999 se nos resumiera advirtiéndonos  que íbamos tener “ciudades más humanas”. En este camino, cada tema ‘menudo’ de los tres planteados precedentemente es una buena razón para avanzar acuerdos e identificar la institucionalidad que Chile requiere y sea viable en materias urbanas, sin dejar de lado  que son  parte inevitable del desarrollo regional (el cual,  dicho sea de paso, no tiene una política expresa; ha de ser sostenido y sustentable, y tiene que tener acceso a financiamiento). Todo lo cual  es  pura política refinada, que poner en práctica.