Defendamos la ciudad

Este diciembre de 2012 se cumple el segundo fin de año que ha sido informado a la opinión pública que se va a tener una política nacional de desarrollo urbano. El año pasado lo anunció el actual Ministro de Vivienda y Urbanismo y no cumplió. Este año, lo hizo el propio Presidente de la República, por la vía de nominar una Comisión Asesora a cargo de hacer esta tarea, en este plazo. Como es sabido, esta Comisión fue conformada por una cuarentena de personalidades, que a su juicio, califican para abordar con éxito esta difícil labor. Lo substancial de este asunto es que como se trata de una política pública que incide en más de un solo sector de gobierno, lo que en verdad esta Comisión tiene que hacer, es diseñar una ‘política de Estado’,… por obvio que sea recordarlo. Lo cual, según el simple sentido común, supone prestar oído cierto a dos criterios básicos complementarios: El uno, que esta política sea tan clara y general como para no trabar el accionar propio de ningún sector del gobierno en particular; y el otro, que sus fines y medios encajen adecuadamente en el marco doctrinario de los partidos políticos que han de sancionarla y dar curso a su aplicación. Por cierto, bajo el supuesto que su Norte ha de ser el bien común. En un año eleccionario como el que recién se iniciara con la elección de Alcaldes y de Concejales de hace unos días, cumplir estos criterios básicos y elementales parece difícil, y por el contrario, lo probable es que las labores de esta Comisión se vean letalmente friccionadas por causa de los fantasmas partidistas que rondan sus deliberaciones. Entre ellos y por ejemplo, con aquel de la bullada reforma urbana del ex – ministro Ravinet (en la era Lagos); o acaso, con aquel de esa “propuesta” de ciudades sustentables y el derecho a la ciudad que el anterior gobierno le dejara al actual, sin que este último, hasta ahora mismo, se haya pronunciado al respecto en ningún sentido. Por lo demás, y por lo sabido, se trata de fantasmas apasionados y entre los cuales, también ronda, con un vistoso velo propio, el de la planificación por condiciones, que apuntala la Cámara Chilena de la Construcción. Como quiera que las luces y sombras de espectros como estos tomen cuerpo cierto para dilucidar el enunciado de la política nacional a que se llegue, parece necesario y oportuno, es decir, resulta pertinente, traer al tapete aquel otro añoso espíritu del urbanismo, que apareciera en la campaña presidencial de 1999, que no ha perdido su valía y que bien resulta esclarecedor para leer lo que espera la ciudadanía de sus políticos y de sus técnicos, en esto del desarrollo. Aquel año electoral, bajo el slogan “más democracia y más derechos”, el programa de la Concertación de Partidos por la Democracia hablaba de alcanzar ciudades más humanas, donde hubiera importantes transformaciones en lo concerniente al desarrollo urbano, el transporte, el medio ambiente, el ordenamiento del territorio, y la participación ciudadana. Cinco temas específicos clave del urbanismo nacional y que por lo visto hasta ahora, siguen estando pendientes de modo diverso, a la espera de aquellas ciudades más humanas. Es más, sin que efectivamente nada se haya avanzado en el ordenamiento del territorio, y además, arrastrando el trauma culposo cuando al privilegiar los afanes propagandísticos de una reforma urbana (2001) visualizada y concentrada en Santiago, se dejó completamente de lado, hasta hoy mismo, aquel viso de humanismo, ofrecido para todas las urbes nacionales en 1999. No es del caso pautear los análisis y discusiones de la Comisión Asesora Presidencial, que se supone idónea para diseñar la referida política de Estado; pero si lo es imaginar que su propuesta al Presidente tiene que ser moderna, clara y general; políticamente inclusiva, y evidentemente, del todo consistente con el marco legal y reglamentario en vigor (caso que no proponga uno nuevo); de igual modo que con la gobernabilidad interior; con los instrumentos de planificación y gestión urbana y ambiental a que recurra, y con los recursos que se dispongan para su aplicación en cada lugar del país (económicos, humanos y logísticos). De no ser se así, se volverá a tener meros enunciados de intenciones; se habilitará la demagogia, y la ciudadanía seguirá a la espera que sus políticos y sus técnicos le aporten y la inviten a participar y construir aquel desarrollo urbano que efectivamente se traduzca en ciudades más humanas. Con visión de futuro, valores, y misiones acordes a cada realidad regional, y a cada una de sus ciudades. Waldo López M. Sociólogo 11.11.2012