Defendamos la ciudad

Las constantes actuaciones de los gobiernos por intentar ampliar la ciudad han vuelto a poner sobre la mesa, la discusión sobre cuál es la mejor solución para el crecimiento de la ciudad. En el centro de la polémica está el interés de ampliar nuevamente el radio urbano de Santiago, siendo la extensión su principal política urbana. Una de sus mayores amenazas es la segregación, producto de la falta de políticas públicas que aseguren una adecuada integración. La ciudad de Santiago se ha caracterizado por un acentuado crecimiento en extensión, el cual trae consigo la idea de alejarse de la congestión urbana y de acercarse a la naturaleza. Paralelamente a esto, y muchas veces por políticas contradictorias, ha habido también numerosos intentos por densificar áreas céntricas de la ciudad. Sin embargo, la adhesión de nuevos territorios sigue siendo la alternativa más atractiva y barata, a pesar que no se cuente con los equipamientos (hospitales, escuelas, trabajo, entre otros) y sistemas de transportes necesarios. Este tipo de desarrollo inmobiliario está generando una dependencia completa hacia el automóvil y un aumento de tráfico que ciertamente empeorarán la aguda congestión, contaminación metropolitana existente, y aumento en las horas de viajes. Por otro lado, quienes apoyan la idea de la densificación, no sostienen que esta podría arrastrar una mayor congestión en la medida que concentra a un mayor número de personas. Ahí la solución está en generar sistemas eficientes de transporte público, lo cual no puede hacerse en zonas de baja densidad, por sus altos costos económicos. Por lo tanto, la congestión no necesariamente está relacionada con el tipo de crecimiento, pero hasta ahora no se han encontrado soluciones si el traslado de la población depende fundamentalmente del automóvil. No obstante aquello, los costos sociales, ambientales, urbanos y económicos que implica la ampliación de los límites urbanos, han sido absorbidos y sobrellevados no tan solo por sus habitantes sino también por el resto de la sociedad. El desarrollo de baja densidad es una amenaza para el aire, agua, espacios silvestres, además de la pérdida de terrenos agrícolas valiosos, que impiden la capacidad de filtración las aguas lluvias y de nutrir las capas subterráneas. Al parecer, las externalidades negativas de este tipo de crecimiento superarían a los beneficios, sin embargo hay un punto el cual me parece ser el más destacable, el de la segregación. Desde el s. XX las ciudades comienzan a expresar espacialmente las profundas desigualdades económicas y sociales que se vienen arrastrando desde épocas anteriores. En el marco de los procesos de globalización y la aplicación de políticas neoliberales, esta situación se ha agravado y ha hecho aún más evidente estos contrastes, transformando a las ciudades en el reflejo de la marcada fragmentación social. En este sentido, debemos considerar que las ciudades, específicamente en Chile, a través de su política habitacional, ha propiciado el desarrollo de conjuntos de vivienda social en la periferia, la cual ha sido seleccionada por el mercado, sobre los terrenos de menor valor, y por lo tanto menos atractivos o con mayores problemas (escaza infraestructura, suelos inundables, entre otros). Su condición de lejanía, mala calidad de los suelos, inconexión y donde la situación habitacional no contempla la sustentabilidad productiva, los han convertido en un lugar de segregación y marginalidad. Esta condición afecta ámbitos como : la producción, la calidad de vida de los individuos, la educación, la delincuencia y la vida afectiva, las cuales inciden de forma negativa en el desempeño laboral y académico, anulando el proceso de inclusión del individuo en la sociedad. A un año de la aprobación del PRMS100, la Cámara Chilena de la Construcción solicitó realizar un estudio de la cantidad de suelo disponible para la construcción, se detectó que existen menos de 2.000 hectáreas, muy diferente a los resultados arrojados en el año 2007 (2.850 hectáreas disponibles). Por lo tanto, se estima que se consumirán 205 hectáreas anuales, saldo que alcanza para 9 años no al 2030 como se estimaba. Paralelo a esto se analizó la disponibilidad de suelo para viviendas sociales (precios de suelo cercano a 1UF el metro cuadrado y que tenga una densidad máxima permitida igual o superior a 200 habitantes/ha.), los resultados arrojaron que ya no existen terrenos aptos para la construcción de proyectos habitacionales para vivienda económica o social, situación que amenazaría la políticas de integración social. Todo esto producto del efecto de la fijación de los límites urbanos, lo cual genera escases del territorio edificable, aumentando su valor, y lo que lleva siempre a una nueva ampliación de estos para alcanzar una nueva disminución de sus precios. Más allá de la poca disponibilidad de suelo, también existen barreras que impiden la aplicación de las políticas de integración social. Las condiciones para el desarrollo de las hectáreas disponibles deben cumplir con ciertas condiciones para su desarrollo, entre ellas es que se debe destinar un 8% del total del suelo (de al menos de 60 hectáreas) específicamente a la vivienda social, lo cual no permite desarrollar los proyectos de integración social definidos por el MINVU, ya que estas requieren 30% de viviendas sociales y un 30% de viviendas para sectores emergentes y medios, las cuales no están contempladas. La mezcla de usos y grupos sociales favorece la inclusión, ya que enriquece la vida urbana, permitiendo la realización de actividades a distintas horas y favoreciendo el control social sobre la zona, por lo tanto la densidad sería una solución posible a la escazes de suelo y a la falta de integración. La única forma de contrarrestar el crecimiento en expansión y evitar un aumento de la segregación, es a través de una mejor gestión del suelo al interior de la ciudad. A pesar que no existan terrenos disponibles para la construcción de vivienda social, sí existen barrios deteriorados que tienen buena infraestructura, con sistemas de evacuación de aguas lluvias, servicios consolidados y con buena infraestructura vial, que además permitirían evitar el abuso y aminorar la dependencia del automóvil. Sin embargo, para esto se requiere de la intervención del Estado a través de la modificación de las barreras normativas de la vivienda social, de la modificación de los esquemas de tributación territorial y de subsidios. En definitiva, de una política urbana de planificación territorial que sea capaz de abordar las necesidades de la ciudad, promoviendo que las ciudades no solo se desarrollen en extensión, sino también incentivando al mismo tiempo la densificación y renovación de barrios deteriorados y de esta manera evitar el crecimiento indiscriminado y los incentivos al aumento de la segregación.