Defendamos la ciudad

En un año que en Chile se define la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), la atención sobre lo que ocurre en términos de planificación y ordenamiento de nuestras ciudades, aumenta considerablemente. Un tema particularmente sensible en una metrópolis como Santiago, son las áreas verdes, donde con 3,4 m2 de áreas verdes por habitante —según informe del Ministerio del Medio Ambiente (2011)— nos encontramos en una situación deficitaria respecto de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sugiere la existencia de 9 m2 por habitante. Las áreas verdes en Santiago son un claro reflejo de la desigualdad y segregación existente en nuestras ciudades, lo que queda de manifiesto si consideramos los datos de comunas como Vitacura, que presenta la mayor superficie de áreas verdes por habitante (56,2 m2/hab), versus El Bosque (1,8 m2/hab). Resulta preocupante que las políticas de desarrollo urbano que se están llevando a cabo, respondan más a los intereses del sector privado, como lo han manifestado en reiteradas ocasiones diversos actores, tales como organizaciones ciudadanas, académicos y representantes del Colegio de Arquitectos; y no a la calidad de vida y bienestar de la población, hecho que contribuye a seguir aumentando la brecha de desigualdad en materia ambiental. Sólo en la Región Metropolitana de Santiago, 15 mil hectáreas de parques perdieron el estatus de bien de uso público, lo que significa que los terrenos fiscales podrían ser enajenados, en tanto, los terrenos pertenecientes a particulares podrían ser en el futuro edificados. Esta modificación es una de las causantes del actual estado de incertidumbre de una cantidad importante de terrenos destinados a áreas verdes.Actualmente existen dos situaciones vinculadas que tienen en suspenso los avances en materia ambiental. La primera de ellas es la modificación del artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, realizada en 2004, por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). Esta modificación trata sobre el término de las “declaratorias de utilidad pública de los terrenos destinados a vías expresas, troncales, colectoras, locales y de servicios y parques intercomunales y comunales, incluidos sus ensanches” (Dictamen Nº 48.676 Contraloría General de la República, del 28 septiembre 2004), establecidos en los planes reguladores. En concreto, esto se traduce en que sólo en la Región Metropolitana de Santiago, 15 mil hectáreas de parques perdieron el estatus de bien de uso público, lo que significa que los terrenos fiscales podrían ser enajenados, en tanto, los terrenos pertenecientes a particulares podrían ser en el futuro edificados. Esta modificación es una de las causantes del actual estado de incertidumbre de una cantidad importante de terrenos destinados a áreas verdes. Vinculado a lo anterior, la segunda situación se relaciona con la modificación al Plan Regulador Metropolitano de Santiago (conocido también como PRMS 100), instrumento en elaboración desde el año 2006 que propone ampliar el radio urbano en 10 mil hectáreas, las que actualmente tienen uso agrícola. A fines de julio, este proyecto fue retirado de Contraloría, luego que más de 60 organizaciones ciudadanas, junto a la directiva del Colegio de Arquitectos, solicitaran dos meses antes al ente contralor, el rechazo de la expansión urbana de Santiago. Su solicitud fue respaldada con documentos que aluden a la serie de irregularidades que la iniciativa presenta. Esta discusión se da en el marco de las valorizaciones ambientales y del cuestionamiento de seguir profundizando las malas condiciones ambientales en que viven los santiaguinos, debido al inevitable aumento de los viajes motorizados, la emisión de contaminantes y, por ende, la contaminación ambiental. Otro factor que entra a jugar en esta situación, dice relación con la puesta en vigor de la Ley 20.417 (2010), la cual además de crear una nueva institucionalidad ambiental, incorpora un nuevo proceso de Evaluación Ambiental Estratégica para los instrumentos de planificación territorial, de manera de incorporar la variable ambiental en la planificación urbana. En base a esta nueva normativa, diversos sectores han exigido que el PRMS 100 sea sometido a Evaluación Ambiental Estratégica, ya que otorga la posibilidad de estudiar y trabajar debidamente el Plan Regulador que ordenará el territorio metropolitano, donde las áreas verdes juegan un rol fundamental en la calidad de vida y la salud de los habitantes de Santiago. Los elementos aquí expuestos, dejan de manifiesto la necesidad de un gobierno metropolitano, capaz de integrar las distintas dimensiones de la ciudad para avanzar hacia un desarrollo sustentable. Es absolutamente exigible una administración democrática y transparente, donde este tema tan sensible para la ciudadanía sea tratado de manera inclusiva, con la participación de todos los actores involucrados, poniendo el foco en construir una ciudad amable, sustentable y verde.