Defendamos la ciudad

El episodio de la ministra Benítez, quien se hizo famosa al criticar muy suelta de cuerpo el fallo de la 5ª Sala de la Corte Suprema en contra de la central termoeléctrica Castilla de la empresa MPX, es uno más de los tantos malos comportamientos del actual gobierno, el que se ve agravado porque varios altos funcionarios de la Administración, cuyas oficinas están en el Palacio de La Moneda, la han apoyado sin reservas invocando la libertad de expresión garantizada que tenemos todos los ciudadanos. La locuaz colaboradora de Piñera se excedió brutalmente en sus dichos porque llegó a decir que en materias “técnicas” sólo la institucionalidad ambiental tiene competencia para resolver, lo que es una falacia para aquellos que conocemos las prácticas y, digámoslo con claridad, el prontuario de la ex CONAMA y del actual Ministerio del Medio Ambiente, organismos que siempre se han esforzado para apoyar en las tramitaciones de los permisos al sector empresarial, en perjuicio de las comunidades. No podemos perder de vista el vergonzoso caso de la termoeléctrica Campiche de la norteamericana AES Gener que contó con una rbesolución de Calificación Ambiental.Favorable de la ex Corema de la V Región de Valparaíso, a pesar de que la edificación estaba emplazada en un terreno área verde, definido como tal tanto en el instrumento regulador urbanístico regional como en el comunal de Puchuncaví. Este “detalle” que hacía legalmente inviable el proyecto, estaba en conocimiento pleno de todos los miembros de esa ex Corema. Recordemos que la Corte Suprema había declarado su ilegalidad, al igual que la Contraloría General de la República y si hoy en día esta planta está en operaciones se debe exclusivamente a la intervención de un ex embajador de EEUU, quien presionó indebidamente a las autoridades de entonces para que éstas cambiaran el marco regulatorio, lo que solícitamente hicieron un 31 de diciembre, cuando todo el país estaba preparándose para celebrar la llegada del nuevo año. Ahora bien, el mundo empresarial está preocupado por lo que ellos llaman “judicialización” de los proyectos que son evaluados ambientalmente. Pero no dicen que la Justicia ha tenido que dejar sin efecto varias iniciativas de inversión porque sus titulares han sido negligentes en las tramitaciones, los funcionarios han sido obsecuentes y porque los jueces han corroborado los tráficos de influencia detectados oportunamente por los afectados de esos contaminantes proyectos. Volviendo al caso de Castilla del brasileño dueño de MPX, quien se enojó con la contundente sentencia judicial, llama la atención que los dardos de los indignados grupos de poder chilenos están dirigidos en contra del juez Sergio Muñoz, presidente de la Sala que tuvo el deber de fallar en derecho, aunque sus integrantes sabían que esta decisión significaba postergar por un buen tiempo una millonaria inversión privada orientada a entregar energía a las compañías mineras del norte. Las imprudentes declaraciones de la ministra en el diario El Mercurio, compartidas por el establishment, tenían como objetivo principal amedrentar al Poder Judicial, lo que no se consiguió a la luz de la enérgica respuesta de los ministros de la Suprema, quienes en su declaración pública hicieron notar la diferencia entre la legítima crítica y la intromisión indebida e inaceptable hecha por la secretaria de Estado quien se aventuró a afirmar que la sentencia judicial incurría en errores (sic). Ante la paralización del proyecto Castilla su titular tendrá dos caminos: se va con sus miles de millones de dólares a otros países o bien contrata a competentes profesionales que estén en condiciones de presentar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental cuyas emisiones sean, a lo más, verdaderamente “molestas” y no “contaminantes” para que así se respecte el texto constitucional que nos garantiza el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Debemos tener presente que la misma Constitución dice que es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y todos debemos acatar este mandato de superior jerarquía aunque su aplicación deje en entredicho los proyectos de algunos privados acostumbrados al laissez faire. Ahora esperamos que, con la puesta en marcha de los tribunales ambientales, prevista para diciembre próximo, sus miembros tengan el mismo celo profesional demostrado por los ministros de la Corte Suprema. Por último, una consideración de fondo: si en nuestro país tuviéramos legislaciones de ordenamiento territorial y de manejo integrado de cuencas hidrográficas posiblemente esta columna no se habría publicado.