Defendamos la ciudad

En días pasados, con abundante despliegue de prensa, el presidente Piñera con el ministro de Desarrollo Social, ex Mideplan, felices anunciaban que en el gobierno actual se había reducido la pobreza, ello gracias a las efectivas políticas sociales implementadas a partir de marzo de 2010, asunto que ha sido desvirtuado con datos y procedimientos a la vista revelados por los ministros sectoriales del gobierno de Bachelet y por varios renombrados especialistas de la plaza. Ahora bien, haciendo honor a su nombre, el Centro de Investigación Periodística (Ciper) entró al ruedo de esta interesante y controvertida discusión pública y debido a sus recientes publicaciones todos los ciudadanos interesados en la materia han conocido en detalle los vericuetos de la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), que mide los niveles de pobreza, la que, digámoslo con claridad, se ha reducido enormemente en los últimos 20 años. Sus ágiles periodistas entrevistaron al profesional Andrés Hernando, hoy renunciado a su cargo de Jefe de Estudios del Ministerio de Desarrollo Social, quien muy molesto declaró, entre otras cosas, que él se sentía utilizado por Lavín porque, de acuerdo a su discernimiento estadístico, la pobreza en Chile comparando la cifra actual con la anterior de 2009, no había disminuido. En sus afirmaciones se refirió a la CEPAL, organismo internacional dependiente de las Naciones Unidas que quedó mal parada en este episodio, razón por la cual el funcionario jefe encargado del tema se vio en la obligación de renunciar con elástico a su cargo. Recordemos que con la polémica variable “y11” la pobreza que entonces era del 15,1 % bajó por arte de magia al 14,4%, guarismo éste que fue objetado en un seminario llevado a cabo en el Centro de Estudios Públicos (CEP) por el economista de la Universidad de Chile que tuvo a su cargo la preparación de la cifras. En ese encuentro entre expertos, según comentarios de prensa, el ministro Lavín no defendió como era su obligación el método utilizado por su ministerio. En Conferencia de Prensa del domingo 2 de septiembre reciente, Lavín en compañía de la subsecretaria de su ministerio, despotricó en contra de todos aquellos que osaron poner en duda las cifras entregadas por él, señalando que solo existió un intercambio de opiniones “técnicas” con la CEPAL y que, por lo tanto, eran infundadas y apresuradas las objeciones formuladas por políticos de la Concertación. Es más, llegó a decir que sus críticos estaban molestos por este estupendo resultado obtenido por un gobierno de derecha. Pues bien, está claro que los funcionarios públicos, en ningún país del mundo, pueden mentir y por ello traemos a colación lo sucedido con la explotación comercial de la Universidad del Desarrollo (UDD), uno de cuyos socios fundadores era el mismo Lavín en compañía de políticos de su mismo partido. Esta universidad privada, de acuerdo al marco legal, es una corporación de derecho privado sin fines de lucro y las personas jurídicas que son dueñas de la misma son sociedades de inversión, inmobiliarias y de otros tipos, las cuales durante muchos años lucraron a destajo con los servicios y contratos formalizados con esa casa de estudios superiores. Muchos reprocharon a Lavín, como co-dueño de esa universidad, su afán de lucro a través de la Sociedad Inmobiliaria Ainavillo, sobre todo en el período en que ejerció el cargo de Ministro de Educación y hasta donde sabemos, él nunca demostró con documentos a la vista que ni esa empresa ni las otras controladoras de esa universidad no obtenían ganancias pecuniarias y que las utilidades resultantes eran todas reinvertidas en las labores propias de la educación. Hace 11 años atrás, cuando Lavín había decidido no postularse para continuar siendo alcalde de Las Condes, la influyente Prelatura del Opus Dei demolió ilegalmente 2 casonas de Conservación Histórica localizadas en la Av. Presidente Errázuriz 4114 y 4144, esquina de la calle Burgos en la comuna de Las Condes. En el terreno resultante de la fusión de los 2 predios en donde se emplazaban esas tradicionales viviendas de estilo, se construyó un edificio que acoge a las máximas autoridades de esa organización religiosa católica. Con esta mala práctica privada, avalada en los hechos por el activo supernumerario Joaquín Lavín, conocedor como ninguno, por razones obvias, de las normas urbanísticas de Las Condes, se buscaba sólo disponer de un terreno en un sector de privilegio a un precio más barato que el de mercado. Luego, se incurrió en una ilegalidad para satisfacer el lucro de quien deseaba edificar, lo que fue consentido por los obsecuentes funcionarios municipales de Las Condes, cuyo alcalde Francisco de la Maza había sido la mano derecha de Lavín cuando éste compitió en las presidenciales con Ricardo Lagos. Varios vecinos, incluyéndose al suscriptor de esta columna, denunciaron el caso ante la Contraloría General de la República (CGR), ente fiscalizador que en su extemporáneo y completo dictamen Nº 35.145 del 10 de septiembre del 2002 resolvió que todo lo “autorizado” había transgredido la Ley y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y por si fuera poco, también la Ordenanza del Plan Regulador Comunal de Las Condes. Si algún lector desea imponerse de lo relatado, puede acceder a la página web de la CGR y digitando el número y año del dictamen, conocerlo en toda su dimensión, ya que por estarse ante un nuevo hecho ilegal consumado, de los tantos que se conocen pero se callan, solo quedaba hacer efectivas las responsabilidades administrativas derivadas de la bribonada municipal. Nunca hubo sumarios y nadie dijo nada para no incomodar a la Prelatura. En resumen : 1) en el caso de la Casen, veremos en el transcurso de esta semana quien tiene la razón, con lo cual sabremos quién mintió, 2) en el asunto de la universidad privada es evidente que la que lucra no es ella, sino las sociedades mercantiles que succionan de la misma los excesivos fondos por servicios entregados : así se diseñó este modelo de negocio y 3) respecto de la operación Opus Dei, con su comportamiento silente Lavín fue cómplice del pésimo proceder de su aliado político Francisco de la Maza.