Defendamos la ciudad

Años atrás, a solicitud de vecinos, denunciamos en la Contraloría General de la República el deseo de la empresa Metrogas de instalar una planta de respaldo de gas propano en la Zona de Preservación Ecológica, específicamente en la comuna de Peñalolén, del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), ello por cuanto en ese territorio rural no se admitía el emplazamiento de esa peligrosa actividad industrial. Tiempo después el ente fiscalizador determinó que esa iniciativa era ilegal, lo que era sabido por todos aquellos que se desenvuelven en el tema, y para “solucionar” dicho inconveniente ya que la construcción, como un nuevo hecho consumado, se materializó, el ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), como habitualmente lo hace en las ocasiones en que se detectan sus malas prácticas, modificó la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), con lo cual extemporáneamente se homologó la legalidad de esa planta, la que en todo caso no funciona por carecer de las patentes municipales de rigor. El hospital Dipreca de Carabineros se localiza en la zona alta de la comuna de Las Condes y a principios de este año sus imprudentes autoridades permitieron que la empresa Mall Plaza, que demolió un establecimiento educacional situado a unas cuadras más abajo, arrojara en el terreno fiscal que ocupa dicho hospital una gran cantidad de escombros, situación vergonzosa que le representamos personalmente, en conjunto con lo dirigentes sindicales, al director de esa institución pública de salud. En seguida nos reunimos con José Ignacio Pinochet, Seremi de Medio Ambiente, para que este servicio del Estado fiscalizara in situ el daño ambiental provocado por esa conocida empresa privada de retail. Al anterior le solicitamos que, tan pronto sus inspectores verificaran la destrucción de la naturaleza en ese territorio fiscal, trasladara los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que este organismo presente las acciones legales correspondientes en contra de los responsables, ya sea personas jurídicas como personas naturales. Una organización religiosa está edificando en la parte alta de la comuna de Peñalolén el templo Bahaí, contando para ello con una Resolución Favorable de Calificación Ambiental de la ex Corema totalmente trucha, en razón a que el acceso vial al mismo es insuficiente por la carga de ocupación de ese tipo de equipamiento que contempla más de 180 estacionamientos para sus fieles. La irregularidad anterior fue dictaminada por la Contraloría General de la República y por ello, con los vecinos que hicieron oportunamente los reclamos, recientemente entregamos los antecedentes al mismo Seremi de Medio Ambiente con el propósito de que investigue lo acontecido en su dependencia técnica. El Centro Nuclear de La Reina, administrado por el Ejército, está situado en la parte alta de la comuna de Las Condes y hace unos 7 años la Fundación Defendamos la Ciudad se opuso en la Contraloría a que se redujera el radio de protección del mismo. Unos privados, apoyados por el municipio, deseaban que sus terrenos afectados por ese resguardo urbanístico quedaran liberados para que así se incorporaran al mercado del suelo. No fue posible mantener la distancia de ese radio porque la Contraloría sucumbió ante las peticiones a ella formuladas por quienes querían obtener ganancias económicas. Hace unos 3 años , en conocimiento que la Municipalidad de La Reina estaba modificando su Plan Regulador Comunal (PRC), le hicimos notar a ella misma y a la Seremi de Vivienda y Urbanismo, autoridad del gobierno central que le da curso o rechaza estos instrumentos de regulación urbana, que incorporara las afectaciones respectivas en los sectores adyacentes a la traza de la falla geológica activa de San Ramón, cuya existencia era y es conocida desde hace muchos años por la comunidad científica y por todos aquellos funcionarios públicos que se desenvuelven en el ámbito territorial. Ni esa municipalidad ni la autoridad de mayor rango se atrevieron a hacer lo que les correspondía y por ello, con diversos grupos de la sociedad civil exigíamos con majadería a través de la prensa que se iniciaran los estudios para que la población estuviera mejor preparada ante el evento de un movimiento sísmico derivado de esas grietas inversas que corren, entre los ríos Mapocho y Maipo, en la parte oriente de la región metropolitana. Como consecuencia de las presiones ciudadanas finalmente el Minvu le pidió a la consultora Burr y Bórquez y a los expertos de la Universidad de Chile que iniciaran la investigación geológica correspondiente y el resultado del mismo se conoció en días pasados : se concluyó que tenemos riesgo sísmico, aunque no se puede asegurar su ocurrencia en una fecha estimada. Todos los hechos anteriormente anotados y representados en su oportunidad se han producido en comunas del sector oriente por donde pasa la traza de la falla. Ahora corresponderá incorporar en los PRC de Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto las disposiciones reglamentarias respectivas para así reducir los riesgos en la población. En esta ocasión y por la evidencia advertida por los especialistas, esperamos que el Minvu, desatendiendo las presiones del sector de la construcción, actúe con responsabilidad para que el ordenamiento territorial tenga un sesgo preventivo.