Defendamos la ciudad

A pesar de que en ocasiones anteriores ya hemos hablado acerca de las tremendas consecuencias en la trama urbana derivadas del megaproyecto Costanera Center y de sus infinitas irregularidades cometidas en la tramitación de los permisos, nos vemos obligados a escribir nuevamente para poner las cosas en su justo lugar a raíz de declaraciones públicas de algunos personeros. En efecto, Cristián Labbé, alcalde de Providencia, impulsor acérrimo del megaproyecto, ha dicho urbi et orbe que su municipio ha cumplido escrupulosamente con todas las normas fijadas en nuestro ordenamiento para este tipo de intervenciones en la ciudad. Asimismo criticó a los ex presidentes Lagos y Bachelet, quienes oportunamente apoyaron este negocio inmobiliario privado porque, empleando sus palabras, "se mantienen silentes" ante la ola de invectivas proferidas en contra de esa construcción. Con desconocimiento, respecto de las materias de Vivienda y Urbanismo, pero reconociéndole su sólida capacidad técnica en los asuntos de transportes, el ingeniero Louis de Grange, manifiesta lo mismo que dicho alcalde en orden a que todos los permisos están correctamente otorgados, pero sí agregando que no hay que mirar para atrás porque es indispensable buscar soluciones que atenúen los impactos viales que se generarán. El ingeniero Leonardo Basso, presidente de la Sociedad Chilena de Transportes (SOCHITRAN), uno de los profesionales más capacitados en su especialidad, refiriéndose a los problemas viales que se acrecentarán en la zona con la puesta en marcha de ese gigante egoísta señaló : "No es posible que los proyectos de impacto vial se presenten cuando las obras ya comenzaron. Eso demuestra que con el actual sistema la institucionalidad no funciona, está fallando" (sic). Al ingeniero le contestamos de inmediato señalándole que la institucionalidad no falló, sino que la Dirección de Obras de Providencia consintió en que se iniciaran las faenas y se cursara posteriormente el permiso de edificación saltándose la exigencia de contar previamente con el estudio vial. Este megaproyecto inmobiliario es el más grande que se ha hecho en la historia del país, aprovechando las muy permisivas normas de edificación contenidas en el Plan Seccional CCU impuestas por el gobierno del general Pinochet para el terreno de 4,5 hectáreas en donde se construye. Por su altísima carga de ocupación debía someterse a ciertos estudios que a continuación damos a conocer. Pues bien, en las zonas declaradas latentes o saturadas, como es el caso de esta región, los proyectos inmobiliarios de cierta envergadura, de acuerdo a la letra h) del artículo 10º de la Ley Nº 19.300, deben ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ya sea a través de una "Declaración" o de un "Estudio", dependiendo de los efectos, características o circunstancias de esas intervenciones en la trama urbana. Sabemos que las obras de esos proyectos se pueden iniciar única y solamente cuando cuenten con una resolución de calificación ambiental favorable cursada por la autoridad competente, ello acorde al mandato del artículo 8º de la ley invocada. Ahora bien, este megaproyecto que considera una construcción de 689.553 metros cuadrados, con una inversión privada del orden de los mil millones de dólares inició sus faenas el 3 de marzo de 2006 con una simple Declaración de Impacto Ambiental aprobada vía Resolución Exenta Nº 537/2001, es decir, acto administrativo cursado el año 2001, cuando el proyecto era sustancialmente más reducido en términos de metros cuadrados. Como hemos visto, el proyecto se inició sin un permiso de edificación, con lo cual se infringió gravemente la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y el que se obtuvo un año después, Nº 71-A07 del 30 de marzo de 2007, adolece de varias ilegalidades, por una de las cuales, la Contraloría General de la República sancionó a los 3 arquitectos funcionarios de la Dirección de Obras que intervinieron en la tramitación de ese permiso porque no se habían fusionado los distintos predios que originaron el resultante. En uno de estos sitios, indispensable para la consecución del Costanera Center, enfrentando la Av. Vitacura, se emplazaba el colegio municipal de niñas "Tajamares", hoy demolido, comunidad de estudiantes que por imposición del empresario fue reasentada en otro lugar de la comuna de Providencia. Instamos a los interesamos en esta materia que revisen la letra c) del artículo 11º de la Ley Nº 19.300 para validar el aserto en orden a que ese proyecto necesariamente debía ser sometido a un riguroso Estudio de Impacto Ambiental, el que, entre otras cosas, contempla la democrática participación ciudadana aunque no sea vinculante. De acuerdo al mandato de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) para que las Direcciones de Obras aprueben un permiso de edificación, los titulares de los proyectos que consideren más de 150 y 250 estacionamientos, si son de oficinas o residenciales, respectivamente, deben someterlos a un Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) y con sus autorizaciones, por parte del Seremi de Transportes, podrán obtener los permisos de edificación. En este caso, el EISTU se obtuvo en el año 2009, es decir, 3 años después de que se hubieran iniciado las faenas, con el agravante de que las medidas de mitigación vial, de exclusiva responsabilidad pecuniaria del empresario, se exigieron al goteo. El proyecto cuenta con 5.600 estacionamientos, lo que ha sido criticado por los especialistas, porque esta gran cantidad de espacios para vehículos es la que producirá los atochamientos en las calles circundantes. Afortunadamente, y por ello la columna tiene este título, para determinarse el número de estacionamientos se violó el artículo 7.1.2.9 de la Ordenanza del PRMS, instrumento que fija los estándares de estacionamientos según los destinos y metros cuadrados útiles de las edificaciones. Si Costanera Center se hubiera adscrito a la normativa vigente debió haber construido más de 10.000 estacionamientos, con lo cual se habría sobredimensionado el problema de los tacos ad portas. Pero también no ejercieron sus roles las autoridades del gobierno pasado que ejercían en el Minvu, ex CONAMA, Ministerio de Transportes y MOP porque, invocando supuestas incompetencias sectoriales, no asumieron en plenitud sus responsabilidades como funcionarios públicos de verdad. En síntesis, Labbé fue muy complaciente con Paulmann y por ello ahora la ciudadanía tendrá que asumir los costos de la improvisación y del laissez faire.