Defendamos la ciudad

En las noticias nocturnas del canal de televisión TVN del miércoles 29 de febrero vimos un interesante reportaje que se hacía sobre la construcción de un invasivo y moderno mall en la ciudad de Castro, provincia de Chiloé. En esta antigua ciudad destacan los palafitos, el mercado, y la iglesia Apóstol Santiago, declarada Monumento Nacional. El juguetito de marras, que no tiene nada que ver con dicha ciudad, se llama “Paseo Chiloé” y sus inversionistas intentan inaugurarlo en noviembre de 2012. El conductor del programa entrevistó al alcalde de esa tradicional ciudad y a una directora nacional del Colegio de Arquitectos de Chile y de sus respuestas quedó de manifiesto que estamos ante un nuevo hecho ilegal a consumarse si las autoridades competentes mantienen sus prácticas de no exigir a los más importantes actores del mercado inmobiliario el cumplimiento del marco regulatorio : estamos hablando de la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y del Plan Regulador Comunal respectivo. El alcalde, con cierta incomodidad, reconoció en cámara que la altura de la mole y los metros cuadrados construidos excedían las autorizadas en el permiso de edificación y aseguró que, por ello, su municipio ya había cursado unas multas al Juzgado de Policía Local. También manifestó que la construcción se está ejecutando sin que el Seremi de Transportes de esa región haya autorizado el Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU), a pesar de que este requisito es necesario para que se otorguen los permisos de edificación de aquellos proyectos que consultan ciertas cantidades de estacionamientos. En la edición de El Mostrador del jueves 1º de marzo se publicó un artículo sobre lo mismo, en donde se entregan mayores y contundentes informaciones, una de las cuales es la declaración pública de dos destacados arquitectos de la zona, quienes fundadamente critican esta edificación que rompe la escala y estilo de la ciudad que es la tercera más antigua de Chile. Se fundó en 1567. Por las innumerables violaciones a la ley provocadas por el titular del proyecto, la avasallada Dirección de Obras Municipales intentó paralizar las faenas, pero la arrogante empresa constructora, desobedeciendo abiertamente esa instrucción, continúa campante haciendo lo suyo creyéndose dueña del mundo y por ello cunde la indignación en las redes sociales en donde se observan muchas fotografías de esta barbaridad arquitectónica. Entre otras cosas, el sobrepasado alcalde Nelson Águila, argumenta “tememos que esto aumentará el colapso vial” con lo cual queda en evidencia que allá en el sur también tienen su propio Costanera Center. Los arquitectos Edwin Rojas y Eugenio Ortúzar, los mismos que emitieron la declaración pública remataron sus dichos así : “No tiene nada que ver con la ciudad.Es un edificio internacional, un clásico mall que no tiene nada que ver el patrimonio, la arquitectura, la madera y con lo que ha sido el gran soporte urbanístico cultural. Es como un platillo volador, un misil que le cayó a la ciudad.Este no es un mall es un mal para la ciudad”. Obviamente compartimos esta certera apreciación de profesionales que se desenvuelven en el ámbito de la arquitectura sustentable y del urbanismo, disciplina esta última que nunca le ha interesado a los políticos de nuestro país. Desde esta tribuna le hacemos un llamado a las más altas autoridades sectoriales para que se aplique inmediatamente el artículo 148º de la Ley correspondiente que le otorga atribuciones a los alcaldes, previa petición del Director de Obras, para que decreten la demolición de toda construcción que no cumpla con las disposiciones legales. En el evento de que el alcalde Nelson Águila sienta temor de firmar ese decreto, por las posibles consecuencias de su correcto proceder, invitamos al Seremi de Vivienda y Urbanismo que, conforme al artículo 157º de esa misma ley, ordene la paralización de las obras ilegales, con el auxilio de la fuerza pública, tal como le gusta al ministro del Interior para mantener el orden público. Y enseguida proceda a demoler todas las construcciones que contravienen el permiso de edificación y por lo tanto las normas del Plan Regulador Comunal. Estaremos atentos al desarrollo de los hechos y veremos si las instituciones del Estado se atreven a ejercer sus atribuciones legales. Si éstas siguen mirando para el lado y muy temerosas optan por la repulsiva política del laissez faire, querrá decir que nuestro querido país ya llegó a un punto de no retorno.