Defendamos la ciudad

Señor director: Se han publicado cartas y reportajes sobre lo acontecido con el Palacio Pereira, en los cuales se ha criticado la institucionalidad que vela por el cumplimiento de la Ley Nº 17.288 de Monumentos Nacionales. Es un hecho que un empresario compró, en 1981, el terreno en donde se encuentran los restos de esta otrora magnífica edificación. En el último tiempo, un arquitecto presentó en la Dirección de Obras de Santiago un anteproyecto que contemplaba una torre de 22 pisos en el espacio libre interior del palacio, el cual fue rechazado por una disposición municipal contenida en el Plan Regulador Comunal (PRC), que resguardaba una casona de conservación histórica, colindante con el sitio de marras. La propuesta del privado fue aceptada por el Consejo de Monumentos Nacionales, dado que existía el compromiso de recuperar, por cuenta de ese privado, dicho palacio en ruinas. El director de obras de Santiago y la Seremi de Vivienda y Urbanismo se oponían al levantamiento de la torre, conforme al mandato reglamentario del artículo 27º del PRC. Sin embargo, la Contraloría General de la República, haciendo valer la mayor jerarquía de la Ley del Consejo de Monumentos Nacionales, obligó a ambas funciones de la administración a cursar los permisos para construir. Si no hubiera sido por la decisión del gobierno, que compró el 30 de diciembre de 2011 lo que queda del palacio, la administración del Estado estaba obligada -ya que los dictámenes de la Contraloría son vinculantes- a otorgar los permisos para que se construyera esa torre de 22 pisos . Valoramos la solución, porque así tendremos pronto este palacio restaurado, en la forma de una edificación nueva, y a escala del mismo.