10 Enero 2012

Dunas de Concón

Columna de opinión de Patricio Herman de Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en Estrategia ell 09 de enero de 2012.

La Municipalidad congeló las solicitudes de permisos de edificación en el territorio que será nuevamente Santuario. Ya se ha dicho casi todo sobre el conflicto derivado de la reducción a 12 has de la superficie de este Santuario de la Naturaleza, decretada en marzo de 1994, por decisión del gobierno de la época: eran 50 has por acuerdo del 5 de agosto de 1993 del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). Se argumentó en aquella época que el dueño del territorio afectado tenía deudas con el INP y que, para asegurarse el pago de las mismas, era necesario que el predio mantuviera la aptitud urbana. El campo dunar de Concón tiene una superficie aproximada de 150 has y, en la actualidad, por un acuerdo público-privado llevado a cabo hace seis años, la protección patrimonial alcanza a las 19 has. La comunidad del sector, apoyada por los parlamentarios de la V Región, exige que se retrotraiga la situación para que dicho Santuario involucre a las originales 50 has y el gobierno, según expresiones de la ministra de Medio Ambiente, está dispuesto a expropiar a sus actuales propietarios ese prístino y ondulado territorio costero. Dicha expropiación debería llevarse a cabo tan pronto esas 50 has ya estén protegidas legalmente. Nos pareció atinada la decisión de la Municipalidad de Concón que acaba de congelar las solicitudes de permisos de edificación en el territorio que será nuevamente Santuario y ahora falta sólo que la Seremi de Vivienda de esa región informe favorablemente la medida municipal. Para conocer el estado de pago de la deuda que mantendría el propietario de las dunas, conforme a la Ley Nº 20.285 de Transparencia, recientemente le pedimos al director del IPS, continuador del INP, que nos responda una serie de interrogantes, ya que la opinión pública desconoce qué fue lo que sucedió con esas garantías hipotecarias, más aún si el asesor jurídico del CMN de entonces, mediante sólidos fundamentos legales, recomendó no acceder a la petición del otrora INP.



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