Defendamos la ciudad

Es oportuna la expresión latina del título, a la luz del episodio que estamos viviendo con ocasión del nombramiento de dos consejeros en el Consejo para la Transparencia, ya que Raúl Urrutia, su presidente y Juan Pablo Olmedo, su ex presidente, cumplen el 28 de octubre próximo su período por el cual fueron nominados y ratificados, por el gobierno anterior y el Senado, respectivamente. Los impulsores de la ley que le garantiza al pueblo conocer las decisiones de aquellos que ejercen el poder político fueron los senadores Hernán Larraín y Jaime Gazmuri, quienes -hace unos años atrás- aprovechando la oportunidad que les brindó un enérgico dictamen de la Contraloría que declaró la ilegalidad de un montón de resoluciones y decretos que consagraban la reserva y el secreto en determinados servicios públicos, tomaron la iniciativa de promover esta excelente ley Nº 20.285 publicada en el Diario Oficial el 29/08/08 Pero el gobierno de Piñera, por el buen desempeño que ha tenido este servicio público a favor de la transparencia y probidad, por parte de la Administración del Estado, perfectamente podría haberles renovado su confianza a ambos abogados para que continuaran desempeñándose como consejeros en esa institución, que le ha permitido a la ciudadanía tener acceso a miles de actos y actuaciones de la función pública, la que atávicamente se ha manejado con la lacra del secreto. Aparentemente porque Urrutia y Olmedo cumplieron a cabalidad sus roles como consejeros, el actual gobierno como represalia decidió no ratificarlos como tales, eligiendo sin consultarle a nadie a dos distinguidos abogados, uno de la derecha pinochetista y otro de la Concertación. Nos referimos a José María Eyzaguirre del Estudio Jurídico Claro y Cía. y Vice presidente del Cesco (Consejo Económico Social Comunal) de la Municipalidad de Las Condes y a Samuel Donoso, profesional litigante y avezado político del PPD. No cuestionamos los nombres de los preferidos por La Moneda, pero sí objetamos el procedimiento poco participativo empleado por los ministros que han intervenido en la elección de aquellos. Es más, si Piñera decididamente no quiere ni a Urrutia, ni a Olmedo, por los cuales tenemos una óptima opinión, nos hubiera gustado que en conjunto con las fuerzas vivas de la ciudadanía se hubieran consensuado los nombres de sus reemplazantes, los cuales no necesariamente tendrían que ser abogados, ya que la ley no exige que los consejeros lo sean. Asimismo el gobierno cometió el error de no elegir a una mujer como candidata a consejera. La opinión pública desconoce los antecedentes, méritos, experiencia en temas de transparencia y criterios que se tomaron en consideración para eligir a Eyzaguirre y Donoso. No hubo debate público dentro de un listado de nombres para ocupar dichos gravitantes cargos. En síntesis el gobierno actuó como los hacían los señores feudales, creyendo que los ciudadanos somos sus sumisos súbditos. Hemos sabido que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado ha citado para el 8 de noviembre próximo a los preferidos de Palacio, lo cual significa que durante un período de tiempo el Consejo para la Transparencia no podrá sesionar por falta de quórum, ya que Urrutia y Olmedo se desempeñan hasta el próximo 28 de octubre. El escenario que se presenta es incierto porque nos tinca que los nombres propuestos serán rechazados en la cámara alta, lo cual sería bastante complicado, no sólo para los afectados, sino para el normal desenvolvimiento de las instituciones. Sería otro traspié para Piñera y como nunca es tarde para enmendar los errores, sería beneficioso hacer un “borrón y cuenta nueva” y en un proceso rápido llegar a un acuerdo democrático para determinar los nombres de los futuros dos consejeros. Los preferiríamos independientes y autónomos, porque estamos en contra del bi nominalismo y que sean de ambos sexos. La voz de la sociedad civil informada y conocedora del tema fue expresada el lunes pasado en conferencia de prensa convocada por las fundaciones Pro Acceso, Ciudadano Inteligente, Defendamos la Ciudad y corporaciones Participa, Humanas, Genera y Ciudad Viva, quienes le pusieron una tarjeta roja al gobierno por no saber manejar esta situación. La transparencia en los asuntos públicos es una imperiosa necesidad, tal como lo ha dicho, entre otros, la OCDE y en una de esas, a esta altura, se podría producir un milagro. El gobierno perfectamente podría entrar en razón y confirmar a los consejeros Urrutia y Olmedo para que, aprovechando sus caminos recorridos y óptimo desempeño, continúen exigiendo el cumplimiento de la ley de acceso a la información pública, aunque les duela a los promotores del secretismo.