Defendamos la ciudad

El mentado y millonario Protocolo de Acuerdo, si bien estaba redactado en la Intendencia, nunca se firmó. Todos sabemos que el proyecto de modificación PRMS-100 que pretendía cambiar el uso de suelo de 10.500 hectáreas agrícolas en ocho comunas de la RM para transformarlas en urbanas, dentro de las cuales se contemplaban 2.500 hectáreas que serían áreas verdes, se sometió a votación en el Consejo Regional (CORE) en junio del año pasado y como el resultado fue negativo, el 30 de marzo de 2011 se votó nuevamente con un resultado favorable a los deseos del gobierno y, en especial, del ex intendente Fernando Echeverría. Las áreas verdes proyectadas en ciertos lugares tenían que ser materializadas y mantenidas, por los primeros cinco años, por aquellos privados que se iban a beneficiar con los cambios urbanísticos, y una de las críticas formuladas a esta política decía relación con la ausencia de responsables en la conservación permanente de las mismas. Para tranquilizar a los consejeros regionales que habían votado en contra de este proyecto el año pasado, el aludido ex intendente les aseguró a ellos y es más, lo anunció públicamente, que él como presidente del Gobierno Regional había firmado un Protocolo de Acuerdo con el ministro de Hacienda con el objetivo de recibir de la caja fiscal un monto de US$80 millones, suma de dinero que se utilizaría para mantener tales áreas verdes después de los cinco años. Gracias a esta gestión del ex intendente con el ministro Felipe Larraín, se convencieron cinco consejeros regionales de la Concertación (dos DC y tres PPD), votando a favor del proyecto en la segunda instancia, con lo cual se aprobó administrativamente la expansión urbana, la que fue rechazada en septiembre pasado por la Contraloría por una serie de motivos de forma y fondo. Pero es necesario resaltar que el mentado y millonario Protocolo de Acuerdo, que indujo a esos consejeros a apuntalar el polémico proyecto expansivo, si bien estaba redactado en la Intendencia, nunca se firmó, sin saber nosotros por qué no se concretó dicho convenio público.