Defendamos la ciudad

El lunes 19 de septiembre pasado el diario El Mercurio publicó un reportaje titulado “Gobierno agilizará permisos de edificación y reforma al sistema de mitigaciones viales”, informando a sus lectores que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) enviará al Congreso Nacional el primero de los proyectos en 30 días más y el segundo antes de fin de año. Conocedores de las normas y de las ingeniosas fórmulas que tienen algunos regalones del sector privado para infringirlas bajo visos de legalidad, después de haber leído en ese diario las características de los cambios legales anunciados, tenemos 2 posturas distintas. Por un lado, estamos en total desacuerdo con la virtual intervención de ese ministerio en las direcciones de obras municipales y, por otro lado, apoyamos la iniciativa legal para ordenar el despelote existente en el ámbito de los estudios viales y sus medidas para mitigar los efectos que generan en las calles las construcciones de alto impacto. Es más, nuestra fundación en reunión que sostuvo con el ministro Pérez Mackenna y sus 2 colaboradoras principales, una de las cuales viene directamente de la Cámara de la Construcción para asumir un alto cargo, como nos lo informó transparentemente el propio ministro, le hicimos notar a éste las trampas que se producen en la actualidad para evitar los llamados Estudios de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) insuficientemente regulados en el artículo 2.4.3. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y por ello, lo apoyamos en esta modificación. Veremos si los miembros del Parlamento tendrán la agudeza mental para comprender lo que subyace bajo esta descarada y disfrazada proposición que beneficia sólo al poderoso e influyente gremio de la construcción, poder fáctico de excelencia que tiene la habilidad para relacionarse siempre bien con aquellos que ejercen el poder político.Leímos en ese diario que el ministro sectorial habría expresado que la agilización de los permisos es una “materia anhelada por el sector de la construcción e inmobiliarias” (sic), lo cual todos sabemos, pero consideramos de mal gusto que la más alta autoridad sectorial de gobierno lo reconozca públicamente porque de ello se desprende que esa asociación empresarial es la que manda en el Minvu y que, ante tal vergonzoso escenario, su titular lo encuentre normal. Por lo dicho, a continuación formularemos nuestra oposición al deseo de la Cámara de la Construcción y de los grupos de interés para que las solicitudes de permisos de edificación sean aprobadas de manera express. Si llegara a prosperar este anhelo empresarial, significará que los Directores de Obras Municipales, santos que en general no son de nuestra devoción, quedarán indefensos frente al prepotente actuar inmobiliario. Las Direcciones de Obras serán absolutamente cooptadas en su autonomía y sus decisiones tenderán a ser más obedientes al mandato de los solicitantes de permisos asociados a cuantiosas inversiones. Los titulares de los anteriores son los actores privados que utilizan el teléfono para exigir que sus deseos mercantiles se transformen en actos administrativos. Recordemos que los directores de obras son funcionarios municipales que dependen administrativamente de los alcaldes, la mayoría de éstos últimos con desmedida vocación inmobiliaria por distintos motivos, y desde el punto de vista técnico, de los secretarios regionales ministeriales (seremis) de Vivienda. Es decir, si se aprueba la modificación legal ad portas, aquellos se desempeñarán amenazados y perderán sus atribuciones para rechazar los proyectos mal elaborados. Ahora bien, las modificaciones legales apuntan a resolver la presunta demora en la tramitación de los permisos de edificación, situación que se ha traducido en una sistemática campaña comunicacional emprendida hace años por el órgano gremial de la construcción mediante artificiosas encuestas para demostrarlo. Los diarios, receptores de sus millonarios anuncios promocionales, difunden esa “noticia” como un hecho cierto, ablandando así a una incauta opinión pública que, a rajatabla, cree todo lo que lee en esos medios. El ministro dijo que las Direcciones de Obras van a ser “ayudadas” en sus revisiones por profesionales particulares externos inscritos en registros públicos, pero es preciso destacar que los tres tipos de profesionales que se proponen ya existen en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC). Estamos hablando del revisor independiente de arquitectura, el revisor de cálculo y el inspector técnico de obra (ITO). Los revisores independientes de arquitectura, cuyos altos honorarios son pagados por el Estado, normalmente no constituyen una asistencia para las Direcciones de Obras. Muchos de ellos carecen de la rigurosidad que se espera, aunque hay otros tantos que son serios y competentes. En ocasiones anteriores ya hemos denunciado esta anomalía, la que se la expusimos verbalmente al ministro Pérez Mackenna. Respecto de los revisores de cálculo, las Direcciones de Obras no están obligadas, de acuerdo a la legislación vigente, a revisar los antecedentes proporcionados por ellos. Acerca de los Inspectores Técnicos de Obras, profesionales que intervienen sólo después del otorgamiento de los permisos, en la etapa de las construcciones, no tienen injerencia en la aprobación de aquellos. Por lo anterior, el objetivo único que visualizamos con la modificación legal anunciada, radica en una virtual intervención centralista en la autonomía municipal de las Direcciones de Obras. Se pretende amedrentar a los funcionarios municipales con el propósito de que procedan como “caja buzón” y a los que pretendan exigir el cumplimiento de la ley se les intimidará con el fantasma de los sumarios, por parte de los seremis de Vivienda, y con elevadas multas a beneficio fiscal. Como vemos, estamos ante una nueva y sofisticada campaña del terror. Asimismo, nos parecen desafortunadas las afirmaciones del ministro al expresar que estas modificaciones legales facilitan la labor de las Direcciones de Obras. Responsablemente afirmamos que ello no es así porque la actual normativa es muy clara en cuanto a los plazos para otorgar los permisos. Veremos si los miembros del Parlamento tendrán la agudeza mental para comprender lo que subyace bajo esta descarada y disfrazada proposición que beneficia sólo al poderoso e influyente gremio de la construcción, poder fáctico de excelencia que tiene la habilidad para relacionarse siempre bien con aquellos que ejercen el poder político. En todo caso lo que hemos relatado es similar, en cierto sentido, a que está haciendo un presuntuoso Comité Intergubernamental de Agilización de Proyectos de Inversión (CAI), dependiente del ministerio de Economía, conformado por cabilderos cuya misión es “destrabar” proyectos de inversión que no se ciñen a las exigencias legales. Como vemos, todo a favor de los negocios y nada en resguardo de las comunidades.