Defendamos la ciudad

La política de acuerdos 2.0 que nos interesa que se instale en nuestro país para beneficio común y de la democracia, obviamente que tiene que estar por encima de las fronteras que separan a la Alianza de la Concertación, que después de 20 de gobierno ha trazado desafíos de trascendencia, que debieran culminar con éxitos. En este sentido y para avanzar tras dicha meta, también vale la pena preguntarse y contestar sin eufemismos cuál es “la obra urbana de la Concertación” que reiteradamente sus voceros oficiales de entonces y varios de los actuales, nos han probado con hechos indesmentibles que van a defender, atrincherándose en sus respectivas y propias facciones partidistas. La repuesta es una sola: La ampliación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, signada como PRMS 100; que la Contraloría General de la República informó que “no se ajusta a derecho” (Dictamen 056032N11, de 05.09.2011), y que rápidamente la Secretaria Regional Ministerial del Minvu respectiva, se encargó de anunciar que se iba a volver a presentar una vez levantados los reparos. Lo cual, en definitiva, confirma que se trata de una obra perdurable; pero la que además de su carácter inmaterial y legal, impacta a casi 7 millones de residentes capitalinos, y que como tal, ha sido objetada por la ciudadanía, por expertos y por medios académicos desde el día mismo cuando la ex – Ministra Poblete le anticipó al Gobierno Regional que la iba a presentar. Hecho lo cual y durante el anterior gobierno, esta misma instancia gubernamental rechazó, pero que una vez repuesto por el Minvu el actual manejó que fuera aprobada por CORE, gracias a la acentuada dedicación del anterior Intendente, Sr. Echeverría, aunque como ahora se sabe, sin ajustarse a derecho. A primera vista, esta causal de rechazo, de incuestionable rigor, no dice lo increíblemente baladí que es la cuarentena de observaciones que la justifican, las que en dicho Dictamen se encuentran agrupadas en 13 párrafos numerados, y tal como basta con echarles una mirada para comprobarlo, se parecen a una verdadera “corrección de taller de urbanismo” a un trabajo profesional mal acabado, presentado por el Minvu. Ciertamente, esta acotación es un juicio de valor personal, que apunta a lo absurdo que resulta que se pierda tiempo y fondos públicos para llegar a tal inverosímil causal detallada de rechazo, originada en instancias de gobierno que se suponen idóneas, serias, y políticamente responsables. De antes y de ahora. En este sentido, valga recordar que según información de prensa, el propio Presidente Piñera felicitó al Intendente Sr. Echeverría cuando el CORE aprobó el PRMS 100; y también, desde luego, que en su Mensaje del 21 de Mayo de 2006, citado desde “Agenda Ciudades 2006-2010” en la página Web del Minvu de unos días después, la misma ex presidente Bachelet bien nos interpretaba a todos con lo siguiente: “Queremos ciudades bellas, amables, equitativas. Esto supone una política urbana, con sentido de territorio. Supone fortalecer la legislación e incorporar las variables ambientales y de integración social en los instrumentos de planificación territorial”. Auspiciar que Santiago se expanda con la excusa que el 8% de los terrenos “quitados a las lechugas” sea destinado a vivienda social, evidentemente que es una política que aumenta la segregación social existente en su ya distante y carenciada periferia urbana: Es actuar en sentido religiosamente opuesto al de este Mensaje Presidencial (la expresión sobre las lechugas, es del Sr. Pablo Allard, citado desde La Tercera). Por otra parte, anunciar reiteradamente que al cabo del año quinto se iba a financiar la mantención de las áreas verdes de esta ampliación con fondos públicos, es decir, de casi 3 mil hectáreas, más que una fantasía de las esferas burocráticas, es una irresponsabilidad política, imputable al ex Intendente. Tal como se podría decir de la ex Ministra Sra. Poblete, cuando aducía que faltaban terrenos donde crecer; por cierto, mal informada por sus asesores. Pablo Trivelli bien demostró esta falacia, en su oportunidad. Entonces, si tales terrenos efectivamente existen, ¿qué de distinto al actualmente bullado afán de lucro motiva esta ampliación? Desde luego, descartado que fines como el diseño urbano, la funcionalidad, o la integración social, hayan sido las razones en vista que esgrimir para justificarla. Si lo hubiesen sido, es evidente que se habría actuado con otra acuciosidad profesional que la puesta a trabajar por el arquitecto a cargo, y como es del caso, al ser sancionada por la Seremi Metropolitana de Vivienda. En tal faz de esta obra inmaterial y perdurable de la Concertación, a juzgar por los resultados a la vista, son los propios terratenientes a la espera de plusvalías quienes se tendrían que hacer cargo del tema. Evidentemente, recurriendo a otras armas que las dispuestas para su beneficio individual por el aparato estatal hasta ahora, donde primen razones de valor social compartido, efectivo y de sentido común. Con tan distinto modo de proceder, tales plusvalías no dejan de existir y si el proceso es llevado por su cause normal, el costo de oportunidad será mejor después, que ahora. Tiempo atrás, Germán del Sol, Premio Nacional de Arquitectura del 2006, a este respecto, opinaba lo siguiente: “La ciudad actual es una red entrecruzada de cuidados comunes. Y cuando esa corriente se corta, no recibimos la vida en la ciudad como un estímulo, sino como una frustración, y se pierde la dignidad común, de la que todos necesitamos formar parte. Tal vez no haya que cuidar la ciudad como construcción material, sino más bien haya que cuidar que sus calles, sus plazas y sus casas estén hechas con cariño y para que sean fruto gratuito del afecto, y no sólo del comercio inevitable” (La Tercera, 04.011.2009; pp. 2). De todo lo cual resulta que vez de cambiar “dólares por lechugas en la periferia”, se cambie “dólares por adobes en el interior”; que como está a la vista de cualquier observador, no necesita demostrar que subyace abandonado, sin que la clase media tenga como remediarlo. En las consabidas comunas ricas, nada de esto ocurre. El hace poco instalado Ministro de Vivienda y Urbanismo, su recién nombrado Subsecretario, y la propia Jefe de la División de Desarrollo Urbano, efectivamente son sabía nueva en estos avatares, y quiérase o no, son las autoridades que tienen en sus manos que esta obra urbana perdurable de la Concertación, llamada PRMS 100, contraríe o no aquel “mensaje” que habla de incorporar las variables ambientales y de integración social en los instrumentos de planificación territorial. Lo incumple, si el PRMS 100 sigue después de “corregido”; pero bien puede cumplirlo tan rigurosamente como sea posible, mediante un PRMS de mérito “2.0” que abarque toda la ciudad.