Defendamos la ciudad

En varias ocasiones hemos denunciado diversas iniciativas que buscaban modificar el uso de suelo de las escasas áreas verdes que tenemos en Santiago para posibilitar portentosas construcciones privadas que les han permitido lucrar a aquellos bien relacionados con los gobernantes de turno. A veces se lograron esos propósitos mercantiles y en otras, las menos, se han aplicado las normas establecidas en los instrumentos de planificación urbana. Ahora bien, gracias a la documentación que nos ha entregado el médico Matías Yacsich, quien vive en la muy independiente ciudad de Punta Arenas, hemos sabido que unos avispados hombres de negocios de esa ciudad, quienes en los últimos años han tomado posiciones accionarias en el Club Hípico, desean que las autoridades les cambien el uso de suelo de esa área verde de 22 hectáreas. Los perlas ansían desarrollar allí actividades productivas, las que naturalmente les generarían importantes plusvalías. Este amplio terreno fue donado por el Estado hace más de 100 años para propósitos ganaderos, ecuestres, recreacionales y deportivos. Actualmente está en tramitación una modificación al Plan Regulador Comunal y aquellos que se relacionaron entre sí en una sociedad denominada Otway, hoy accionista mayoritaria de la Sociedad Club Hípico, le están pidiendo al alcalde y al Concejo Municipal que, en aras de la modernidad y del crecimiento económico, se decidan a aprobar rápidamente los cambios normativos para que ellos, en sus condiciones de capitalistas, puedan construir edificios, un enorme centro comercial, ahora se llaman malls y otras actividades provechosas para el intercambio de mercancías. Pero como los controladores del Club Hípico son bondadosas personas con la ciudad, han dicho que si el municipio accede a lo que ellos anhelan, entregarán graciosamente 2 míseras hectáreas para funciones de bien público, lo que, con justa razón, es rechazado por la mayoría del Concejo Municipal y por René Milicevic, ex presidente de ese recinto hípico, quien como defensor acérrimo de los intereses de la comunidad magallánica, con sólidos argumentos, se opone a la operación especulativa de los accionistas mayoritarios. Ahora bien, está claro que estamos ante un evidente conflicto de intereses, porque los particulares que conforman la sociedad Otway, desean usufructuar con el inmueble que poseen y las autoridades locales tienen la obligación ética y legal de salvaguardar los intereses de la comunidad y quienes tienen la sartén por el mango afortunadamente son estos últimos. Recordemos que el gobierno de Sebastián Piñera, ante la movilización ciudadana por el alto precio del gas, decidió subsidiarlo para tranquilizar a los 130.000 habitantes de esa austral localidad y con este antecedente previo, sería más que razonable pensar en una solución de bien colectivo para resolver la controversia. A través de estas líneas, reconociendo y apoyando la posición sustentable que propugna Milicevic, le proponemos al Gobierno Regional de Magallanes que, con acuerdo del Concejo Municipal de Punta Arenas, expropie esas 22 hectáreas en razón de utilidad pública, pagando por ellas el justiprecio que les asigna el Servicio de Impuestos Internos (SII) a esas áreas verdes. Con este procedimiento contemplado en nuestro Estado de Derecho, se podrán conectar ciertas vialidades, diseñándose buenas ciclovías y verdes bandejones, materializándose un gran parque público con las mejores especies arbóreas existentes para dignificar ese futuro espacio abierto que disfrutarán las cultas personas que hacen patria en Punta Arenas.