Defendamos la ciudad

El primer instrumento de planificación urbana en esta región se originó en el año 1960 y se denominó Plan Regulador Intercomunal de Santiago (PRIS) elaborado por arquitectos de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP). En su reemplazo empezó a operar, a partir del año 1994, el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), confeccionado por competentes profesionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) cuyo titular en aquel entonces era Edmundo Hermosilla. Los funcionarios públicos que intervinieron en el proceso de su puesta en marcha tuvieron en cuenta las negativas condiciones topográficas y meteorológicas de la cuenca y por ello, en la memoria explicativa de ese instrumento normativo, se decía que “había que crecer hacia adentro”, en contraposición al crecimiento urbano por expansión. El capítulo 8.3 de la Ordenanza del PRMS dispone que las áreas de valor natural y de interés silvoagropecuario, ambas excluidas al desarrollo urbano, constituyen un patrimonio natural o cultural que debe ser protegido o preservado, pero el gobierno de Lagos (2003), pasando por alto lo anterior, modificó la normativa para originar en los sectores agrícolas los denominado Proyectos con Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC) en terrenos con superficies mínimas de 300 hectáreas. A partir del 2006 se iniciaron los trámites para 3 PDUC, de sendos grupos económicos, en dos mil hectáreas rurales de la comuna de Pudahuel, los que fueron apresuradamente aprobados por la ex Corema y por el Consejo Regional (CORE) Metropolitano. En razón a que esas autorizaciones chantas contenían diversas ilegalidades, en dos ocasiones, la Contraloría se ha visto en la necesidad de rechazar tales iniciativas inmobiliarias, las que en el último tiempo, han sido objetadas también por los Seremis de Vivienda y Urbanismo, Transportes y Obras Públicas. En el gobierno de Bachelet se creó en el 2008 la figura de las Zonas Urbanizables Condicionadas (ZUC) en terrenos de sesenta hectáreas de 8 comunas periféricas. Esta propuesta originada en solicitudes de privados consideraba modificar el uso de suelo de 10.500 hectáreas agrícolas para transformarlas en urbanas. Como era de suponer, la ex Corema aprobó sin más este cambio en las reglas del juego, lo que también hizo el CORE el 30 de marzo de 2011. Pero el 5 de septiembre de 2011 nuevamente la Contraloría, ejerciendo sus potestades fiscalizadoras, tuvo que rechazar este proyecto hecho suyo por el gobierno de Piñera. Acogiendo presentaciones de diversos actores de la sociedad civil, el organismo contralor detectó 13 irregularidades, algunas de forma y otras tantas de fondo, en la resolución del ex intendente Echeverría, impulsor acérrimo de los cambios en los límites urbanos. El problema que tiene la institucionalidad administrativa sectorial es su falta de credibilidad, no sabemos si por impericia o flojera de sus funcionarios, aunque también podría ser posible que aquellos actúen así para no incomodar a los jefes situados en las altas esferas. Me causó mucha risa cuando el senador designado Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional, aseguró el fin de semana que su gobierno había terminado con la corrupción (sic). Todos aquellos que conocemos los intrincados espacios de la nomenclatura del Estado, sabemos a ciencia cierta que la corrupción está muy presente en todas partes y es más, sabemos que el gobierno no ha hecho nada para reducirla. Debido al correcto trabajo de la Contraloría los especuladores, que se frotaban las manos con los esperados cambios en los usos de suelo, quedaron pasmados y por ello, si los gobernantes quieren hacer bien las cosas, se debería implementar una reingeniería total al interior del Minvu, de los servicios del Medio Ambiente y de los gobiernos regionales de todo el país. En una de esas, el presidente Piñera puede dar un golpe de timón para que las políticas públicas en el ámbito de la ciudad sean coherentes con los instrumentos normativos vigentes y con el bien común. Se puede producir un milagro y en el transcurso de los próximos meses el Minvu decida crear mesas de trabajo con las organizaciones sociales y con el Colegio de Arquitectos, orden profesional que oportunamente también se opuso a esta fallida expansión urbana.