Defendamos la ciudad

Tal fiscalización es innecesaria. Basta la modificación precisa para que las corporaciones universitarias estén bajo la tutela y control de Justicia y del CDE. En Chile, las fundaciones y corporaciones son personas jurídicas sin fines de lucro. Son autorizadas y fiscalizadas por el Ministerio de Justicia, mientras que el Consejo de Defensa del Estado interviene en la tramitación de sus solicitudes de aprobación. Estas personas jurídicas no se pueden vender ni traspasar: persiguen objetivos ideales, tales como la cultura, la educación, la religión, etc. En sus escrituras se señala que la “Asamblea”, debe estar integrada por personas naturales o personas jurídicas sin fines de lucro. En 1981, se estableció que las nuevas universidades tenían que ser fundaciones o corporaciones de derecho privado y se dijo que esas universidades gozarían de personalidad jurídica por el simple hecho de depositarse, en la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, una copia de la escritura pública en que constara el acta de constitución y los estatutos por los cuales se regiría. En 1990, vía la LOCE, se dispuso que esas universidades sólo pueden ser corporaciones que van a estar regidas únicamente por el Ministerio de Educación, servicio del Estado que, desatendiendo a don Andrés Bello, ha manifestado que dicha “Asamblea” puede estar integrada por personas naturales o jurídicas que persigan fines de lucro, con lo cual se ha vulnerado la sana doctrina fijada en el Código Civil, Ministerio de Justicia y Consejo de Defensa del Estado para las corporaciones. A raíz de las movilizaciones de los estudiantes, el ministro de Educación ha dicho que se creará una oficina para fiscalizar a las universidades privadas. Ese ministerio obligará a todas a reinvertir sus “excedentes” en educación. Desde esta columna le señalamos al ministro que tal fiscalización es innecesaria, ya que sólo basta la modificación precisa para que las corporaciones universitarias estén bajo la tutela y control del Ministerio de Justicia y del Consejo de Defensa del Estado. Si ello ocurre, ninguna de estas universidades se va a atrever a cometer las trampas que la periodista María Olivia Monckeberg denunció años atrás, sin que nadie se diera por aludido.