Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en El Mostrador el 23 de mayo de 2011. Gracias a la locuacidad del senador Navarro se conoció la astuta fórmula ideada por altos funcionarios de esta repartición del Estado para entregarle a la constructora Kodama un monto equivalente a 35 millones de dólares por presuntos mayores gastos incurridos por ésta con ocasión de una licitación de una obra vial. Para darle credibilidad al regalo, esa empresa tuvo que interponer una demanda en contra del Serviu por el equivalente a 89 millones de dólares, con lo cual se daba la impresión que la negociación entre las partes era beneficiosa para el interés público. Esta conveniente solución para el Estado fue aprobada por resolución judicial del 26 de enero de 2011 y para posibilitarse lo anterior la ministra Matte tuvo que firmar un día antes, sin ningún tipo de respaldos, el decreto exento Nº 8, pero a todos los intervinientes en la avenencia se les olvidó que la acción en contra del Serviu estaba prescrita. El mismo día en que la ministra Matte había firmado el mencionado decreto, es decir, el 25 de enero de 2011, se suscribió en una notaría la transacción entre el Serviu y Kodama, con lo cual se quería poner término al litigio y al día siguiente, 26 de enero, en la audiencia de conciliación del juicio, se aprobó dicha transacción judicial. Como vemos, en este episodio mercantil se procedió con inusitada celeridad dejándose de manifiesto que cuando la administración quiere actuar atendiendo bien a los interesados, lo puede hacer sin inconvenientes. La Contralora Interna del Serviu no pudo ejercer su función revisora porque sus jefes se lo impidieron argumentándole que “este tema requería de un tratamiento muy privado”. Su obligación como funcionaria era visar todo documento que firmaba el director de Serviu. Para determinarse la suma del acuerdo se contó con un análisis técnico del Dictuc, sociedad anónima de la Pontificia Universidad Católica, trabajo contratado y pagado por Kodama y en las conversaciones los funcionarios públicos determinaron que el asunto tratado no podía ser revisado por la Contraloría. Por lo tanto, no se dictó una resolución, debido a que el amigable proceso se iba a canalizar por un acuerdo de caballeros llevado a los tribunales, instancia que no molesta con preguntas difíciles de responder. El monto convenido tenía el carácter de indemnización. El contrato de construcción firmado a fines del 2006 entre el Serviu y Kodama se rige por el Decreto Supremo Nº 236, de 2002, del Minvu, que aprueba las Bases Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización, en el cual se regulan las distintas materias relativas a su celebración, ejecución, modificación y término. Anecdóticamente señalamos que, a pesar de que en el Minvu al abogado Álvaro Baeza se le trataba con especial reverencia por sus acabados conocimientos en la materia, este consejero personal de la ministra le dijo a la Contraloría que él desconocía la regulación de ese Decreto Supremo. Y aunque el lector no lo crea, la Contralora Interna del Serviu no pudo ejercer su función revisora en este incidente porque sus jefes se lo impidieron argumentándole, con muy buenas palabras, que “este tema requería de un tratamiento muy privado”. Tal funcionaria se quedó tranquila con esa explicación superior y con una obediencia castrense, nunca más hizo preguntas embarazosas. Su obligación como funcionaria era visar todo documento que firmaba el director de Serviu. Sabemos que el Idiem de la Universidad de Chile determinó una suma muy inferior a la que llegó la sociedad anónima Dictuc por los montos reclamados por Kodama y la Contraloría llegó incluso a una cifra bastante menor : US$ 282 mil. Por otro lado, la opinión pública ya sabe que la cándida ministra Matte, alertada por 2 funcionarios rectos del Minvu, ordenó el 11 de marzo que no se girara el cheque convenido y el 8 de abril entregó los antecedentes en el Ministerio Público. El gobierno de excelencia de Piñera ha calificado a este vergonzoso ardid, organizado por funcionarios de su confianza, como un error administrativo. Sabemos que la cantinela del error ya no es creíble por nadie y que la nueva forma de gobernar es una mera frase propagandística. A todos aquellos que amparan la corrupción les gusta explicar, con fingida seriedad, que las malas prácticas detectadas son simples e involuntarias equivocaciones y ahora veremos si los fiscales del Ministerio Público se van a tragar esa farsa institucionalizada. Los que no creemos en el Viejito Pascuero ni en patrañas sabemos que estamos ante delitos que deberán ser ejemplarmente sancionados. Por último y muy asociado a lo que comentamos en esta columna, el conocido economista norteamericano, Jeffrey D. Sachs, coautor con el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, de un texto de economía nos dice en su columna “Oleada de crímenes corporativos” publicada el domingo 15/05/11 en el diario El País de España dos cosas que se conocen ampliamente en Chile pero que se soslayan por quienes detentan el poder : 1) “El dinero es poder y está corrompiendo la política y los mercados de todo el mundo”, 2) “La impunidad es generalizada y de hecho, la mayoría de los delitos corporativos pasan inadvertidos”.