Defendamos la ciudad

Columna opinión de Patricio Herman de Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en Cambio21 el 17 de mayo de 2011. Se conoció finalmente el informe de la Contraloría referido al caso Kodama, que responde a la solicitud del senador Navarro con el propósito que analizara el comportamiento de varios funcionarios públicos, tanto del Minvu como del Serviu, sobre una transacción express de este ministerio con Kodama. Se conoció finalmente el viernes pasado el informe especial de la Contraloría General de la República, referido al caso Kodama, documento de 62 páginas que responde a la solicitud que le hiciera el senador Navarro el 17 de marzo de 2011 con el propósito de que se analizara el comportamiento de varios funcionarios públicos, tanto del Minvu como del Serviu, con ocasión de una transacción express de este último servicio con el Consorcio Kodama Ltda. Esos funcionarios que intervinieron en el affaire decían que así el Estado se evitaba la demanda interpuesta el 15 de diciembre de 2010 por la anterior, ante el 10º Juzgado Civil de Santiago, por la suma de $ 41.556.630.908 (US$ 89 millones). El fundamento de la acción judicial era porque esa constructora se sentía perjudicada por una serie de mayores gastos incurridos en el contrato “Construcción Habilitación Corredor Transporte Público Avenida Pedro Aguirre Cerda, comunas de Estación Central, Santiago, Cerrillos y Maipú”, firmado a fines del 2006. En todo caso resaltamos que Kodama ganó la licitación pública de esta obra, a la cual se presentaron 4 empresas, a pesar de que su oferta económica era la más alta de todas, pero sí la más conveniente, en palabras del Director del Serviu de la época. Con la anuencia del Director de Vialidad (S) del MOP se le adjudicó a Kodama la propuesta por el importe de $ 25.567.058.561 (US$ 55 millones), estableciéndose un plazo de 336 días para su ejecución. El 30 de noviembre de 2007 debían estar terminadas las obras, pero todos ya sabemos lo que sucedió con una serie de ampliaciones en los plazos y modificaciones en los montos del contrato. Volviendo al tema de fondo, los funcionarios que negociaron el espectacular acuerdo, bajo la égida del abogado Álvaro Baeza, asesor legal de la ministra Magdalena Matte, estaban muy contentos porque esa empresa había consentido en rebajar el monto reclamado, conformándose con la suma de $ 16.636.412.630 (US$ 35 millones). Esta conveniente solución para el Estado fue aprobada por resolución judicial del 26 de enero de 2011 “en todo lo que no fuere contraria a derecho”. Para posibilitarse lo anterior la ministra Matte tuvo que firmar, sin ningún tipo de respaldos, el 25 de enero de 2011, el decreto exento Nº 8, pero a todos los intervinientes se les olvidó que la acción en contra del Serviu estaba prescrita. Ahora bien, tan atractiva negociación se inició en junio de 2010, en atención a que la empresa había tenido problemas con el Serviu, asunto tratado el día 8 de ese mes en reunión sostenida con la ministra, autoridad que delegó el asunto al director del Serviu. Los representantes de Kodama formalizaron su reclamación a fines de agosto de ese año directamente a la cabeza del servicio contratante y a raíz de ello se originaron una serie de conversaciones, llamadas mesas de trabajo, entre las partes. El mismo día en que la ministra Matte había firmado el decreto exento Nº 8, es decir, el 25 de enero de 2011, se suscribió en una notaría la transacción entre el Serviu y Kodama, con lo cual se puso término al litigio y al día siguiente, 26 de enero, en la audiencia de conciliación del juicio, se aprobó dicha transacción judicial. Como vemos, en este episodio se procedió con inusitada celeridad dejándose de manifiesto que cuando la burocracia quiere actuar atendiendo bien a los interesados, lo puede hacer sin inconvenientes. Para determinarse la suma del acuerdo se contó con un análisis técnico del Dictuc, sociedad anónima de la Pontificia Universidad Católica, trabajo contratado y pagado por Kodama y en las conversaciones los funcionarios públicos determinaron que el asunto tratado no iba a ser revisado por la Contraloría y que, por lo tanto, la decisión era no hacer un acto administrativo. Ergo, no se dictó una resolución, pues todo se iba a canalizar por un acuerdo de caballeros llevado a los tribunales, instancia que no molesta con preguntas difíciles de responder. El monto convenido tenía el carácter de indemnización. Como un hecho anecdótico señalamos que el contrato de construcción firmado a fines del 2006 entre el Serviu y Kodama se rige por el Decreto Supremo Nº 236, de 2002, del Minvu, que aprueba las Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización, en el cual se regulan las distintas materias relativas a su celebración, ejecución, modificación y término. A pesar de que en el Minvu al abogado Baeza se le decía que era dios, este jurisconsulto solucionador de problemas legales, le dijo a la Contraloría que él desconocía la regulación de ese Decreto Supremo. Otra situación curiosa, digna de compartirla, es que la suma de los totales de los ítemes correspondientes a los gastos generales, sobre costos, daño emergente, pérdida de patrimonio, daño la imagen comercial y lucro cesante, alegados por Kodama, llevados a la justicia, que debería ser $ 41.556.630.908, adolece de un error aritmético, detalle que no fue detectado por ninguno de los vertiginosos funcionarios del Serviu. Y aunque el lector no lo crea, la Contralora Interna del Serviu no pudo ejercer su función revisora en este incidente porque sus jefes se lo impidieron argumentándole, con muy buenas palabras, que “este tema requería de un tratamiento muy privado”. Tal funcionaria se quedó tranquila con esa explicación superior y con una obediencia castrense, nunca más hizo preguntas embarazosas. Su obligación era visar todo documento que firmaba el director de Serviu. Todos sabemos que el Idiem de la Universidad de Chile determinó una suma muy inferior a la que llegó la sociedad anónima de la Pontificia Universidad Católica por los montos reclamados por Kodama y la Contraloría llegó incluso a una cifra bastante menor : $ 131.351.373 (US$ 282 mil). Por otro lado, la opinión pública ya sabe que la cándida ministra Matte, alertada por funcionarios rectos del Minvu, ordenó que no se girara el cheque convenido y entregó los antecedentes en el Ministerio Público. El gobierno de excelencia de Piñera ha calificado a este vergonzoso ardid, organizado por funcionarios de su confianza, como un error administrativo y que se actuó con transparencia. Sabemos que la repetida cantinela del error ya no es creíble por nadie y que la nueva forma de gobernar es un peligro para la sociedad. A todos aquellos que amparan la corrupción les gusta explicar, con fingida seriedad, que las malas prácticas detectadas son simples e involuntarias equivocaciones y ahora veremos si los fiscales del Ministerio Público se van a tragar esa farsa institucionalizada. Los que no creemos en el Viejito Pascuero ni en patrañas sabemos que estamos ante delitos graves que deberán ser ejemplarmente sancionados. Por último y muy asociado a lo que comentamos en esta columna, el conocido economista norteamericano, Jeffrey D. Sachs, coautor con el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, de un texto de economía y creador del Plan contra la hiperinflación en Bolivia en 1985, nos dice en su columna "Oleada de crímenes corporativos" del domingo 15/05/11 publicada en el diario El País de España dos cosas que se conocen ampliamente en Chile pero que se soslayan por quienes detentan tanto el poder político como el comunicacional : 1) "El dinero es poder y está corrompiendo la política y los mercados de todo el mundo" 2) "La impunidad es generalizada y de hecho, la mayoría de los delitos corporativos pasan inadvertidos".