Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en portal Ciper Chile el 10 de mayo 2011 El proyecto que se aprobó ayer en Aysén no sirve de nada por sí solo, pues aún falta la evaluación de una línea que transmtirá la energía por más de 2.000 kilómetros. Los columnistas denuncian que la división se hizo para que la iniciativa avance más fácil. Proponen también otras perspectivas para analizar la evaluación de este tipo de proyectos, cuyo impacto es enorme y permanente. En la revista Qué Pasa del viernes 6 de mayo se publicó un reportaje sobre el polémico proyecto HidroAysén que anunciaba la batalla que viene: El próximo lunes la Corema de Aysén votará -y presumiblemente aprobará- la primera etapa del controvertido megaproyecto hidroeléctrico. Pero “la madre de todas las batallas” será la siguiente: el trazado de la línea de transmisión de 2.000 kilómetros. Como vemos, el titular del proyecto lo ha dividido, una argucia que ha contado con la anuencia de la endeble institucionalidad nacional, con el propósito que así su aprobación sea más fácil. Lo denunciamos como una negligencia pública inexcusable, un mirar para el lado absolutamente improcedente, indigno de un país cuyos dirigentes pregonan que es serio y que, por ello, fue admitido en la OCDE. Los empresarios y capitales italianos de Enel, controladores de Endesa, junto a los Matte, han estado desarrollando múltiples esfuerzos para que se materialice este proyecto, que cuenta con la concesión eléctrica entregada por el gobierno de Bachelet, en junio del 2006. Ayer lunes, la Comisión Evaluadora Ambiental de la 11ª región, presidida por la intendenta Pilar Cuevas, resolvió aprobar este mentiroso proyecto, que se refiere solamente a un componente del mismo. Pese a que HidroAysén entregaría energía eléctrica a todos los clientes que la consumen a través del sistema interconectado central (SIC), no se evalúan todas sus obras y sus efectos ambientales. No se provee energía eléctrica sólo habilitando embalses, independiente de cuales sean de perniciosos sus efectos sobre el medio ambiente patagónico. Por esta sola razón trivial, es evidente que la evaluación ambiental que todos conocemos correspondió a un proyecto irreal, ya que si el negocio final es vender energía eléctrica, nadie va a invertir sólo en embalsar causes de aguas. Esa evaluación fue un mal paso, un paso equivocado, ya que analizó obras preliminares parciales, inconducentes al objetivo final. Nuestra aseveración parte del hecho de que los desastres a que se ve enfrentada la sociedad son naturales o son de índole antrópico y social, y que la gravedad de sus efectos sobre el medio ambiente físico y social distingue entre aquellos que son subsanables y aquellos otros que son irreparables, pues modifican para siempre el escenario preexistente. HidroAysén clasifica exactamente en esta última categoría y es un “desastre” de tipo antrópico: “Los causados por la mala gestión de los recursos naturales, el uso destructivo del medioambiente, y formas de desarrollo riesgosas;…Los causados por la exclusión humana, o por falta de garantías económicas, sociales y políticas para un sector de la población…” (Vargas; 2002: “Políticas públicas para la reducción de la vulnerabilidad frente a los desastres naturales y socio-culturales”; CEPAL). Nadie pone en duda que nuestro país necesita producir más energía eléctrica, teniéndose en cuenta que los mayores y crecientes consumidores son las mineras, no solo las del norte grande, sino también las que están localizadas desde la tercera región al sur, a quienes proveería HidroAysén. Esta demanda de la sociedad quedó al margen de toda atención por parte del Estado desde cuando fue privatizada su generación, distribución y venta, durante la administración castrense. La contrapartida de esta situación es que el interés del privado está en el negocio y no en el desarrollo del sector. No es casualidad que no exista una política hidroeléctrica que a nivel nacional promueva, abra líneas de crédito y en casos dados, subsidie las centrales de pasada; no obstante que según el senador de RN por Aysén, Antonio Horvath “se cuenta con una oferta de cursos de agua donde instalarlas suman una capacidad ociosa varias veces superior a la que proveería HidroAysen”. Habría que agregar una teoría aplicada pura que dice más o menos así: Cuando las economías o las deseconomías de escala asociadas a un proyecto de interés público son de magnitud tal que el privado no está en condiciones de aportar, y/o toda vez que exista una iniciativa privada que afecta el bien común de la sociedad, es al Estado a quien le compete intervenir. Para ello, se cuenta con que el mecanismo democrático instituido a utilizar es la “evaluación social de proyectos”, en la cual se halla incorporada la variable ambiental (ref. economista profesor Ernesto Fontaine). Y a este respecto, lo siguiente: • HidroAysén es un megaproyecto conformado por tres tipos de obras civiles: Embalse de cursos de agua; tendido de una línea de trasmisión AT (alta tensión) de 2.300 kilómetros de longitud, y construcción de obras e instalaciones abocadas a la producción de electricidad (salas de generación, de control de operaciones, y de logística y afines; más sus respectivos accesos y patios de faenas). • Estos tres tipos diferentes de obras civiles conforman lo que en la “evaluación social de proyectos” se reconoce como una “indivisibilidad técnica”, en el sentido que si falta alguno de ellos, el proyecto no cumple su finalidad. Lo cual, en una palabra, quiere decir que su única “rentabilidad social” válida tiene que medir el efecto combinado de sus tres componentes; no el de uno solo de ellos. • Tan claro como lo siguiente: Así como no tiene sentido evaluar “medio puente sobre un río”, ya que nadie va a invertir en construir algo semejante; tampoco tiene sentido evaluar “una parte” del total de obras civiles que contempla el proyecto HidroAysén real. En los hechos, estas declaraciones son irrefutables y hacen ver que HidroAysén completo necesita ser objeto de una “evaluación social de proyecto” que incorpore la variable ambiental, y para ello está Mideplan con toda su batería de profesionales capacitados en la materia. La mera evaluación ambiental parcial de este proyecto carece de sentido, y esto lo sabe muy bien el Presidente Piñera quien, como él mismo lo ha dicho, fue académico en Harvard. Así las cosas, la votación conocida es un auto engaño. ¿Cuál es la discusión que viene ahora, después de la evaluación ambiental de los embalses? Fueron 11 los funcionarios que le dieron su bendición a esta parcialidad del proyecto y entonces ¿por qué el país entero tendrá que estar a lo resuelto por esos pocos sujetos de una de sus 15 regiones? ¿Qué viene enseguida? ¿Acaso que se tengan que aprobar obligatoriamente los 2.300 kilómetros en una franja de 100 metros para instalar 5.750 monstruosas torres de la línea AT? Una intervención adicional que significaría la deforestación de 23.000 hectáreas, cuatro veces más extensa que el territorio inundado por las represas. ¿Estaremos de acuerdo los chilenos en aceptar este golpe fatal a nuestra naturaleza? Conocemos y compartimos la carta abierta que Manfred Max Neef le entregó recientemente a Piñera sobre la materia, dándole luces acerca del irremediable daño ambiental que se causaría si este antojadizo megaproyecto se llegara a ejecutar. La economía está para servir a las personas y no viceversa, como justamente lo ha venido sosteniendo el propio Max Neef, y es por ello que las acciones judiciales que se interpondrán en contra de dicha aprobación ambiental errada serán acogidas a tramitación y se fallarán a favor de la legalidad y del sentido común. Es decir, los tribunales le van a exigir al gobierno que el proyecto HidroAysén completo sea objeto de una evaluación ambiental que considere todas sus obras civiles; todos sus “desastres” perennes y transitorios en el territorio eventualmente servido, y todos sus efectos directos e indirectos en las áreas de impacto. Obviamente, todo aquello formal y debidamente incorporado a la “evaluación social de proyecto” que se requiere, debido a que se trata de un proyecto de interés público evidente (y no solo privado), que conlleva costos y beneficios sociales que se necesitan conocer (para llevar las cuentas nacionales ordinarias); y que por lo mismo, para ser aprobado, requiere de una rentabilidad social positiva, independiente de cual sea su rentabilidad privada. Lo precedente es bien conocido por quienes manejan el Estado, el propio Presidente Piñera entre los principales, y desde luego, por sus propios impulsores en el mundo privado. Tenemos la intuición de que HidroAysén será archivado para siempre si las instituciones llegaran a funcionar. ¿Por qué no apuntalar entonces la construcción de centrales de pasada, mini centrales y las demás que sean factibles, como la energía eólica, la solar y la mareomotriz, entre otras, las que no se desarrollan porque no son rentables en el corto plazo? Nos gustaría que en Chile existiera una política pública estable y sostenida, con incentivos y con el apoyo subsidiario del Estado a todas aquellas que convengan al interés nacional para desembarazarnos paulatinamente de los actuales monopolios que, en función de sus propios intereses, han estado definiendo la desacertada matriz energética. Por último y en razón a que el 29 de abril pasado se aprobó el capítulo 6 de las Líneas Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales y dado que en HidroAysén participan capitales extranjeros, es esencial que todos aquellos que nos oponemos a este proyecto debiéramos hacer un requerimiento de alegación al punto nacional de contacto en Chile, radicado en la Direcon del Ministerio de RREE, informando acerca de todas las irregularidades y presiones indebidas cometidas en el proceso.