Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de Fundación Defendamos la Ciudad publicada el jueves 7 de abril de 2011 en "The Clinic". A pesar de que desde noviembre de 2003 está vigente una sensata normativa en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) para que el sector privado pueda utilizar terrenos agrícolas en actividades inmobiliarias, el Minvu de Bachelet urdió una nueva fórmula bastante más laxa que la anterior, para que ciertos amiguis del establishment obtuvieran los beneficios económicos derivados de los correspondiente cambios de usos de suelo, aunque se decía que el proyecto era para construir viviendas sociales. La administración de Piñera, siempre atenta a los buenos negocios de los regalones, hizo suyo el proyecto de expansión urbana, denominado PRMS-100, en 8 comunas periféricas que contemplan modificaciones de agrícolas a urbanas de 10.000 hectáreas delimitadas a dedo por ese ministerio, servicio del Estado que, en nuestra opinión, es un simple operador de la Cámara de la Construcción y de los analistas inmobiliarios. Para que se materializara este proyecto, el intendente Fernando Echeverría, presidente del Consejo Regional (CORE) Metropolitano, principal promotor de esta iniciativa mercantil, contó con los votos favorables de los disciplinados soldados consejeros de la UDI y de RN y con los votos de 3 flexibles consejeros PPD y 2 DC, quienes ingenuamente creyeron las bondades de este proyecto tan favorable para aquellos particulares que estaban solicitando al Minvu estos cambios desde hace unos 5 años atrás. Ciertos agentes públicos, acicateados por elegantes y muy compuestos actores privados, dibujaron en el plano metropolitano, las áreas que debían ser aptas para el desarrollo urbano incluyendo, como lo denunció pública y oportunamente Juan Carrasco, alcalde de Quilicura, 1.000 hectáreas absolutamente inundables en ese territorio comunal, sin que a la fecha ningún prócer del autodenominado gobierno de excelencia, le responda a ese edil. Nuestra Fundación, creyendo que Chile es un país serio, le está solicitando formalmente al Minvu, titular de este especulativo negocio, que nos entregue los nombres de todas las personas jurídicas y naturales que se beneficiarán con estos cambios de uso de suelo, pero ese ministerio “para sacarse el pillo” le traspasó esta responsabilidad al Servicio de Impuestos Internos (SII), órgano de Estado que nos entregó un listado con datos equivocados. Ante este impasse, le replicamos a ambos servicios de la Administración que en conjunto nos entreguen la información pública que estamos solicitando desde hace 8 meses (sic) porque la ciudadanía tiene el deber de conocer a quienes se está favoreciendo. Hasta el momento no hay respuesta a pesar de que el caso está radicado en el Consejo para la Transparencia Para que esta operación inmobiliaria produjera efectos patrimoniales rápidos, se urdió una trampa bastante falaz y así fue como, entre el Minvu y el Servicio de Evaluación Ambiental, continuador de la Conama, se pusieron de acuerdo en orden a que esta ampliación de los límites urbanos no debía ser sometida a la Evaluación Ambiental Estratégica, de acuerdo al mandato de la nueva ley ambiental vigente desde enero de 2010. Y aunque el lector no le crea, diversas organizaciones sociales agrupadas en el referente “Por un Santiago a Escala Humana”, le entregaron el 11 de enero pasado al presidente Piñera una explicativa y fundada carta en la cual se le solicitaba que este proyecto expansivo debía someterse a un proceso democrático de participación ciudadana para así legitimarlo. El locuaz presidente, que ha prometido una nueva y mejor forma de gobernar nunca contestó (sic) y cometió el ex abrupto de felicitar a Echeverría tan pronto se conoció el resultado de la polémica votación en el CORE. Respeto a las pregonadas viviendas sociales que, por lo demás, serían sólo un escuálido 8% de las que se construirán en esos alejados terrenos, le recordamos al gobierno actual que la ex ministra Poblete envió al Parlamento un proyecto de ley para que los nuevos loteos que se presenten en las Direcciones de Obras de todas las municipalidades del país contemplaran a lo menos un 5% de viviendas sociales. Ella quería generar integración social, evitando que los pobres se tengan que ir a vivir a extramuros, pero bastaron solo unas críticas emitidas por analistas de la construcción para que aquella ministra se arrepintiera de su buen deseo y todo quedó en nada.