Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en Cambio21 el 23 de marzo de 2011. Por cierto, la continuación del título de esta columna es "perjudicando invariablemente al más débil", situación que en este medio estamos denunciando desde hace algún tiempo, razón por la cual, con ocasión del luctuoso episodio de AES Gener-Campiche y la Embajada de EEUU, difundido por WikiLeaks, nos hemos visto en la necesidad de recurrir a la OCDE, para que esta organización internacional trate de enrielar a nuestras dóciles instituciones. Por cierto, la continuación del título de esta columna es "perjudicando invariablemente al más débil", situación que en este medio estamos denunciando desde hace algún tiempo, razón por la cual, con ocasión del luctuoso episodio de AES Gener-Campiche y la Embajada de EEUU, difundido por WikiLeaks, nos hemos visto en la necesidad de recurrir a la OCDE, para que esta organización internacional trate de enrielar a nuestras dóciles instituciones. Después del introito, relataremos una situación semejante a la anterior, aunque no tan grave, pero que se debe conocer: En el año 1986 se originó la comunidad del Loteo Cerro Colorado, sobre la vía local del mismo nombre, localizada al costado oriente del mall Parque Arauco e inmediatamente al sur del elevado Hotel Marriott, comuna de Las Condes. Estaba conformada por 49 viviendas unifamiliares de 2 pisos, ocupadas por propietarios de clase media, acogidas a los beneficios tributarios que otorga la figura del DFL2 por estar catalogadas como viviendas económicas. La mayoría de los inmuebles enfrentaban 3 angostos pasajes de uso público. Hoy en día quedan 19 de esas casas porque las 30 restantes, emplazadas en 2 manzanas colindantes, fueron compradas hace 4 años y demolidas recientemente por los inversionistas dueños de la empresa Safinco S.A. quienes después de mucho bregar, con la activa colaboración de la constructora Armas, lograron que la Dirección de Obras de Las Condes les otorgara 2 permisos de edificación (noviembre y diciembre de 2010) para un proyecto inmobiliario consistente en sendas torres con destino residencial, oficinas y locales comerciales. Por las características y volumen de este tipo de proyecto de construcción, debe ser evaluado ambientalmente como "Estudio" por las muchísimas externalidades negativas que genera y también ser sometido a un Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU), gestiones pendientes que impiden el inicio de faenas. Hacemos hincapié que primeramente esa Dirección de Obras había rechazado el proyecto porque para desarrollarlo, acorde a la reglamentación local, Safinco S.A. tenía la necesidad de considerar todos los terrenos del Loteo que enfrentaran los pasajes, lo que no hizo. En efecto, respecto a lo anterior, las casas de la urbanización, justamente por enfrentar pasajes, estaban protegidas por la Ordenanza del Plan Regulador Comunal (PRC), instrumento urbanístico que en su artículo 37º precisó una salvaguardia normativa con el propósito de evitar que tales viviendas quedaran encerradas por construcciones en altura. En esencia este artículo decía : "...........solo se podrán desarrollar proyectos de densificación si se conforma un solo lote mediante la fusión de la totalidad de los lotes que tengan algún frente al pasaje o de los que mantengan su uso residencial........". En todo caso señalamos que este artículo, por motivos de natural entendimiento, fue modificado el 28 de enero de 2011. En el segundo semestre del 2007 los capitalistas habían solicitado en la Dirección de Obras un anteproyecto sobre algunos lotes, el cual fue rechazado por la razón antes mencionada y por esta circunstancia, con la asistencia de un arquitecto ex funcionario de esa oficina municipal, Safinco S.A. recurrió donde el Seremi de Vivienda y Urbanismo para que éste le resolviera el impasse y, cumpliéndose con los ostentosos rituales burocráticos, así fue. A través de una rebuscada interpretación leguleya el funcionario del gobierno central estableció que el artículo 37º ya citado no aplicaba, criterio corroborado posteriormente por la Contraloría, ante una reclamación de los vecinos afectados. Es decir, 2 servicios públicos que habían validado ese artículo 37º al darle curso legal al PRC de Las Condes, ahora lo desestiman únicamente para no contrariar a un actor relevante del mercado oferente inmobiliario que desea levantar 2 torres en la calle Cerro Colorado 5858 y 5874. Nos molesta sobremanera esta ausencia de rigor público porque así se impide que opere normalmente el sistema económico de libre mercado, cuya condición de funcionamiento es la igualdad de oportunidades y reglas parejas para todos. Según nos han informado los vecinos lesionados con este comportamiento discrecional de las autoridades, el alcalde Francisco de la Maza en un principio los apoyó en sus demandas, pero en la actualidad se ha desentendido por razones que ellos mismos deberían investigar y el recientemente designado senador Carlos Larraín, ex concejal de esa comuna, brilla por su ausencia a pesar de su característica locuacidad. En la actualidad y si el Estado no asume su rol en resguardo de la normativa local de Las Condes, los dueños de las 19 casas remanentes quedarán atrapados por esas invasivas moles de cemento, con el agravante de que sus propiedades no podrán venderlas jamás porque no habrán interesados en vivir en esas condiciones y si se llegaran a fusionar los 19 sitios, la especialísima geometría del predio resultante impide la construcción de edificios. Por otro lado todos los terrenos circundantes ajenos a este Loteo ya están densificados, lo que significa que el daño económico, social y ambiental ocasionado a esos vecinos, por la execrable lenidad estatal, es irreversible y perpetuo. En términos concretos, el Estado chileno, con tal de apuntalar un millonario negocio inmobiliario privado, le está produciendo una minusvalía patrimonial de proporciones a 19 familias que no tienen llegada a aquellos que ejercen el poder político y ante la existencia de este paradójico proceder, lo estamos dando a conocer para que los lectores saquen sus propias conclusiones. Pero si esta confabulación pública-privada se mantiene, obviamente esos compatriotas estarán obligados a iniciar acciones judiciales en contra de todos aquellos investidos de autoridad por haber consentido la violación flagrante del marco regulatorio urbanístico de Las Condes.