Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad publicada en La Nación el 07 de febrero de 2011. Desde hace 126 años un grupo de familias chilenas, casi todas emparentadas entre sí, y conformada hoy por unas 2.500 personas, está extrayendo el basalto gris desde las honduras de las tierras situadas al norte de la Región Metropolitana, comuna de Colina. Este material de gran duración se utilizada para confeccionar, entre otros, los adoquines que ornamentan muchas calles. Esos connacionales, en defensa de sus legítimos intereses, conformaron la Asociación Gremial de Trabajadores Canteros de Colina, colectividad que en octubre de 2008 le solicitó al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) la protección patrimonial para su pueblito y para sus pertenencias mineras (canteras 1 al 6), las que son de su exclusivo dominio acorde a un fallo (recurso 2206/2004) de la Corte Suprema emitido en el año 2006. Esta tradición artesanal con su valor histórico asociado fue considerada como un museo vivo por los integrantes del CMN y por ello en la sesión ordinaria del 13 de enero de 2010 resolvieron, a pesar de la oposición expresada por Mario Olavarría, alcalde de Colina, y por los representantes de la inmobiliarias La Reserva y Chamisero, declarar como Monumento Nacional en la categoría de Zona Típica a esas canteras situadas en una extensión de 300 hectáreas. Antes de esta declaratoria la directiva de estos trabajadores interpuso una querella en contra de la inmobiliaria La Reserva, incluyendo al abogado de ésta, por estafa, apropiación indebida y prevaricación, acción judicial que está llevando el conocido abogado Hernán Montealegre, y cuyo resultado todavía no se conoce. Digamos que en ese sector no existe la cesantía como tampoco la delincuencia, hechos favorables que tuvo en cuenta el CMN para declarar la preservación patrimonial de las canteras. El 29 de enero de 2010, en los estertores del gobierno de Bachelet, el CMN le envió a Mónica Jiménez, ministra de Educación, la documentación del acuerdo adoptado para que ella dictara el decreto supremo respectivo el cual, con su publicación en el Diario Oficial, se iba a legalizar la condición de Monumento Nacional de las canteras y su pueblo. Pero dicha ministra, optó por no firmar el decreto en cuestión por la oposición de las inmobiliarias que veían con malos ojos esta restricción a sus proyectos inmobiliarios. El 11 de marzo de ese año Joaquín Lavín asumió como ministro del ramo, con el discurso del cambio para mejorar el desempeño de las instituciones, enfatizando que el gobierno que recién asumía era de excelencia. Transcurrió el tiempo y los canteros esperaron con paciencia musulmana que el nuevo y mediático ministro firmara el decreto que estaba en su escritorio. Como ello no aconteció el segundo semestre del año pasado, le pidieron una entrevista para conocer cual era el motivo de la dilación en la firma del escurridizo decreto, la que se concretó el 23 de agosto del 2010. Lavín, acompañado de sus abogados, les entregó a los canteros diversas explicaciones que justificaban la demora y al despedirse les aseguró que en los próximos 15 días les iba a contestar para dejarlos tranquilos. Lavín desde aquella fecha, sóo por el caso en comento, sufrió un ataque de amnesia porque nunca respondió a sus ocasionales interlocutores. El 13 de enero de 2011, un año después del acuerdo del CMN, la secretaria ejecutiva subrogante de este órgano público, se dirigió al ministro preguntándole qué sucedía con las firmas de los decretos correspondientes a la Casa Espínola Pereira, regalada por el Estado a la CUT, declarada Monumento Histórico a mediados del año pasado y con la declaratoria de las canteras. El 25 de enero de 2011 Lavín respondió al CMN refiriéndose sólo al episodio de las canteras, solicitando que, con un argumento pueril, se efectúe una nueva delimitación del territorio para reducir el área protegida. Como lo anterior lo consideramos en extremo burlesco, en conferencia de prensa del viernes 4 de febrero pasado en nuestra sede, con los trabajadores de las canteras y con la Asociación Chilena de Zonas y Barrios Patrimoniales, denunciamos esta injustificada dilación, rechazando de plano el intento ministerial de cuidarle los bolsillos a esas dos inmobiliarias. Con todas sus letras dijimos que en Chile nada había cambiado, que las malas prácticas se mantenían igual que en las administraciones anteriores y los poderes fácticos continuaban operando en las sombras. Sabemos que el CMN analizará la petición de Lavín en la primera sesión de marzo próximo y como posiblemente se intente repetir la insensatez que se produjo con las dunas de Concón, V Región, las que después de ser declaradas Santuario de la Naturaleza por el mismo CMN, debido a presiones de actores particulares bien relacionados con ministros de Patricio Aylwin, fueron desafectadas de esa condición, alertamos al actual gobierno para que se diferencie de los anteriores y proceda con integridad a toda prueba. Por ello, instamos a Lavín, ministro estrella en el gobierno de Piñera, que firme a la brevedad el decreto supremo que tiene a la vista, asumiendo su responsabilidad política ante las eventuales acciones judiciales que esas dos inmobiliarias podrían interponer en su contra. Le aseguramos al ministro que declararemos a su favor, como testigos en la instancia jurisdiccional, y conociendo a cabalidad el desarrollo de los hechos, en ese juicio ganará, sin lugar a dudas, el orden establecido. Así, los sufridos canteros podrán seguir desarrollando su oficio en paz en beneficio de la ciudad y nosotros veríamos con buenos ojos que la institucionalidad esté tomando la senda del bien.