Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Waldo López, de Fundación Defendamos la Ciudad. Después de la catástrofe del 27 de febrero pasado, ha quedado al descubierto una serie de pequeñas y grandes precariedades políticas, sociales, económicas, medioambientales, y sobre todo, valóricas y técnicas, entre todas las cuales se destaca acentuadamente la precaria gestión del Minvu relativa al desarrollo urbano nacional. Particularmente desde el año 2000 hacia delante, que es cuando su División de Desarrollo Urbano (DDU) empieza a instalar su visión de corte neoliberal hasta hoy día imperante y mundialmente notable en el segregado Santiago, gracias a flexibilidades normativas y el aporte de la inversión privada. Una política a la vista y de resultados sociológicos paradojales, que alcanzó un punto álgido al momento cuando la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de Naciones Unidas, UN-Hábitat, en su informe anual del 2009, expresara en síntesis que en Chile no existía una política de desarrollo urbano. Categóricamente, esto corresponde a una valoración internacional negativa, inesperada por la DDU y las autoridades a la sazón en el poder, que nos estigmatiza como país, y que nos fue dada a conocer con motivo del Día Mundial del Hábitat, en los primeros días de octubre de aquel año. En Chile, prácticamente 9 de cada 10 personas son “urbanas”. La ciudad de Santiago, de cuerpo localizado en 32 de las 52 comunas de la región metropolitana, la cual se rige antojadizamente por una plan de inferior ámbito propio que el que le corresponde, esto es, por un plan regulador intercomunal y no por el de nivel regional que establece la ley, concentra casi a la mitad del total nacional de población, y en los asuntos inmobiliarios, sus nichos de negocios no solo se hallan en las comunas más “pudientes” del Noreste, o entre las menos acaudaladas de todos quienes residen en lugares febles e invadibles por el capital privado colocado en torres residenciales con alta rentabilidad, que pululan por doquier en todas las restantes comunas tradicionales; sino que también los hay y en abundancia, en las comunas del Surponiente, a lo largo de su “límite urbano”, donde se da que aquellos que son latentes, ubicados en los terrenos de su lado externo y por ahora “rurales”, son los más atractivos, habidas las plusvalías generadas al convertirlos en “urbanos”. Exactamente así también lo entiende la DDU, preocupada de que sea el inversionista privado y no Estado quien se encargue de proveer la vivienda de interés social a quienes la requieran, para lo cual no solo subsidia su adquisición, sino que parte por gratificar al terrateniente y al urbanizador con dichas plusvalías, cada vez que amplia un límite urbano. En el caso de Santiago, cuyo plan regulador intercomunal data de 1994, esto ha ocurrido en 1997, en el 2003, en el 2006 y en el 2008, con idéntico pretexto cada vez: Que la población crece y que el mercado de la vivienda social necesita terrenos baratos para los próximos 30 años. Lo cual y por si solo, está demostrando que no ha sabido proyectar ni el crecimiento de población, ni la demanda esperada de vivienda de interés social, y que tampoco ha sabido mejorar el modelo de gestión al respecto, que fuera instaurado en los tiempos de los Chicago Boy’s con una simpleza lineal que hoy día abisma a cualquier observador calificado. En síntesis, contribuyendo así a dar por bien merecido que ese Informe de UN-Habitat nos estigmatice como lo ha hecho. De hecho, si realmente hubiera una política de desarrollo urbano en Chile, no habría sido necesario ampliar una y otra vez la ciudad oficial de Santiago; nadie discutiría el valor técnico-administrativo y evidentemente de mercado que posee el límite urbano en nuestro país (principalmente a los efectos de auto-regular la extensión urbana y obviar el tema de las plusvalías); y no habría habido una alta autoridad de gobierno, como lo es el propio Intendente y presidente de CORE Metropolitano, haciendo “lobby” a partir del mismo día cuando fue rechazada una nueva ampliación de esta ciudad (en junio del 2010). Si tal política existiera, habría sido una noticia destacada que el Minvu, que es el único titular competente para proponer una nueva ampliación, haya guardado absoluto silencio frente a este hecho improcedente. Esto, aunque tal vez sea lo único que le quedaba por hacer a causa de la niñería política inexplicable que significa que el lobby lo está efectuando un connotado miembro de la C.Ch.C., hoy día a cargo de la Intendencia. Aún más, y más decidor al completar casi un año después del 27-F: Si hubiera existido una cabal política nacional de desarrollo urbano, alguna autoridad superior de gobierno ya habría dado a conocer alguna visión gubernamental actualizada sobre su puesta al día en las nuevas circunstancias. Aunque hubiese sido preliminar, bastaría con que hubiese subrayado aquellos valores y principios que transversalmente tenemos que empezar a reconocer, a internalizar y aplicar en el país que nos queda por reconstruir. Pero no ha ocurrido. El Minvu, ni su actual DDU, aún no sacan la voz. Parecieran no tener visión de futuro que compartir. Y lo que es equiparable: Tampoco lo ha hecho la Concertación, de cuyas “ciudades más humanas” que nos fueran anunciadas desde la Candidatura del ex – Presidente Lagos, nunca más se ha oído hablar. De este modo, hoy en día, como consecuencia del modelo “socialista neoliberal” puesto en práctica por la DDU a partir precisamente de aquellos mismos días, el que Santiago registre 23 torres de edificios seriamente dañados por el terremoto de Febrero pasado; una la cantidad de tramos y nudos viales prontamente vueltos a ser puestos en servicio; un impacto oneroso, traumatizante e inmerecido en muchos de sus hogares de la clase media; una secuela análoga y acaso peor en poblaciones y campamentos; una permanencia sostenida de altos índices de material particulado en el aire que se respira; una creciente congestión vehicular a toda hora; y un aún indeterminado recuento del deterioro urbano preexistente; todavía no es suficiente para que cuando menos se haya anunciado, o se haya exigido desde la oposición, la pronta elaboración y aplicación de “un mapa de riesgo sísmico y áreas vulnerables por causas naturales”, al cual tenga que quedar supeditado el actual Plan Regulador de la Región Metropolitana, conocido como el “PRMS”. Esencialmente, por causa de la Falla de San Ramón al pié de monte, y de las inundaciones en planta y desde las quebradas que la afectan directamente, de tiempo en tiempo. Pareciera que nada de esto existiese, y que lo único importante en carpeta fuese el tener que proveer materia prima barata y periférica (suelo rural hecho urbano), donde continuar segregando a la población de menores recursos, mediante una nueva ampliación tras la cual hace el lobby el Sr. Intendente. Igual que antes, abogándolo “para los próximos 30 años”, pero ahora último, mejorando el plus a futuro de los terrenos que quiere anexar, con el anuncio de una gran cantidad de millones de dólares anuales para la mantención de las áreas verdes que el arquitecto proyectista haya dibujado en el plano de la ampliación. Dice y empeña la palabra del gobierno al hacerlo, que aportará nada menos que US$ 70 millones por año. Si el precio de una mediagua fuese US$ 1.000, esta cifra equivaldría a 70.000 mediaguas al año. ¿Se lo imagina? Santiago, una mejor ciudad,… en el buen saber y entender popular efectivamente no está por “beneficiar” a los más carenciados radicándolos en su periferia, amarrándolos a una vivienda propia distante, ni menos a que tengan que completar sus horas normales de sueño durmiendo en el tristemente famoso Transantiago, durante sus viajes de origen y destino. Está por esa “ciudad más humana” ya ofrecida; porque se cumpla con la igualdad ante la ley; porque se respeten sus derechos sociales inalienables, contemplados en la Constitución; porque haya estabilidad en las reglas del juego que regulan la ocupación y el uso del suelo; porque se mejore substancialmente el modelo de gestión segregador con que hasta ahora se aborda la dotación de viviendas de interés social; y porque se planifique su desarrollo urbano con visión de futuro, de modo estratégico, a nivel de la Cuenca de Santiago y su conexión natural hacia la costa vecina. En suma, está por una sola demanda obvia y del día: Que se congele el actual PRMS, y no se vuelva ampliar sus límites urbanos; que se elabore y aplique cuanto antes aquel “mapa de riesgo sísmico y áreas vulnerables por causas naturales” arriba mencionado, y que este actual plan regional de Santiago sea reemplazado prontamente por un “plan urbano estratégico”, llevado a cabo según las recomendaciones de la OCDE. Esta demanda ciudadana es razonablemente lógica; es un 100% aséptica de que pueda ser expropiada para sí por una sola corriente de opinión política, y por encima de esto mismo, conlleva controlar adecuadamente el tema ambiental (mediante la recién instituida “evaluación ambiental estratégica”), de igual modo que la transparencia de los cambios de uso del suelo (haciendo conocidos los terratenientes del caso, tal como recién lo exigiera el Consejo respectivo al SII, en el caso de esta nueva ampliación). Si es cierto lo que sostiene el Sr. Intendente en cuanto a que “solo” haya terrenos para 9 años más, es decir, hasta mediados del gobierno subsiguiente al actual, o sea, hasta el año 2020 incluido, hay tiempo más que suficiente para cambiar el PRMS sin seguir parchándolo por sus bordes, y además, para preocuparse por la renovación urbana de sus comunas tradicionales, incluyendo a los asentamientos menos favorecidos de cada uno de sus entornos perimetrales. “Santiago, una mejor ciudad”, integra población; vela por el medio ambiente, y es transparente con sus cambios de uso del suelo. Así de simple y directo,…si de hacer bien las cosas se trata.