Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en El Mostrador el 29 de diciembre 2010. El viernes 24 recién pasado, Fernando Echeverría, en su condición de intendente metropolitano, respondió parcialmente con el altisonante título “Le aclaro a Patricio Herman” mis descriptivas objeciones a la forma como se ha estado tramitando el cambio de uso de suelo de 9.700 hectáreas agrícolas en 8 comunas de esta región. Estamos hablando del ya rechazado PRMS-100, proyecto que se votará nuevamente en el Consejo Regional (CORE) en enero próximo, según informaciones entregadas por los medios de prensa interesados en su pronta aprobación. Valga la ocasión para establecer que el titular de esta iniciativa comercial es la Seremi de Vivienda y Urbanismo, razón por la cual, en rigor, quien debía defender en El Mostrador este proyecto expansivo es la funcionaria pública que ejerce ese cargo, pero lo hizo Echeverría y él tendrá sus razones para tratar de justificar sus presuntas bondades. Nuestro ocasional contradictor alude a una pasada reunión que sostuvimos con él en la intendencia y en su respuesta nos aclaró (sic) algunas situaciones y para ello lo hizo en 3 párrafos bien diferenciados. Le replicaremos utilizando el mismo procedimiento y en el mismo orden para que los lectores puedan sacar algunas conclusiones: Fernando Echeverría apuesta a que algunos pocos de los 14 consejeros regionales de la oposición que ya habían rechazado esta modificación se den vuelta la chaqueta, ya que cuenta con la lealtad de los 12 del gobierno que en la votación anterior lo apoyaron resueltamente.1.- Reconoce que la fórmula en comento obliga a las inmobiliarias que ejecutarían sus proyectos inmobiliarios en los territorios próximamente urbanos, a que el 8% de las viviendas de los mismos sean sociales, pero aclara que ese menguado porcentaje “es el mínimo”. Alguien que tenga 2 dedos de frente ¿podría creer que voluntariamente una constructora va a levantar más viviendas sociales que las fijadas en esta eventual resolución administrativa? También nos dijo que las plusvalías que obtendrían los dueños de esos territorios, hoy agrícolas, serían aplacadas por el costo de los requerimientos impuestos en la “planificación con condiciones” y que esas ganancias estarían en un rango entre el 4,4 % y 7,6%, los que considera normales. Respecto a estos porcentajes, insto a Echeverría a que lea el documento “El culto a las plusvalías en la construcción de las ciudades chilenas” de Pablo Trivelli, economista y experto en suelos. 2.- Nos da la razón cuando dice que el 45% de las nuevas áreas verdes que se considerarán parques intercomunales, serán mantenidas por el Estado a partir del sexto año de su materialización y que, por tal motivo, serán parques públicos. Pero no se refiere a la contradicción que se presenta con los actuales parques definidos como áreas verdes en los instrumentos de regulación urbana que son peladeros porque el Estado argumenta que es muy caro mantenerlos. Entonces ¿por qué este doble estándar? ¿porqué hay fondos del Ministerio de Hacienda para mantener las futuras áreas verdes del PRMS-100 y se les niega al resto de los municipios? ¿Es lícita esta desigualdad social y ambiental promovida por el actual gobierno? 3.- El señor Echeverría, en la reunión que sostuviéramos, nos hizo entrega de un incompleto listado de propietarios que se verían favorecidos con los mencionados cambios de uso de suelo, información que carece absolutamente de valor porque es muy rudimentaria y por ello esperaremos el listado oficial que nos deberá entregar el Servicio de Impuestos Internos (SII), acorde a lo que resolverá el Consejo para la Transparencia, a quien recurrimos de amparo. El intendente terminó su aclaración enfatizando que la población de Santiago crecerá independiente de lo que se haga con respecto al Plan Regulador, y que el PRMS-100 busca solamente racionalizar esta demanda. Aunque parezca genial para nosotros e inoportuno para el adalid de la transformación de los reseñados suelos, la consultora Atisba del profesional Iván Poduje, en un estudio efectuado para unos privados interesados en estos cambios, había concluido que quedan 23.833 hectáreas para el desarrollo de todo tipo de viviendas en la Región Metropolitana. Para seguir con las cifras relacionadas, según datos entregados por la propia Seremi de Vivienda y Urbanismo, el consumo anual es de 700 hectáreas en esta región. Tal información se consignó en una de las ediciones de un medio de prensa serio y de ella se desprende que tenemos 34 largos años más para que el negocio inmobiliario, en los actuales sectores urbanos, continúe siendo tan lucrativo como siempre. Se concluye entonces que no hay escasez de suelo como se ha estado anunciando. En esta oportunidad le repetimos a nuestro gentil intendente que, desde el año 2003, por decisión propia del ex concertacionista Jaime Ravinet, hoy hombre de Piñera, está vigente en esta región la figura denominada Proyectos con Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC) que permite los cambios de uso de suelo de los terrenos agrícolas para construir viviendas y equipamientos, incluso con un porcentaje bastante mayor de viviendas sociales que las consignadas en su PRMS-100. Lo que acontece es que las reglas del juego de la normativa de los PDUC es rigurosa con el propósito de cautelar el bien colectivo de la ciudad y por ello los que ejercen posiciones de alto rango en la Administración del Estado han inventado el PRMS-100 que se caracteriza por su laxitud. Pero los súbditos de los anteriores paulatinamente están levantando la cabeza y en tal sentido veremos qué pasará, cuando en plenas vacaciones de verano, se ponga en tabla del CORE la votación correspondiente. Fernando Echeverría apuesta a que algunos pocos de los 14 consejeros regionales de la oposición que ya habían rechazado esta modificación se den vuelta la chaqueta, ya que cuenta con la lealtad de los 12 del gobierno que en la votación anterior lo apoyaron resueltamente.