Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en diario La Nación el 23 de diciembre de 2010. En Nación.cl, con anterioridad, nos hemos referido in extenso sobre los perjuicios ambientales que se producirían en la Región Metropolitana si se llegara a dar curso al denominado proyecto PRMS-100, que considera una nueva expansión urbana y cuyo titular es el Minvu. En el ámbito de la información sobre la disponibilidad y precios de los suelos, la consultora Atisba del arquitecto Iván Poduje y la empresa experta en catastro del economista y urbanista Pablo Trivelli son las más calificadas para emitir juicios certeros al respecto. En reportajes sobre la materia publicados recientemente en El Mercurio, la primera aseguraba que en las 52 comunas que conforman esta saturada región tenemos casi 24.000 hectáreas urbanas disponibles para seguir construyendo viviendas. Por otro lado, Trivelli, ha sostenido en diversos estudios que son 20.000 hectáreas las que están libres para acoger todo tipo de proyectos inmobiliarios, incluyendo las 2.000 hectáreas actualmente rurales localizadas en la comuna de Pudahuel, territorio en el cual, más adelante, mediante la transformación a urbanas, se podrían iniciar 3 Proyectos con Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC) en la medida de que sus titulares resuelvan las objeciones de fondo formuladas por los Seremis de Vivienda, Transportes y Obras Públicas. En la votación del 30 de junio pasado en el Consejo Regional (CORE) Metropolitano, presidido por el intendente Fernando Echeverría, se rechazó el proyecto PRMS-100 que contempla nuevos cambios de uso de suelo de 9.700 hectáreas agrícolas para transformarlas en urbanas en 8 comunas periféricas. Este proyecto expansivo fue concebido en el gobierno de Bachelet y fue convalidado por el actual de Piñera. Según datos de la Seremi de Vivienda y Urbanismo en la capital se consumen cerca de 700 hectáreas al año. Por las condiciones geográficas y meteorológicas de esta colapsada cuenca, en la Memoria Explicativa del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, vigente a partir de noviembre de 1994, se determinó que era inconveniente seguir creciendo horizontalmente, planteándose en ese instrumento normativo que se “debía crecer hacia adentro”, criterio técnico que fue confirmado en el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica, vigente desde mayo de 1998. Nuestra región tiene 52 comunas y de acuerdo a cifras proyectadas del INE, ya hemos superado los 7.000.000 de habitantes, en circunstancias que las 14 regiones restantes tienen 10.000.000 de habitantes, proporción que debería hacer recapacitar a los políticos especialistas en los asuntos territoriales, ya que la concentración y el centralismo no le hacen bien al país, lo que se está diciendo hace muchos años, pero los que detentan el poder siempre miran para el lado. Es más, el Congreso Nacional está conformado mayoritariamente por parlamentarios de regiones, quienes también se mantienen en silencio respecto de la paulatina acromegalia santiaguina. En razón a que esta política territorial ha generado bastante polémica y como somos partidarios de la transparencia, valiéndonos de la Ley respectiva, el 8 de julio pasado le solicitamos al Minvu el listado con los nombres de los mayores beneficiados con los cambios de uso de suelo, luego que aquel ministerio borrara de su página web los nombres de una treintena de privados que le habían solicitado dichos cambios. Ante nuestro requerimiento, las nuevas autoridades del Minvu, declararon no tener tal información y por ello se la trasladó al Servicio de Impuestos Internos (SII) para que éste nos contestara. Pero este competente servicio del Estado nos respondió no se encontraba capacitado logísticamente para cruzar la información parcial que le entregaba ese ministerio, con la que ellos disponían, por tanto era muy difícil darnos la respuesta en los términos que pedíamos tal información de carácter pública. Ante tanta descoordinación institucional, recurrimos de amparo ante el Consejo para la Trasparencia, organismo que deberá obligar a esos servicios a que nos entreguen esa vital información. Como vemos, han transcurrido 5 meses y aún nada se sabe acerca de esos particulares que obtendrían importantes plusvalías patrimoniales con esos cambios de uso de suelo. En todo caso esperamos que ese idóneo Consejo emitirá su resolución pronto y así la opinión pública conocerá los nombres de los 80 influyentes actores privados quienes ansiosos están a la espera de la aprobación del PRMS-100. Sabemos que el intendente Echeverría ha decidido que en los próximos días se llevará a efecto una segunda votación en el CORE para resolver si se aprueban estos nuevos cambios de uso de suelo. A la luz de las cifras entregadas por los especialistas privados y la propia Seremi de Vivienda y Urbanismo, las que nos indican que tenemos territorios aptos para construir todo tipo de viviendas durante varias decenas de años en esta región, nos parecería absurdo que pretendamos seguir restando áreas agrícolas de valor natural con el único propósito de posibilitar lucrativos negocios inmobiliarios particulares.