Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en portal Cambio 21 el 20 de diciembre 2010. Ante la inopia de la Administración, los ciudadanos tenemos que revelarnos con las armas de la razón y a través de los medios pluralistas, ejerciendo la consagrada libertad de expresión, denunciar que nadie controla los posibles actos de corrupción dentro del aparato del Estado. Los 2 medios de prensa escrita relacionados con los principales grupos de poder económico, le han dado bastante tribuna al Intendente de Santiago, Fernando Echeverría, y a sus acólitos involucrados en sus pretensiones, para que, aprovechando alevosamente la distracción de la opinión pública propia de las fiestas de fin de año reiniciara éste la campaña de persuasión dirigida a obtener la aprobación del denominado proyecto PRMS-100, que amplía los límites urbanos en la saturada región metropolitana. Digamos que esta iniciativa se concibió en el gobierno de Bachelet. Se pretende cambiar el uso de suelo de 9.700 hectáreas agrícolas para transformas en aptas para la actividad inmobiliaria y sus impulsores son el Minvu y la Cámara de la Construcción. Por ello Echeverría, ex presidente de esta asociación empresarial, está a la cabeza del Consejo Regional (CORE), cuerpo colegiado que resuelve este tipo de materias. Como vemos, se pretende que esta ciudad asuma nuevas cargas sin siquiera estar remotamente capacitada para superar las calamidades e inequidades dejadas por la expansiones urbanas anteriores. Como los argumentos esgrimidos para justificar la modificación PRMS-100 son todo incompatibles con las políticas urbanas fijadas normativamente en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago vigente desde 1994, entonces la explicación de esa estrategia expansiva sólo se encuentra en el enorme lucro que ella reportará a aquellos enquistados en las estructuras del Estado quienes, desde ya, en algunos casos con testaferros, se han hecho de parte importante de los terrenos rurales comprendidos en ella, y como veremos más adelante se mantienen ocultos, a pesar de las consiguientes interpelaciones presentadas a las autoridades competentes. Pero como dichos medios de prensa han omitido mencionar varios detalles de toda esta sórdida y opaca historia, aprovecharemos la ocasión para informar a la opinión pública preocupada de estas cosas como la total ausencia de órganos control públicos capacitados para la fiscalización de esta clase de políticas (en estricto rigor privadas, y bien privadas), permite que en Chile se utilice, con el mayor de los desparpajos, el control del Estado, para obtener el enriquecimiento fácil sin importar que el costo social y ambiental lo deba pagar el país. Así, no olvidemos que el Ministerio Público propuso al Ejecutivo, hace ya casi 3 años, la creación de una Fiscalía Especial Anticorrupción integrada por 25 fiscales con dedicación exclusiva en la materia, pues su actual Unidad Especializada Anticorrupción se veía ampliamente superada por las enormes dificultades que la persecución de esta particular clase de delitos le exigía. Por cierto, luego de profusos anuncios en la prensa respecto de las bondades de dicha propuesta, el gobierno de Bachelet no hizo nada para acelerar la creación de dicha fiscalía. En todo caso, con la publicitada solicitud de creación de dicha súper fiscalía, quedó, lamentablemente, en el inconsciente del público la idea de que el combate a la corrupción se estaba desarrollando sin cuartel. Pero usted solamente ahora, como la gran mayoría de los lectores, viene a enterarse que aquella fiscalía, simplemente, no existe por decisión del establishment, y probablemente nunca llegue a existir, salvo que se la conciba bien jibarizada y tácitamente dirigida a perseguir las irregularidades cometidas sólo por funcionarios medios. Tampoco olvidemos que en julio del año pasado, según un amplio reportaje de El Mercurio, se quiso poner en marcha un denominado "Frente Anticorrupción" conformado por los titulares de la Corte Suprema, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Contraloría General de la República, y del Consejo de Defensa del Estado, pero este intento también naufragó porque nunca llegó a operar. A veces nos hemos preguntado si ese reportaje tenía como único propósito dejar en claro que la corrupción en el gobierno de Bachelet era incontrolable, teniéndose en cuenta que estábamos en plena campaña presidencial. Es muy probable que así haya sido y lamentaríamos que los titulares de esas instituciones del Estado ingenuamente se hayan prestado para el montaje. Bueno, precisamente en este marco deausencia total del control de la probidad pública, salvo para perseguir los casos de la corrupción más pedestres, el Minvu de Piñera ha seguido impulsando la modificación PRMS-100, con el asombro y consternación de todos los entendidos en estas materias. Así, las transgresiones más propias que se dan en la gestación de esta clase de prerrogativas discrecionales del Estado en el manejo del suelo urbano, como son el tráfico de información privilegiada, de influencias y cohecho por parte de aquellos que consiguen beneficiarse con ellas, o la extorsión explícita o tácita, siempre latente, que es posible ejercer sobre aquellos a quienes se puede perjudicar con los mismas a fin de que guarden silencio, simplemente no tienen ninguna posibilidad de ser conocidas y menos perseguidas por el Ministerio Público. Hemos conocidos casos en que el gobierno ha impuesto afectaciones a particulares que han objetado, por diferentes motivos, este PRMS-100, castigo revanchista imperceptible por la ciudadanía y que naturalmente nunca ha sido denunciado por esa prensa. Sostenemos que nadie, en su sano juicio, recurriría a solicitar el amparo de una institución que reconoce no contar con los medios y ni las atribuciones legales para activar esta clase de investigaciones sobre este tipo de hechos que bien podrían ser calificados como delictuales. Ello, por la simple razón de que es fácil disimular en un sinnúmero de estudios hechizos la justificación de cada medida. Más aún ahora, que para evitar, eventualmente, cualquier filtración o contrariedad por parte de funcionarios probos dispuestos a revelar la ocurrencia de tales actuaciones non sanctas, se resolvióque la gestación de estas modificaciones a los usos de suelo se externaliza totalmente a profesionales o empresas consultoras que trabajan con los grupos inmobiliarios. Esta Fundación, valiéndose de la Ley de Transparencia, solicitó al Minvu con fecha 8 de julio pasado el listado con los nombres de los mayores beneficiados con los cambios de uso de suelo, luego que aquel ministerio borrara de su página web los nombres de una treintena de privados que le habían solicitado dichos cambios, los cuales les iban a generar plusvalías patrimoniales. Ante nuestro requerimiento, impúdicamente, las nuevas autoridades del Minvu, declararon no tener tal información. Vale decir, el gobierno que quería terminar con la corrupción, según lo han dicho sus voceros en varias ocasiones, no sabía a quienes se quería favorecer con tales cambios urbanísticos. El ignorante Minvu le pidió al Servicio de Impuestos Internos (SII) que nos respondiera quienes serían aquellos desconocidos particulares, pero este servicio, a su vez, nos contestó que no se encontraba capacitado para cruzar la información parcial que le entregaba el ministerio, con la que ellos disponían, por tanto era muy difícil darnos una respuesta. Ante tanta descoordinación institucional, recurrimos de amparo ante el Consejo para la Trasparencia, organismo que deberá obligar a esos servicios a que nos entreguen esa vital información. Sin embargo, han trascurrido 5 meses y aún nada se sabe. En todo caso y como somos optimistas, estamos seguros que entre Navidad y Año Nuevo, ese idóneo Consejo se pronunciará y más adelante se conocerán los nombres de los privados regalones del Estado. Ante la inopia de la Administración, los ciudadanos tenemos que revelarnos con las armas de la razón y a través de los medios pluralistas, ejerciendo la consagrada libertad de expresión, denunciar que en nuestro querido país nadie previene ni controla los posibles actos de corrupción que se cometen dentro del aparato del Estado. Estaremos atentos a lo que suceda en los próximos días en el CORE y en tal sentido sería conveniente que el nuevo referente "La Política escucha a la ciudadanía", conformado por una veintena de parlamentarios con distintos grupos ciudadanos, cuya primera masiva asamblea se llevó a cabo el domingo 19 de diciembre pasado en un teatro del barrio Bellavista, exprese su opinión al respecto.