Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en diario La Nación el 15 de diciembre de 2010. Con la publicación en El Diario Oficial (DO), el 2 de febrero de 2010, está vigente el nuevo Plan Regulador Comunal (PRC) de Temuco, instrumento normativo urbano que, por diferentes motivos tardó muchos años en hacerse realidad y a modo de ejemplo informamos que la calificación favorable de la Declaración de Impacto Ambiental, por parte de la Corema Regional, es de fecha 5 de octubre de 2005. La Contraloría General de la República lo rechazó en una ocasión. Este PRC derogó el permisivo anterior de 1983 y con todas las aprobaciones en regla, el Gobierno Regional (GORE) de La Araucanía promulgó el nuevo PRC mediante Resolución Nº 149 de fecha 1 de septiembre de 2009, es decir, con otra injustificada dilación, pues tardó 5 largos meses en publicarse en el DO. Más de algún interesado podría preguntarse la razón de esta curiosa parsimonia administrativa. A fines del año pasado los vecinos del callejón (vía angosta) Massmann, perpendicular a la Av. Alemania, particulares que residen en viviendas unifamiliares, sector de densidad baja en ese actualmente vigente PRC, tomaron conocimiento que una inmobiliaria estaba haciendo trámites en la Dirección de Obras Municipales (DOM) para que se le aprobara la construcción de un edificio de 12 pisos que se emplazaría en 3 sitios de diferentes propietarios. Pero para ello era necesario acelerar los procesos administrativos porque, tanto los actores privados de la construcción como los funcionarios municipales, sabían que en la nueva normativa fijada en esa zona no se admitían ese tipo de edificaciones altas. El privado que deseaba saltarse las normas promulgadas el 01/09/09 por la institucionalidad regional (GORE), ingresó el 19 de octubre de 2009 en la DOM de Temuco una solicitud de anteproyecto por un edificio de 12 pisos que contemplaba 88 departamentos, con 95 estacionamientos y con un total de 8.000 M2 a construirse, pero para ello era necesario comprar esos 3 terrenos que sumaban 1.950 M2 y posteriormente fusionarlos y si esto sucedía antes de la publicación del PRC en el DO el proceso llegaba a buen término. Se apostaba a que los escasos tiempos no le hicieran una mala jugada al jugoso y oportunista negocio. El anteproyecto fue aprobado el 3 de diciembre de 2009 y con esta carta bajo la manga, la empresa presentó el 26 de enero de 2010 una solicitud de permiso de edificación, teniéndose en cuenta que en esa fecha el PRC todavía no era publicado en el DO. Finalmente, el 17 de marzo de 2010, por lo tanto, estando vigente el nuevo PRC, la DOM de Temuco otorgó la ansiada autorización que otorga derechos adquiridos a su titular si el permiso se entrega de acuerdo al marco regulatorio, lo que está muy bien explicitado en la Ley Nº 19.880 que establece las bases de los procedimientos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. Los vecinos afectados con esa posible construcción reclamaron airadamente en todas las instancias locales, ya que sus calidades de vida se iban a deteriorar por el alto impacto vial que iba a producir tal intervención. Recordemos que el pasaje Massmann, en donde se proyectó el edificio, es sin salida, lo que significaba perturbaciones a la tranquilidad del sector. Todos tenían clara la película en cuanto a los desaguisados del tránsito vehicular, no sólo de los actuales residentes, sino también de los futuros compradores de los departamentos del invasivo edificio. Argumentaban que los primeros perjudicados serían los alumnos de un jardín infantil por el aumento de la densidad habitacional y los consiguientes tacos de automóviles. La Municipalidad de Temuco, en especial el funcionario que otorgó el permiso, brillaban por su ausencia ante los reclamos de sus vecinos y mandantes. Ante tal surrealista escenario, éstos se organizaron y por escrito le manifestaban a las autoridades competentes, incluyendo al Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de La Araucanía, que el acto administrativo terminal estaba mal otorgado porque en la fecha del permiso la inmobiliaria no había fusionado los 3 predios, acorde al mandato legal. Según hemos sabido, hasta agosto del año en curso, los 3 predios aún no originaban el único, con calidad de fusionado, que habilita a su poseedor a disponer de un permiso de edificación. Debemos tener presente que en este caso, para hacerse acreedor a un permiso de edificación, el solicitante debe demostrar su calidad de propietario del sitio fusionado en donde desea construir y se obtiene esa calidad sólo cuando los sitios unidos están debidamente inscritos en el Conservador de Bienes Raíces, lo que es sabido por todos aquellos que se desenvuelven en este tipo de negocios y particularmente por el funcionario municipal que los autoriza. Así, queda en evidencia que estamos ante un ardid, afortunadamente detectado por la nueva Seremi de Vivienda y Urbanismo de esa sureña región, quien no sólo descubrió aquello sino también otras irregularidades. Lo meritorio y digno de destacarse es que la profesional que ejerce ese cargo de gobierno, ciñéndose a la Ley respectiva, instruyó formalmente al Director de Obras de Temuco en orden a que invalidara tal permiso trucho, con lo cual hizo imperar el Estado de Derecho. Por lo anterior, se justifica el título de esta columna.