Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en diario La Nación el 01 de diciembre 2010. El Capítulo Chileno de Transparencia Internacional nos dejó pasmados, porque mantuvo en reserva los nombres de quienes fueron consultados en su informe sobre corrupción en nuestro país. En el año 2007 el Ministerio Público propuso al gobierno de Bachelet la creación de una Fiscalía Especial Anticorrupción integrada por 25 fiscales con dedicación exclusiva en la materia, pues su Unidad Especializada Anticorrupción se veía ampliamente superada por las enormes dificultades que la persecución de esta particular clase de delitos le exigía. Pero, luego de los profusos anuncios en la prensa respecto de las bondades de dicha propuesta, ni la Presidenta, ni menos su ministro del interior, Pérez Yoma, hicieron mayor cosa para activar la creación de dicha fiscalía, posiblemente porque creían que el control de la probidad pública y digámoslo con claridad, la connivencia entre algunos funcionarios de la administración con excelsos actores privados, no tenía la prioridad que sí exigían otras iniciativas más “entretenidas” y mediáticas. Transcurrió el tiempo y el domingo 5 de julio de 2009, en pleno fragor de la campaña presidencial que le dio el triunfo a Piñera, se publicó en El Mercurio un completísimo reportaje titulado “El debut del Frente Anticorrupción”, con ocasión de una reunión llevada a cabo en ese diario por las máximas autoridades de la Corte Suprema, Tribunal Constitucional, Contraloría General de la República, Ministerio Público y Consejo de Defensa del Estado. Se explayaron en la cita Urbano Marín, Juan Colombo, Ramiro Mendoza, Sabas Chahuán y Carlos Mackenney, respectivamente, siendo entrevistados por la lúcida periodista Pilar Molina. Debemos tener presente que los dos primeros han sido reemplazados por Milton Juica y Marcelo Venegas. Los titulares de esas instituciones fueron muy convincentes en plantear sus ideas para atacar dicho flagelo y recordaron que el 2 de diciembre del año 2008 ya habían firmado un compromiso de intercambio de información para prevenir las faltas a la probidad de los funcionarios públicos. Entre otras cosas, recordamos y destacamos algunos dichos de estos cinco prohombres, todos distinguidos abogados de la UCh. En lo que dice relación a las sanciones bajas e inoportunas para el fraude al fisco y el cohecho, Mendoza indicó que “las penalidades no son lo suficientemente drásticas”, pero también dijo que “había que fortalecer las unidades de auditoría interna en los servicios y municipios y el seguimiento de sus denuncias en los tribunales”. En lo referido al trato y colaboración e independencia frente al gobierno, Colombo sostuvo que “una vez nombrado, uno tiene que aplicar el principio de la ingratitud con quien te nombró”. Ante las modalidades de corrupción, todas graves, Chahuán explicó “la que implica abuso de poder es de un nivel de repudio ético y moral más execrable”. En cuanto a las dudas frente a cómo debe resolverse el tema de la píldora de anticoncepción, asunto conflictivo en aquella época, Marín adujo que “el tema es discutible y seguirá siendo discutible”. Pero quien dio en el clavo fue el asertivo Mackenney, quien expresó “nos interesa que el país trabaje en la prevención”. Pero como ningún medio de prensa le hizo seguimiento a la creación de ese Frente Anticorrupción y dado que se echó al olvido esa atractiva iniciativa con la cual se habrían aumentado los estándares en la probidad, en razón a que somos curiosos, desde hace dos meses, nos pusimos en campaña para revisar personalmente con los titulares de esas cinco instituciones en qué etapa de desarrollo estaba dicho Frente. Nos entrevistamos con Milton Juica y Marcelo Venegas, presidentes en ejercicio de la Corte Suprema y Tribunal Constitucional, respectivamente, con Carlos Mackenney del CDE y con el Subdirector de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, quien nos recibió acompañado de un abogado de esa repartición. La apretada agenda de Ramiro Mendoza ha imposibilitado nuestro contacto con la Contraloría General. Las cuatro reuniones fueron gratas, notando un genuino interés por parte de quienes nos recibieron en mejorar la institucionalidad, pero quedó en evidencia que el Frente Anticorrupción no existe en los términos que El Mercurio nos anunció en julio de 2009. En todo caso, dentro de las curiosidades que se observan en nuestro país, recordamos que el Capítulo Chileno de Transparencia Internacional informó recientemente a la opinión pública que había mejorado el “índice de percepción de la corrupción” en Chile, medición que se basa en un estudio de analistas, expertos independientes e instituciones internacionales. Como teníamos ciertas dudas con ese resultado, le solicitamos al portavoz de esa organización que nos diera los nombres de aquellos líderes de opinión, altos dirigentes empresariales y en general de todos quienes habían sido consultados y que estaban tan satisfechos respecto de cómo aprecian la institucionalidad. La respuesta de esa institución que vela por la transparencia (sic) nos dejó pasmados, porque después de varias sesudas explicaciones, se mantuvo en reserva los nombres de quienes fueron consultados. Haciendo abstracción de lo dicho en el párrafo anterior y recapitulando, si se llegara a producir un milagro y este Frente Anticorrupción llegara a operar más adelante, sería imperioso que también lo integre el efectivo Consejo para la Transparencia, organismo que ha sabido cumplir con excelencia su labor cotidiana.