Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad publicada en diario La Nación el 16 de noviembre de 2010. Recordemos que en Chile las universidades privadas son consideradas instituciones sin fines de lucro, farsa aceptada por todos aquellos que han ejercido el poder político, situación que, estamos seguros, se mantendrá en el tiempo para garantizar las pingües utilidades que obtienen sus inversionistas y controladores. Ayer lunes, con Acción Ecológica, Ciudad Viva, Junta de Vecinos Nº 35 de Recoleta y Junta de Vecinos Nº 13 de Providencia, informamos sobre un cúmulo de irregularidades cometidas en el proceso administrativo de autorización entregada por el director de Obras de Recoleta al Conjunto Armónico Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A., que consiste en el edificio de la Universidad San Sebastián, con un cine y un centro de convenciones, y tres elevadas torres habitacionales de minúsculos mil departamentos, en la manzana conformada por calles Bellavista, Ernesto Pinto Lagarrigue, Dardignac y Pío Nono, barrio patrimonial de densidad baja. Hasta hace poco tiempo allí funcionaba el Liceo Alemán, que acorde con los nuevos tiempos y paradigmas económicos, se trasladó a un sector emergente en una comuna del norte de esta región. Recordemos que en Chile las universidades privadas son consideradas instituciones sin fines de lucro, farsa aceptada por todos aquellos que han ejercido el poder político, situación que, estamos seguros, se mantendrá en el tiempo para garantizar las pingües utilidades que obtienen sus inversionistas y controladores. En la ocasión entregamos a la prensa copia del dictamen Nº 65893 del 4 de noviembre de 2010, emitido por la Contraloría, resolución lapidaria que acredita malas prácticas en el proceso administrativo que concluyó con la emisión de un permiso de edificación de 2008, con el cual se iniciaron las obras a pesar de que sólo existía una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable de la Corema por una parte del proyecto, violación flagrante a la institucionalidad ambiental, lo que a esta altura ya no nos extraña, porque conocemos la lenidad, por no decir flojera, de esa institución de fachada. Como se comprenderá, esa RCA corresponde a una simple Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que, como todos sabemos, es un saludo a la bandera. En su dictamen, la Contraloría expresa que la Conama no ha podido regularizar la situación, razón por la cual le recuerda que en un oficio anterior del año en curso “la instó a que, teniendo presente que el proyecto en comento fue ampliado, ejerza las acciones y/o sanciones que estime pertinentes, conforme a las facultades que el ordenamiento jurídico le confiere”. También le decía que, en atención al mayor volumen del proyecto, “evaluara la procedencia de someter el proyecto a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA)”. Pero la inefable Conama se resiste a jugar su rol cautelando los equilibrios medioambientales y no ha hecho nada a la fecha. Pero más delicado que lo anterior ha sido la actitud temeraria del privado que convenció a la municipalidad para que considerara que en toda la superficie del terreno se podía construir en altura, lo que es inefectivo. Solo el frente a Bellavista, en una profundidad de 50 metros, contempla edificación alta y en el área restante se contempla altura media; siendo así las cosas, corresponde aplicar el artículo 2.1.21. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que establece el procedimiento que se debe utilizar cuando un predio está afecto a dos o más zonas en uno o más instrumentos de planificación territorial. Como la explicación de la norma es larga y engorrosa, para no aburrir a los lectores sólo diremos que en estos casos siempre se deben respetar las alturas máximas permitidas para cada zona. lo que se vulneró en esta ocasión. Otra irregularidad, aunque menos grave, es la emisión de un decreto firmado por la alcaldesa Sol Letelier, a instancias de funcionarios de rango medio, mediante el cual otorgó un permiso precario, que favorece a esa corporación sin fines de lucro, para que construyera una rampa sobre el bien nacional de uso público calle Pío Nono, ocupando también su subsuelo que opera como acceso al estacionamiento privado bajo tierra que utilizan los usuarios de esa universidad, instalación que también se explota comercialmente con los clientes de los restaurantes del sector, pasándose por alto la Ley de Concesiones que obliga a los municipios a llamar a competitivas licitaciones públicas. Si en nuestro país las instituciones funcionaran, hoy mismo la Conama debería paralizar las obras de esta universidad, por no contar con la respectiva RCA, dándose así cumplimiento al artículo 8º de la Ley Nº 19.300. Por lo embarazoso de la situación, el propio diputado del distrito Patricio Hales, arquitecto por lo demás, debería revisar la situación con sus pares, con la idea de que fiscalicen el actuar de los seremis de Vivienda y Transportes, director de Conama y presidente de Corema a través de una comisión investigadora. Recordemos que la Cámara de Diputados carece de atribuciones para fiscalizar a los traviesos municipios. Y en una de ésas nos gustaría que el Presidente, tan pronto retorne a Chile, exija a la administración que este vergonzoso caso se tenga que enmarcar rigurosamente en la ley, porque está en juego el buen deseo del “do it the Chilean way”.