Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la CIudad, publicada en revista El Periodista el 28 de mayo de 2010. Hace algunos años, cuando nos iniciamos en esta labor voluntaria de desenvolvernos en lo que podríamos llamar fiscalización ciudadana en el ámbito de la vivienda, urbanismo, medio ambiente, patrimonio histórico y obras públicas, nos molestábamos cuando detectábamos irregularidades que, según su gravedad, debíamos denunciar en la Contraloría General de la República. Inexorablemente ha transcurrido el tiempo y por conocer ya lo más recóndito de la estructura del Estado, hemos llegado a la penosa conclusión que nuestra institucionalidad no tiene remedio. Por ello, ahora sólo nos sonreímos cuando nos dan a conocer prácticas impúdicas en el desarrollo de la ciudad. Vamos al grano con uno de estos tantos casos que deberían avergonzar a quienes detectan el poder político : El cerro Lo Curro forma parte del cordón del cerro Manquehue y en sus zonas aptas para edificar se puede construir una vivienda unifamiliar en sitios de 4.000 m2. Pero en un determinado sector del de ese cerro, definido por la reglamentación urbanística intercomunal (PRMS) como zona de riesgo geofísico afectada como "de remoción en masa", una sociedad de inversiones pretende construir edificios en altura. En el PRMS, vigente de 1994, se estableció que esa zona de suelos inestables forma parte del "Área Restringida o Excluida al Desarrollo Urbano". La empresa desea fusionar 2 arbolados sitios en pendiente de 4.000 m2 cada uno, en los cuales se construirían 2 edificios para albergar 36 excelentes departamentos, con no sabemos cuantos estacionamientos y para ello, entre el Director de Obras de Vitacura y el ex Seremi de Vivienda y Urbanismo, ha existido una abundante correspondencia que derivó en un permiso de anteproyecto que originará, sin lugar a dudas, un permiso definitivo. Para posibilitar el estupendo negocio inmobiliario, el ex Seremi de Vivienda y Urbanismo, como es habitual en estas lides, se tomó la atribución de desafectar los sitios de sus vulnerables condiciones y para ello contó con el visto bueno de un funcionario de Sernageomín, institución pública que ejerce labores de asesoría al Minvu. Como sabíamos que ese funcionario de Vivienda no tenía la potestad legal para proceder en tal sentido, recientemente le hicimos notar esta burlesca situación a la arquitecta que se desempeña en la actualidad como Seremi, ya que este tipo de modificaciones en el PRMS deben ser calificadas por la Corema y posteriormente aprobadas por el Gobierno Regional Metropolitano. Estaremos atentos al desarrollo de los hechos porque es un desatino que en un terreno tan frágil se pretendan construir edificios en altura. Debemos entender que las consecuencias del terremoto no han sido internalizadas por algunos actores económicos que se aprovechan de la laxitud del Estado para conseguir sus aviesos propósitos.